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El Fondo Monetario Internacional (FMI) eleva hasta niveles de 2007 la previsión de PIB para España para este año, pero rebaja la de Alemania, Francia e Italia. En 2016, no hay cambios para España y sí nuevos recortes para el resto de grandes países europeos.

FMI
 

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Peculiar coyuntura en la zona del euro. Ni los altos niveles de paro, ni la deuda pública, ni los problemas para cumplir con el ajuste fiscal dictado por Bruselas han impedido a España marcar otro exitoso hito: tal y como sucedió en octubre, el país ha vuelto a situarse en los informes del FMI como la única gran potencia del euro que ve mejoradas sus previsiones.

La hazaña es mayor si se tiene en cuenta que, junto a España, sólo EEUU logra un aumento de previsiones. Y que, con los datos del Fondo, España encabezará además el crecimiento europeo tanto este año como el próximo.

Aunque mal de muchos es consuelo de pocos, como muestra la ristra de cifras del World Economic Outlook, que es el informe en el que el organismo desvela las previsiones económicas y que deja un sabor pesimista en la coyuntura mundial.

1. PIB español. Según el FMI, España crecerá en 2015 un 2%, esto es, tres décimas más de lo calculado en octubre, en lo que supone la sexta revisión consecutiva de las cifras de PIB nacionales y el mejor registro desde 2007, cuando la aceleración fue del 3,5%. El dato supera al 1,7% que ven la OCDE y Bruselas, pero coincide con el esperado por el Gobierno, que no descarta incluso que se rebase ese techo, como ya auguran los analistas de Santander y CatalunyaCaixa (2,3%), los de Intermoney (2,2%) o el propio panel de expertos de Funcas, que avanza un 2,1%.

2. PIB de otras grandes potencias. La situación de España se antoja muy distinta a la del resto de potencias europeas incluidas en el informe, que sufren rebajas: Alemania queda en el 1,3%, dos décimas menos; Francia, en el 0,9%, una décima menos, e Italia experimenta un hachazo de medio punto que reduce su PIB al 0,4%. Así las cosas, tal y como se concluía en el informe de octubre, España también encabezará el crecimiento en la zona del euro durante el próximo año.

3. ¿Conclusión? El hecho de salvarse de estos recortes no es, sin embargo, una buena noticia para el país, pues un marco de desaceleración generalizada es malo para España, que necesita de sus socios europeos para lanzar una recuperación saludable. La muestra más inmediata de que gana el pesimismo es que la ristra de rebajas se traduce en una pérdida de vigor en toda la zona del euro, cuya previsión pasa del 1,4% de octubre al 1,2%. La situación contrasta con la de EEUU, la única economía junto a España que eleva sus previsiones, pues crecerá un 3,6%, medio punto más.

4. En 2016, más de lo mismo. El PIB español será el próximo año del 1,8%, como se esperaba en octubre, frente al 1,5% de Alemania (tres décimas menos), el 1,3% de Francia (dos décimas menos) y el 0,8% de Italia (medio punto por debajo de lo estimado en octubre). Esto significa que España volverá a ser líder del crecimiento de una zona del euro que ve recortada su proyección en tres décimas, quedando en el 1,4%–si bien se debe tener en cuenta que el informe sólo analiza los cuatro países de la UE citados–. Si se observan los datos se comprueba también que, al no ver variada su previsión, España es la única gran economía europea que se salva de las reducciones. En el escenario mundial, sólo EEUU mejora sus cifras, al pasar del 3% al 3,3%.

5. Los motivos. «La recuperación será ligeramente más lenta que lo pensado en octubre», explica el FMI, que destaca la flojedad de la inversión (que «evidencia el impacto del menor crecimiento del bloque emergente en el sector exportador») y el retroceso de las perspectivas inflacionarias. Estos factores restan efecto al descenso del petróleo y a la política monetaria más distendida que, a la espera de la reunión del BCE el jueves, «los mercados anticipan y las tasas de interés ya reflejan».

6. El efecto petróleo. «La considerable incertidumbre en torno a la trayectoria que seguirán los precios del crudo y los factores determinantes de su caída añaden una nueva dimensión de riesgo a las perspectivas de crecimiento mundial», asegura el FMI. Del lado positivo, «el impulso que significa para la demanda mundial el abaratamiento del petróleo podría ser mayor que el actualmente proyectado, especialmente en las economías avanzadas». Pero, añade, «es posible también que la corrección a la baja haya sido excesiva y que los precios vayan a repuntar antes o más de lo previsto si la respuesta de la oferta a la baja de precios resulta más fuerte de lo esperado».

7. Otras amenazas: la FED y el lento BCE. Junto a ello, el Fondo insiste en que persisten otros importantes riesgos a la baja y que el «estímulo del crudo se verá ampliamente superado por factores negativos». De un lado, destaca la incertidumbre derivada de «la trayectoria de la normalización de la política monetaria estadounidense en el contexto de una expansión mundial que no logra equilibrarse» y en un marco en el que la Fed mantiene al mercado inquieto sobre los planes de subidas de tipos. Mientras, el FMI avisa de que en la zona del euro ha vuelto a bajar la inflación «y los shocks adversos —internos o externos— podrían conducir a una inflación persistentemente más baja o a retrocesos de los precios, ya que la política monetaria sigue siendo lenta en responder».

8. Impacto en el PIB mundial. En este contexto, el FMI rebaja en tres décimas el crecimiento mundial para los dos próximos años: en 2015 queda en el 3,5% y en 2016, en el 3,7%. La situación es sobre todo fruto del retroceso del bloque de potencias emergentes, donde se deteriora el crecimiento en China, se desinflan las perspectivas para Rusia y se revisa a la baja el crecimiento potencial de los exportadores de materias primas. Así las cosas, el cálculo de PIB para los emergentes se reduce seis décimas para 2015, hasta el 4,3%, y medio punto para el próximo ejercicio, hasta el 4,7%. Mientras, las economías avanzadas ven elevadas sus proyecciones para 2015, que pasan del 2,3% al 2,4%, mientras que en 2016 la cifra no sufre cambios y sigue en el 2,4%.

9. Recetas. «Existe una necesidad urgente de reformas estructurales en muchas economías», insiste el FMI. «En la mayoría de las economías avanzadas, las brechas del producto todavía son sustanciales, la inflación está por debajo de la meta y la política monetaria continúa restringida por el límite inferior cero de las tasas». Por lo tanto, estima que si bien el estímulo que le infunde a la demanda la caída de los precios del petróleo es un hecho positivo, en algunas economías se necesitan medidas de política adicionales.

10. El eterno problema de la inflación. En línea con el punto anterior, el organismo advierte de que si siguen bajando las expectativas inflacionarias en las grandes economías, la política monetaria debe conservar la orientación acomodaticia a través de otros medios para impedir que aumenten las tasas de interés reales. «El ajuste fiscal debe estar a tono —en términos de ritmo y composición— para brindar apoyo a la recuperación y al crecimiento a largo plazo». En este sentido, insiste en la necesidad de aumentar la inversión en infraestructura en algunas economías, como ya hizo en octubre.

"Estás despedido". Esta es una de las frases más temidas por muchas personas a día de hoy. Sin embargo, no en todos los países se puede pronunciar con la misma facilidad, ya que hay lugares en los que la legislación laboral les protege. Del mismo modo, naciones como EEUU dejan prácticamente al 'desnudo' a los trabajadores frente a los despidos.

En EEUU los trabajadores pueden ser despedidos sin advertencia, causa justificada o preaviso. Las pocas excepciones son circunstancias relacionadas a temas de discriminación o represalias, o si los empleados están protegidos por un contrato. Del mismo modo que los trabajadores pueden ser despedidos sin previo aviso, ellos pueden llegar un día a la oficina -o a su puesto de trabajo correspondiente- y decirle a su superior que lo dejan y comenzar a trabajar en otro lugar. La costumbre, explica BBC Mundo en un artículo, es avisar con dos semanas de antelación, pero no hay una ley que lo exija.

En el país norteamericano tampoco existen leyes federales que obliguen a efectuar pagos por liquidación, por lo que todo depende de los contratos firmados entre el empleado y su empleador, a excepción de trabajadores sindicalizados, que negocian contratos colectivos. Adicionalmente al pago por indemnización, el preaviso y la libertad de los empleados para renunciar y firmar con otra empresa de la competencia son asuntos que se negocian individualmente.

Italia. El país europeo es una de las naciones con mayores regulaciones en materia laboral, en su gran mayoría destinadas a proteger a los trabajadores. El portal lo ejemplifica del siguiente modo: si una empleada se acaba de casar no puede ser despedida en el primer año de su matrimonio, a menos que sea por casos de mala conducta (robo o violencia).

Sin embargo, aunque exista una situación de mala conducta, el empleado puede salir perjudicado. Según explica a BBC Mundo Andrea Huggard-Caine, una experta internacional en Recursos Humanos, cuenta que en Italia tuvo que despedir a una trabajador por robar. "El tribunal señaló que le dimos la oportunidad de robar y que nuestros procedimientos no eran los suficientemente fuertes para evitar la tentación de hacerlo, así que había sido nuestra culpa". Huggard-Caine asegura que, tras pagarle una suma "enorme" de dinero, el empleado no volvió.

Reino Unido. En este país los trabajadores tienen el derecho legal a un periodo de preaviso de una semana por los dos primeros años de servicio y una semana adicional por cada año de trabajo posterior a ese momento. Según Caroline Noblet, directiva de la firma legal Squire Patton Boggs, "un director ejecutivo tiene la misma protección que un barrendero".

No obstante, la mayoría de los empleadores tendrán períodos de preaviso más largos de los exigidos por la ley para resguardarse de trabajadores que quieran abandonar el barco más fácilmente. Además, el empleador puede pedirle al trabajador que deje su puesto inmediatamente después de haber sido despedido, pero este tendrá que pagarle el valor de su periodo de preaviso.

Brasil. En el gigante de América Latina no se requiere una causa justificada de despido, pero hay leyes estrictas sobre la cantidad de dinero que el empleador tiene que dar a cualquier persona que echa. La fórmula consta de un mes de salario, lo que incluye tiempo de vacaciones y una multa basada en el tiempo de servicio. No obstante, si el patrón puede demostrar ciertos motivos de despido, como u robo, queda exonerado del pago extra.

Pero esta acción no está exenta de riesgo. Según el artículo, los empleadores intentan, en la medida de lo posible, evitar despidos por "causa justificada" porque los tribunales laborales suelen favorecer al trabajador en las sentencias.

China. En el país asiático las leyes están orientadas a favorecer los derechos de los trabajadores. Es difícil rescindir el contrato de los empleados y los tribunales pueden bloquear un despido o insistir en que el trabajador sea reincorporado.

Pero en China también tienen en cuenta algo que está al margen de la ley: la sensibilidad. Michael Butler, de Radius Worldwide, asegura que un empleado "está muy vinculado al liderazgo de la compañía", por lo que "es necesario ser muy respetuoso cuando se despide a alguien". Además, comenta que si una empresa se gana la fama de tratar mal a sus empleados puede ocasionarle graves daños a su imagen.

Prestación por IT derivada de enfermedad común de un trabajador contratado a tiempo parcial. Este, junto con otros ejemplos se recogen en este ebook para resolver las dudas más comunes sobre Incapacidad Temporal.

 

Planteamiento

Una trabajadora contratada el 4 de enero de 2014 para prestar servicios atiempo parcial con una jornada de 5 horas diarias de lunes a sábado (coeficiente de parcialidad: 75% jornada ordinaria), causa baja en el RG por enfermedad común desde el 1 de octubre de 2014 hasta el 29 de octubre de 2014.

La empresa tiene concertada la protección por IT con el INSS, tanto por contingencias comunes como profesionales.

Calcular la prestación por incapacidad temporal que tiene derecho a percibir.

Solución

Requisitos:

-Afiliada y en alta.

-Período de carencia: 180 días en los 5 años inmediatamente anteriores a la baja médica.

A este período de carencia hay que aplicar el coeficiente global de parcialidad (número de días acreditados como cotizados sobre el total de días en alta en los últimos 5 años).

Días en alta (de 4-1-2014 a 30-9-2014): 270 días.

* Días de cotización acreditados (se aplica a los días cotizados a tiempo parcial el coeficiente de parcialidad)

270 x 75% = 202 días

* Coeficiente global de parcialidad

202 /270 = 0,75 (75%)

-Período mínimo de cotización necesario para acceder al subsidio

180 días x 75% = 135 días

Reúne los requisitos para acceder al subsidio por IT

Prestación

Base reguladora

1.850 (BC contingencias comunes 3 meses anteriores a la baja) / 78 (nº días trabajados) = 23,72 €.

Porcentaje aplicable

* 60% desde el día 4 de la baja, hasta el 20 ambos incluidos.

* 75% desde el día 21.

Cuantía de la prestación (a partir del 4º ya que la IT deriva de enfermedad común)

La prestación económica se abona durante los días contratados como de trabajo efectivo en los que el trabajador permanezca en situación de IT.

* Del 4 al 20-10-2014: 13 días

23,72 x 60% = 14,23 € /día

14,23 x 13 = 184,99 euros

* Del 21 al 29-10-2014: 8 días

23,72 x 75%= 17,79 €/día

17,79 x 8 días = 142,32 euros

Abono

* Desde el día 4º al 15º de la baja: a cargo del empresario.

* Desde el día 16: INSS. No obstante, el abono material lo realiza la empresa mediante pago delegado.

Si desea concocer el resto del contenido del ebook 25 ejemplos sobte Incapacidad Temporal que debe tener en cuenta haga clic aquí.

Jornada RETOS VI. Educación y emprendimiento

Hay líderes que exigen siempre algo más. Responsables que te sacan de tu zona de confort porque saben que puedes dar más de ti. Si, además, reconocen tus logros, serán grandes motivadores.

Anna Wintour (en la foto), uno de los rostros más importantes de la moda a nivel internacional. Dirige la versión americana de la revista ‘Vogue’ y su personalidad fría y demandante le ha valido el seudónimo de ‘Nuclear Wintour’.

Anna Wintour (en la foto), uno de los rostros más importantes de la moda a nivel internacional. Dirige la versión americana de la revista ‘Vogue’ y su personalidad fría y demandante le ha valido el seudónimo de ‘Nuclear Wintour’.

"No estás haciendo ningún esfuerzo. Estás dejándote llevar (...) ¿Y quieres saber por qué ella no te da un beso en la frente ni te da una estrella dorada al final del día?" Con esta reprimenda, Andrea Sachs (papel que encarna Anne Hathaway en la película El diablo se viste de Prada)se da cuenta de que si quiere conservar su puesto de trabajo deberá estar a la altura de su jefa, una directiva extremadamente exigente tanto consigo misma como con su equipo; alguien que piensa por y para la empresa y busca cumplir objetivos.

Nadie dijo que trabajar con un líder autoritario fuera tarea fácil. Un responsable que responda al apelativo de 'exigente' te llevará al límite, te pondrá elevadas metas y esperará mucho más de ti que cualquier otro. "Un comportamiento que podrá servirte de aprendizaje, ya que te apartará de tu zona de confort y te enfrentará a retos", resume Noelia de Lucas, directora comercial de Hays España.'Auctoritas' vs 'potestas'Debemos ser capaces de distinguir entre un jefe autoritario y uno que solamente quiere demostrar su fuerza y poder. "El primero será aquél que esperará que trabajes duro y alcances nuevas metas, pero reconocerá tus logros; el segundo suele ser fiel a la filosofía del 'ordeno y mando' y, cuando las cosas van bien se cuelga las medallas, mientras que tira balones fuera cuando las tareas no salen como deberían", describe José Manuel Casado, socio fundador de 2C Consulting.

A Robert Nardelli, empresario que ha dirigido con mano dura algunas de las multinacionales más conocidas de Estados Unidos, se le acusó de instalar la cultura del miedo en The Home Depot cuando en el año 2000 tomó las riendas de la compañía, que se encontraba en una situación financiera muy delicada. Siete años después, había conseguido sanear la empresa.

A Robert Nardelli, empresario que ha dirigido con mano dura algunas de las multinacionales más conocidas de Estados Unidos, se le acusó de instalar la cultura del miedo en The Home Depot cuando en el año 2000 tomó las riendas de la compañía, que se encontraba en una situación financiera muy delicada. Siete años después, había conseguido sanear la empresa.

Un mal jefe "puede llevarte a estar quemado, y si el nivel de exigencia es inalcanzable puede incluso provocarte depresión profesional", advierte Montse Ventosa, presidenta de Truthmark. Un líder que hace gala de su potestas y sólo refleja lo negativo "lo único que consigue de su plantilla es bloqueo", avisa De Lucas. Esta actitud no sólo perjudica a los profesionales que trabajen para él, sino también a la empresa porque "aunque a corto plazo pueda cumplir ciertos objetivos, a largo corre el riesgo de destruir al equipo", sentencia Micaela Suárez de Tangil, manager de Page Personnel. Ya se sabe que, en la mayoría de los casos, los empleados no se van de su empresa sino de su jefe. Sobre todo si éste es de los que humilla y ridiculiza públicamente a aquellos colaboradores que no han estado a la altura de lo que él les pedía.

Tampoco es aconsejable sacar conclusiones precipitadas sobre el carácter del responsable, ni dejarse llevar por la opinión de otros compañeros, porque puede pasar que ese jefe en cuestión no sea tan malo como parece y sí alguien motivador que pide tanto a los demás como a sí mismo. Es más, muchas veces "son los peores empleados quienes consideran a su responsable excesivamente duro", recuerda Casado. Para distinguir entre uno y otro observa, pues normalmente cuando un jefe es bueno (aunque exigente) se pondrá a sí mismo altos objetivos, y no sólo al equipo; mientras que si simplemente quiere demostrar su superioridad no será todo lo duro que debería con su propio trabajo.Cómo tratarlosConvivir con un jefe exigente, que propone retos nuevos y respeta la consecución de objetivos no es sencillo. Pero hay algunos consejos que se pueden seguir para hacer de esta experiencia algo positivo. Ventosa propone los siguientes: "No digas que sí a todo, ya que, al contrario de lo que pueda parecer, un jefe duro no quiere personas a su alrededor que le bailen el agua sino profesionales que le aporten diferencias y le ayuden a mejorar; promete menos de lo que puedas cumplir, para no romper los plazos;ten claros tus límites, hasta dónde estás dispuesto a llegar y cuánto estás dispuesto a sacrificar para conseguir resultados; pregunta, pide claridad y, si no sabes algo, no empieces a trabajar sin más, asegúrate de que tienes toda la información necesaria para no perder tu tiempo ni el de tu jefe. Además, trata de ofrecer feedback, ya que un responsable exigente valorará positivamente tu percepción sobre él y sus métodos de trabajo. No olvides ser altamente eficaz y comunicar abiertamente la labor que estás realizando, pero no alardear sino poner en valor tu trabajo".

Un liderazgo de este estilo puede hacerte mejorar como profesional, avanzar y desarrollarte en tu puesto, aprender de tus errores y superar tus propios límites. Pero no te dejes llevar por el Síndrome de Estocolmo, es decir, no te involucres emocionalmente.

De Lucas recomienda actuar con distancia para no llevar al terreno personal las llamadas de atención que puedas sufrir en el trabajo, por ejemplo. "Si consideras que te va a afectar psicológicamente, deberás analizar si te compensa seguir o no, y tomar una decisión", sostiene este experto.

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Orden de 9 de diciembre de 2014 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2015 (DOE de 12 de enero de 2015). Texto completo.

ORDEN DE 9 DE DICIEMBRE DE 2014 POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROGRAMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL PARA COLECTIVOS EXCLUIDOS O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, PARA EL EJERCICIO 2015.

El Decreto 86/2012, de 18 de mayo , por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, en materia de política social y familia, dispone en su artículo 2, dentro de su ámbito de actuación, las ayudas para la financiación de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, reguladas específicamente en su Título VIII.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5.2 y 78 de las citadas bases reguladoras, el procedimiento de concesión de esta línea de ayudas será el de concesión directa convocatoria abierta, que se iniciará a instancia del interesado y vendrá precedido de una convocatoria aprobada por Orden del titular de la Consejería competente en materia de política social y publicada en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Siendo publicada, además, en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana de acuerdo a la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.

Partiendo de las premisas anteriores, mediante la presente orden, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales con competencias en el apoyo y ejecución de acciones dirigidas a las personas en riesgo y/o en situación de exclusión social, conforme al Decreto 139/2014, de 1 de julio , por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, hace pública, para el ejercicio 2015, la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar ayudas para la financiación de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social.

Por lo expuesto, en virtud de las atribuciones que por el ordenamiento jurídico me son conferidas de conformidad con los artículos 36  f) y 92  de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 29.2  de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión del día 9 de diciembre de 2014 D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de la presente orden es realizar la convocatoria pública, mediante tramitación anticipada, correspondiente al ejercicio 2015, para la concesión de ayudas para la financiación, total o parcial, de los programas para la inclusión social de colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social que se desarrollen por las entidades privadas sin ánimo de lucro, con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2015.

2. Las ayudas contempladas en la presente orden están reguladas en el Título I “Disposiciones generales” y en el Título VIII “Ayudas para la financiación de programas de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social” del Decreto 86/2012, de 18 de mayo , por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, en materia de política social y familia (DOE núm. 99, de 24 de mayo de 2012), modificado por el Decreto 143/2013, de 30 de julio (DOE núm. 152, de 7 de agosto de 2013), por el Decreto 35/2014, de 11 de marzo (DOE núm. 52, de 17 de marzo de 2014) y por el Decreto 182/2014, de 26 de agosto  (DOE núm. 167, de 29 de agosto de 2014).

Artículo 2. Beneficiarios.

1. Podrán obtener la condición de beneficiarios de estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro en las que concurran las circunstancias previstas en el Título VIII del Decreto 86/2012, de 18 de mayo , a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que deberán mantenerse, al menos, hasta la finalización de la ejecución del correspondiente programa.

2. A los efectos del citado Título, se entenderá por entidades privadas sin ánimo de lucro, las federaciones, fundaciones y asociaciones de carácter social, con sede territorial en la región o delegación.

3. Con carácter general, las entidades beneficiarias deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 4  del Decreto 86/2012, de 18 de mayo; y, con carácter específico, deberán ser una de las entidades reguladas en el apartado anterior y desarrollar Programas de Inclusión Social.

4. La justificación de que no se hallan incursos en ninguna de las circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12  de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que impiden obtener la condición de beneficiario, referido en el artículo 4  del Decreto 86/2012, de 18 de mayo, se realizará mediante una declaración responsable dirigida al órgano encargado de resolver la concesión de las subvenciones, incluida en la solicitud de concesión de la ayuda. Asimismo, la presentación de la solicitud por parte del interesado conllevará la autorización al órgano gestor para recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente en materia de hacienda de la Junta de Extremadura. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo presentar entonces la certificación correspondiente.

Artículo 3. Procedimiento de concesión y de convocatoria.

El procedimiento para la concesión de esta línea de ayudas es el de concesión directa mediante convocatoria abierta anual, en los términos establecidos en el Capítulo III del Título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo , de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Artículo 4. Plazo, forma de presentación y subsanación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura hasta el día 15 de octubre del 2015.

2. Las solicitudes se formalizarán de acuerdo con el modelo normalizado que se acompaña como Anexo I a la presente orden, debidamente firmadas por los solicitantes y cumplimentadas en todos sus extremos, e irán acompañadas de la documentación determinada en el artículo siguiente, salvo que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier órgano de la Administración actuante, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el párrafo f) del artículo 35  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administrativas Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

Dichas solicitudes irán dirigidas a la titular de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales y podrán ser presentadas en todos los lugares contemplados en el artículo 7.1  del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Las solicitudes que se formulen a través de las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, al objeto de que en la misma se haga constar por el responsable la fecha de presentación.

3. Una vez recibida la solicitud, si ésta presenta defectos o resultara incompleta, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe la documentación que se determine, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución expresa del órgano competente.

Artículo 5. Documentación.

1. El impreso de solicitud, según Anexo I, vendrá acompañado de la siguiente documentación, en original o copia compulsada:

- Programa para el que se solicita la financiación, según Anexo II.

- Certificado del Secretario, o persona que corresponda, del compromiso de aportación económica por parte de la entidad solicitante al programa, según Anexo III.

- Declaración de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, solicitadas y/o recibidas para la misma finalidad, procedentes de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, según Anexo IV.

2. Aquellos que resulten beneficiarios de estas subvenciones deberán aportar en los plazos y forma establecidos en el artículo 86  del Decreto 86/2012, de 18 de mayo, Certificado pormenorizado de los ingresos, gastos y pagos, conforme al modelo establecido en el Anexo V, y la Memoria técnica explicativa anual, según el Anexo VI.

3. El impreso de solicitud y demás Anexos estarán a disposición de las entidades solicitantes en la página web del portal del ciudadano del Junta de Extremadura http://ciudadano.gobex.es.

Artículo 6. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de concesión. Plazo de resolución y notificación. Medio de notificación o publicación.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de estas subvenciones corresponde a la Dirección General de Política Social y Familia, que realizará de oficio cuan tas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. La concesión de estas subvenciones será resuelta y notificada, en la forma establecida en los artículos 58  y 59  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al interesado por el titular de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el órgano competente para su tramitación.

La falta de notificación de la resolución expresa legitima al interesado para entenderla desestimada por silencio administrativo. Frente a la resolución expresa o presunta del procedimiento, el interesado podrá interponer los recursos que procedan, de conformidad con la normativa vigente.

Artículo 7. Composición de la Comisión de Valoración.

Para la valoración de las solicitudes se constituirá una Comisión de Valoración que emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada conforme a los criterios establecidos en el artículo 8, integrada por los siguientes miembros:

- Presidente: D. Juan Bravo Gallego, Director General de Política Social y Familia o persona en quien delegue.

- Vocales:

Dña. Elisa Rosalía Cajade Sánchez, Titulada Superior, Especialidad Geografía e Historia adscrita a la Dirección General de Política Social y Familia.

D. Francisco Javier Flete Morán, Titulado Superior, Especialidad Sociología, adscrito a la Dirección General de Política Social y Familia.

Dña. Elena Saavedra Arias, Administrativa adscrita a la Dirección General de Política Social y Familia, que actuará como Secretaria, con voz pero sin voto.

En el caso de ausencia o enfermedad, serán suplidos por quienes designe el Presidente del órgano colegiado.

Artículo 8. Criterios de valoración y su ponderación.

1. Los programas presentados serán valorados conforme a los criterios de valoración señalados a continuación y su ponderación hasta un máximo de 100 puntos:

1. Contenido del Programa de Inclusión Social a desarrollar. Se concederá un máximo de 42 puntos conforme a la siguiente distribución:

a) Existencia de un diagnóstico social en el Programa de Intervención a desarrollar en el que se justifique la intervención: máximo 12 puntos.

- Programa que cuente con un diagnóstico social: 12 puntos.

- Programa que no cuente con un diagnóstico social: 0 puntos.

b) Indicación de ítems en el 100 % de las actuaciones a desarrollar. Se valorará la inclusión de los siguientes ítems relativos a las actuaciones a desarrollar en el programa de actuación propuesto: nombre de la actuación, descripción, objetivo, metodología de desarrollo, beneficiarios directos, lugar de desarrollo, recursos a emplear y presupuesto: máximo 10 puntos.

- En el 100 % de las actuaciones a desarrollar se incluyen la totalidad de los ítems:

10 puntos.

- En el 100 % de las actuaciones no se incluyen la totalidad de los ítems: 0 puntos.

c) Innovación de las actuaciones, para lo que se tendrá en cuenta la aportación de nuevas actuaciones hasta ahora no desarrolladas en el ámbito regional, ni subvencionadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura con anterioridad, y que se ajusten a las necesidades de la población objeto de atención: máximo 8 puntos.

- Actuaciones Innovadoras: 8 puntos.

- Actuaciones No Innovadoras: 0 puntos.

d) Existencia o no de mecanismos de coordinación con otras entidades públicas y/o privadas que actúen en el territorio para el desarrollo de las actuaciones a desarrollar:

máximo 6 puntos.

- Existen mecanismos de coordinación con otras entidades públicas y/o privadas que actúen en el territorio: 6 puntos.

- No existen mecanismos de coordinación con otras entidades públicas y/o privadas que actúen en el territorio: 0 puntos.

e) Utilización en el desarrollo de las actuaciones, de indicadores de evaluación cuantitativos:

máximo 4 puntos.

- Utilización de indicadores de evaluación cuantitativa: 4 puntos.

- No utilización de indicadores de evaluación cuantitativos: 0 puntos.

f) Participación de los destinatarios del programa en el desarrollo del mismo: máximo 2 puntos.

- El programa promueve la participación de los destinatarios del mismo en su desarrollo:

2 puntos.

- El programa no promueve la participación de los destinatarios del mismo en su desarrollo: 0 puntos.

2. Área/s de Intervención en la que se enmarcan las actuaciones del Programa de Inclusión Social. Se concederá un máximo de 18 puntos en función del/as área/s de intervención del programa conforme a la siguiente distribución:

- Al menos el 70 % de las actuaciones están enmarcadas en el área de Servicios Sociales:

18 puntos.

- Al menos el 60 % de las actuaciones están enmarcadas en el área Socio-sanitaria:

10 puntos.

- Al menos el 50 % de las actuaciones están enmarcadas en las áreas de Formación y Empleo: 5 puntos.

3. Población objeto de intervención del programa a desarrollar. Se concederá un máximo de 12 puntos en función de la población objeto de intervención del programa con el siguiente desglose:

- Al menos el 70 % de las actuaciones están dirigidas a personas sin hogar y/o colectivos que no tengan sus necesidades básicas cubiertas: 12 puntos.

- Al menos el 70 % de las actuaciones están dirigidas a personas reclusas y/o ex reclusas:

10 puntos.

- Al menos el 70 % de las actuaciones están dirigidas a personas o colectivos con necesidades de atención sociosanitaria: 8 puntos.

- Al menos el 70 % de las actuaciones están dirigidas a colectivos diferentes de los enumerados en los apartados anteriores: 4 puntos.

4. Contexto en el que se desarrolla el Programa de Inclusión Social. Se concederá un total de 10 puntos al programa que se desarrolle en municipio/s y/o zona/s de la Comunidad Autónoma de Extremadura en la que no existe recurso/ programa público y/o subvencionado por las administraciones públicas de similares características. Cuando exista otro recurso/ programa público: 0 puntos.

5. Aportación económica de la entidad a la financiación del programa. Se concederá un máximo de 8 puntos al programa que cuente con cofinanciación por parte de la propia entidad en función del porcentaje de ésta, conforme al siguiente desglose:

- Porcentaje de cofinanciación igual o superior al 30 % del coste total de programa:

8 puntos.

- Porcentaje de cofinanciación igual o superior al 20 % e inferior al 30 % del coste total de programa: 6 puntos.

- Porcentaje de cofinanciación igual o superior al 10 % e inferior al 20 % del coste total de programa: 4 puntos.

- Porcentaje de cofinanciación inferior al 10 % del coste total de programa: 0 puntos.

6. Duración del Programa. Se concederá un máximo de 6 puntos al programa de intervención en función del tiempo de desarrollo, conforme al siguiente desglose:

- Programa que se desarrolle en un periodo de 12 meses: 6 puntos.

- Programa que se desarrolle en un período igual o superior a 6 meses e inferior a 12 meses: 4 puntos.

- Programa que se desarrolle en un período inferior a 6 meses: 2 puntos.

7. Nivel de ejecución del programa de inclusión social financiado por la Consejería competente en materia de política social de la Junta de Extremadura. Se concederá un total de 4 puntos al programa de actuación que haya sido subvencionado por la Consejería competente en materia de política social en la última convocatoria, siempre que se haya presentado su justificación en la forma y el plazo establecido en la convocatoria al amparo de la cuál fue subvencionado.

2. Se adjudicarán aquellas solicitudes que hayan obtenido tras su valoración una puntuación mínima de 50 puntos, en aplicación de los criterios recogidos en el apartado anterior, teniendo como límite lo dispuesto en el artículo 80  del Decreto 86/2012, de 18 de mayo, en relación con la cuantía global de los créditos presupuestarios fijados en la presente convocatoria, y en su caso, la resultante del incremento producido, en el supuesto de que se hubiese visto aumentada la cuantía, por existir nuevas disponibilidades presupuestarias.

Artículo 9. Créditos disponibles y financiación.

1. La financiación por parte de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales de las ayudas contempladas en la presente orden, tendrá como límite la cantidad destinada a estos efectos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2015, por un importe total de cuatrocientos mil euros (400.000,00 €), en la aplicación presupuestaria 15.02.252B.489.00 y dentro del Proyecto de Gasto 2006.14.004.0003.00 “Plan de Intervención Social para personas en situación de Exclusión Social”, con cargo a fondos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2  del Decreto 86/2012, de 18 de mayo, esta cuantía podrá ser aumentada, con el límite de los créditos consignados en el presupuesto de gasto del ejercicio 2015.

No obstante, en los supuestos en que no se efectúen las modificaciones correspondientes y se produzca el agotamiento del crédito consignado en esta convocatoria, se declarará terminado el plazo de vigencia de la misma por resolución de la titular de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales. A tales efectos, se publicará el correspondiente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes posteriormente presentadas.

3. La presente orden de convocatoria queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la anualidad 2015.

Artículo 10. Publicidad.

1. Se dará publicidad de la concesión de las subvenciones mediante publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma, así como en el Tablón de anuncios de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, en los términos establecidos en el artículo 11  del Decreto 86/2012, de 18 de mayo.

2. De igual modo y en cumplimiento del artículo 11 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura se dará publicidad en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.

Disposición final primera. Autorización.

Se faculta a la Dirección General de Política Social y Familia para dictar cuantos actos y resoluciones sean necesarios para el desarrollo y la ejecución de la presente orden.

Disposición final segunda. Efectos.

La presente orden producirá efectos a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Contra la presente orden de convocatoria, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, según lo previsto en el artículo 102  de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1  de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime oportuno.

Anexos

Omitidos.

  • No sirve de nada hacer una lista si a cada tarea no se le asigna un tiempo

 

Los trabajadores tienen como objetivo aumentar su productividad, hacer más cosas en menos tiempo, con el fin de conciliar mejor su vida laboral con la personal. Han los últimos tiempos han aparecido diversas herramientas, hábitos y metodologías que ayudan a facilitar dicho propósito.

Un ejemplo de ello es Cal Newport, autor del libro 'So good they can't ignore you', y profesor en la Universidad de Georgetown. A su trabajo se suma que ha escrito cuatro libros, escribe en su blog con regularidad y además tiene un hijo. Y siempre llega a casa antes de las 17.30. ¿Cómo es posible?

En el portal de empleo Jobandtalent recogen y analizan los principales consejos de Newport para ser altamente productivo.

 

1. Hacer un horario

La importancia de las listas para aumentar la productividad está sobradamente documentada. Sin embargo, Newport considera que una lista no sirve de nada si a cada tarea no se le asigna una hora y un tiempo. Por ello, en lugar de listas proponer hacerse horarios. "Haz todo lo posible por evitar incumplir ese horario".

 

2. Hora de salida

Fijar una hora de salida, y asumir que se va a cumplir, ayuda a ser más productivo. Ayuda a no acabar cansado del trabajo.

 

3. Centrarse en lo importante

El fundador de Ikea, el sueco Ingvar Kamprad, asegura que aprovechar el tiempo es básico para ser productivo. Considera que el secreto de su éxito es no perder nunca el tiempo. Pero una vez asumido que hay que aprovechar el tiempo, hay que saber en qué centrarse.

En ese sentido, Newport explica que "el trabajo superficial evita que te despidan, pero el trabajo profundo es lo que te consigue un ascenso". Nadie ha llegado nunca a CEO por lo bien y rápido que responde los correos electrónicos. Por ello es mejor centrarse en el trabajo que genera resultados de gran valor.

 

4. Plan semanal

Tener una visión general de la semana es imprescindible para ser productivo, asegura Newport. Por ello recomienda programar la semana y todas las tareas que hay que realizar. Además, escribir las cosas aumenta el compromiso por hacerlas.

 

5. Hacer pocas cosas, pero muy bien

Hacer muchas cosas, pero mal, no tiene sentido. Es mucho más recomendable hacer pocas cosas y tratar de ser el mejor haciéndolas.

  • Van destinadas a familias numerosas y personas con discapacidad

 

La Agencia Tributaria ha recibido en apenas tres días un total de 27.155 solicitudes para cobrar de forma anticipada las nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que incorpora la reforma fiscal para el apoyo a familias numerosas o con descendientes o ascendientes discapacitados.

Según datos facilitados por la Agencia Tributaria, de ese total de solicitudes presentadas entre el pasado miércoles, día en que se abrió el plazo para hacerlo, y el viernes, a las 14:30 horas, 26.419 se tramitaron por Internet y 736 por el teléfono 901 200 345.

La mayor parte de las solicitudes se corresponden con deducciones por familia numerosa, en concreto 20.295 peticiones. A su vez, la agencia Tributaria ha recibido 6.350 solicitudes de pago anticipado de deducciones por descendientes discapacitados y 510 por ascendientes discapacitados.

 

¿Cuándo se cobra?

Fuentes de la Agencia Tributaria han señalado a EP que las deducciones anticipadas se percibirán siempre a mes vencido, por lo que todos aquellos que las soliciten en enero empezarán a cobrarlas en febrero y así sucesivamente. Los que esperen a febrero para solicitarlo en las oficinas de la Agencia Tributaria percibirán en marzo lo correspondiente a enero y febrero. 

 

Estas tres nuevas deducciones, aprobadas en el Consejo de Ministros del pasado 5 de diciembre, se pueden percibir mediante la modalidad de pago anticipado o en el momento de su inclusión en la declaración anual de IRPF del 2015, a presentar en 2016.

La solicitud del pago anticipado se puede realizar de manera colectiva o individual mediante la presentación del modelo 143, por cada una de las deducciones, acumulables entre sí, a las que los beneficiarios tengan derecho.

Se trata de 100 euros mensuales por familia numerosa y por cada descendiente y ascendiente con discapacidad y 200 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial.

 

¿Quién la cobra?

Estas deducciones, que podrán alcanzar los 1.200 euros anuales por cada descendiente o ascendiente con discapacidad y por familia numerosa, y los 2.400 euros en el caso de familias numerosas de categoría especial, se calcularán de forma proporcional al número de meses en que se cumplan los requisitos.

Los requisitos son dos: por un lado, realizar una actividad por la que se cotice a la Seguridad Social o mutualidad alternativa; y por otro, tener derecho a la aplicación del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad, o ser ascendiente o hermano huérfano de padre y madre formando parte de una familia numerosa.

El límite para cada una de las deducciones serán las cotizaciones y cuotas totales a la Seguridad Social y mutualidades devengadas en cada período impositivo.

Si se tiene derecho a la deducción por contar con varios ascendientes y descendientes con discapacidad, el límite se aplicará de forma independiente respecto de cada uno de ellos.

A partir del 3 de febrero, la solicitud de estas deducciones se podrá presentar también en cualquier oficina de la Agencia Tributaria, previa cumplimentación en la web de la Agencia, impresión y firma por parte de todos los solicitantes.

Las cuotas fuera del plazo voluntario se podrán abonar con tarjeta

 

Hoy entran en vigor tres novedades en el ámbito laboral y de la Seguridad Social. Así, la Seguridad Social ya puede comunicar a los interesados su incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas. Además, las cuotas se podrán pagar con tarjeta de crédito o débito si están fuera de plazo voluntario. Y, además, se ponen en marcha las ayudas para parados de larga duración que participen en los nuevos programas de inserción laboral.

La Tesorería General de la Seguridad Social puede comunicar a través de notificación electrónica, en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, las resoluciones por las que acuerde la incorporación al sistema de liquidación directa de cuotas.

El sistema, establecido por la Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, prevé que de una forma progresiva, la Tesorería General de la Seguridad Social determinará directamente la cotización correspondiente a cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable de su ingreso y cuando los datos que éste deba facilitar permitan realizar el cálculo de la liquidación.

 

Pago con tarjetas de la deuda

También, a partir de hoy, se autoriza, mediante resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social la utilización de tarjetas, tanto de débito como de crédito, como medio de pago de las deudas con la Seguridad Social en vía voluntaria no ingresadas en el plazo reglamentario, de las deudas en vía ejecutiva y de las deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda.

La resolución, publicada ayer en el BOE, establece que a los efectos liberatorios el pago mediante tarjeta no se entenderá realizado hasta la fecha en que los fondos tuvieran entrada en las cuentas restringidas de ingresos de la vía ejecutiva y de ingresos de recursos en vía voluntaria fuera del plazo reglamentario y otros derivados de reclamaciones de deuda.

Finalmente, el programa extraordinario de activación para el empleo diseñado por el Gobierno y los agentes sociales para impulsar la reinserción laboral de los parados que llevan más de un año en el desempleo entra también en vigor.

 

Ayuda a parados de larga duración

Este programa incluye una ayuda económica de 426 euros mensuales (80% del Iprem) durante un máximo de seis meses, a la que pueden acceder los parados de larga duración que hayan agotado todas las prestaciones, tengan cargas familiares y cumplan determinados requisitos, regulado en el Real Decreto-ley 16/2014.

Para solicitar esta ayuda, los desempleados de larga duración deberán haber tenido un empleo anterior, buscar activamente un puesto de trabajo, y haber consumido las prestaciones del Prepara, Prodi o la Renta Activa de Inserción al menos durante seis meses.

Asimismo, para poder beneficiarse de esta prestación, los solicitantes deben tener responsabilidades familiares y estar inscritos como demandantes de empleo a 1 de diciembre de 2014 (deben haberlo estado al menos durante 12 meses durante los 18 meses anteriores).

Los beneficiarios deberán suscribir un compromiso para realizar las acciones que determinen los servicios públicos de empleo o las agencias de colocación que actúen en colaboración con ellos.

En el caso de que reciban una oferta que la Administración considere adecuada, bien para un empleo o para un curso de formación y lo rechacen, habrán de abandonar el programa. Además, los solicitantes deberán, con carácter previo, realizar una búsqueda activa de empleo y acreditarla.

Esta norma incluye otra nueva ayuda por la que se exonerará hasta el 100% de las cuotas empresariales durante un periodo de 12 meses, prorrogable por otros 12, cuando se apliquen suspensiones de contrato o reducciones de jornada en lugar de despidos.

La norma, inspirada en el incendio de la factoría burgalesa de Campofrío, se aplicará en aquellos casos en que sucedan acontecimientos catastróficos de carácter imprevisible e inevitable, que supongan la destrucción total o parcial del centro de trabajo.

El sistema de pensiones sigue creciendo según lo previsto por el envejecimiento de la población española y por el efecto de la crisis, que ha llevado a muchos trabajadores a jubilarse de forma anticipada ante la imposibilidad de seguir ocupados.

De hecho, durante los siete años que dura ya la crisis económica (2008-2014) la Seguridad Social ha ido reconociendo pensiones de todo tipo hasta sumar un millón más. Así cuando arrancó 2008 el Ministerio de Empleo abonaba 8,33 millones de pensiones a 7,58 millones de pensionistas (hay alrededor de un millón de pensionistas que cobran más de una pensión). Y en la actualidad, siete años después, se abonan 9,27 millones de pensiones a 8,42 millones de pensionistas, lo que supuso un incremento de 11% en ambos casos.

Sin embargo, este crecimiento de pensiones, pensionistas y, por ende, del gasto en prestaciones, no solo no se ha visto acompañado de un aumento del número de cotizantes al sistema –que son los que pagan las prestaciones con sus cotizaciones a la Seguridad Social– sino todo lo contrario. El número de afiliados al sistema se ha recortado un 7,7% desde 2008.

Los cálculos apuntan que la Seguridad Social no volverá al superávit hasta 2020

Esta situación ha llevado el ratio que mide el número de afiliados (cotizantes) que ingresan dinero en el sistema por cada pensionista, que no ingresa y además cobra, haya caído a finales de 2014 a su nivel más bajo desde el año 2000.

En concreto ahora se contabilizan 2,25 cotizantes a la Seguridad Social por cada pensionista, frente al máximo de 2,71 que llegó a tener el sistema en diciembre de 2007, justo antes de iniciarse la crisis.

Según los expertos, si esta ratio se sitúa por debajo de los 2 cotizantes por pensionista el sistema de reparto en cuestión se hace del todo insostenible financieramente. Y esto es precisamente lo que le está ocurriendo al sistema español. Cuando el Ministerio de Empleo elabora esta ratio, lo hace incluyendo entre los cotizantes (aquellos que pagan) a los parados que tienen una prestación contributiva, ya que el Estado cotiza por ellos a la Seguridad Social mientras están cobrando esta ayuda. Es decir, el sistema recibe el dinero de las cotizaciones pero estas salen, a su vez, de las arcas públicas, por lo que una elaboración depurada de este ratio, que no contabilice las cotizaciones de los afiliados desempleados, indicaría que hay 1,97 cotizantes reales por cada pensionista. Esto ocurrió al cierre de 2014, por tercer año consecutivo, ya que 2012 fue el primer año, desde 1997, que este ratio caía por debajo del 2.

Es más, si este indicador de sostenibilidad financiera del sistema se hace teniendo en cuenta solo a los cotizantes ocupados y al número de pensiones, en lugar del de pensionistas, el ratio caería en la actualidad al 1,79, incurriendo en una clara situación de insostenibilidad financiera.

Estado financiero del sistema

Según explican desde Empleo, esta caída del ratio de afiliados por pensionista al menor nivel desde el año 2000 obedece, sobre todo, al continuado descenso del número de parados que reciben prestación (y, por tanto, el Estado cotiza por ellos), que no ha sido compensado con la intensidad necesaria por el aumento del número de cotizantes ocupados.

Así, para que esta evolución repercutiera positivamente sobre el ratio de afiliados por pensionista, los cotizantes ocupados deberían crecer más del doble de lo que caen los cotizantes desempleados y esto no ocurrió en 2014, cuando hubo 393.842 afiliados con empleo adicionales y 272.285 cotizantes parados menos.

Esta situación, existente desde hace tres ejercicios, ha hecho saltar las alarmas del sistema de pensiones, en números rojos desde 2011. Para enjugar este déficit, el Gobierno saca cada año del fondo de reserva de las pensiones el dinero que necesita para hacer frente a las catorce pagas de los 9,27 millones de pensionistas existentes.

Por ello, este fondo ha pasado de tener 66.815 millones de euros en 2011 a menos de 50.000 millones a finales de 2014. Todo apunta a que el pasado ejercicio la Seguridad Social incurrió en un déficit de más de 10.000 millones de euros, equivalente a alrededor del 1% del PIB, cumpliendo la previsión del Gobierno. En los próximos años se mantendrán los números rojos (0,6% de déficit previsto para 2015) y, según distintos cálculos oficiales, la Seguridad Social podría no volver al superávit hasta por lo menos 2020.

Objetivo inmediato: incrementar la tasa de ocupación

La creación de empleo es la principal solución, por no decir la única, a la situación deficitaria del sistema de pensiones. Este crecimiento de la ocupación genera más ingresos por cotizaciones que son la única fuente de financiación de estas prestaciones contributivas. De momento, el pasado año, la tasa de ocupación (porcentaje de personas en edad y disposición de trabajar que tienen un empleo) aumentó 2,3 puntos, hasta situarse en el 76,3%. Esto supone que en España hay más de 17,5 millones de personas con un empleo, de los 22,9 millones de activos en disposición de trabajar, según un informe de Randstad a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este repunte de la tasa de empleo fue consecuencia tanto del crecimiento de la ocupación masculina como de la femenina, si bien en el caso de los hombres ésta avanzó a mayor ritmo (2,8%) que en las mujeres (1,6%).

De esta forma, cuatro de cada cinco nuevos empleados que se incorporaron al mercado laboral hasta el tercer trimestre del año pasado eran varones. Entre los hombres, los mayores de 45 años encabezan la creación de empleo, con casi 195.000 puestos de trabajo más en los tres primeros trimestres de 2014. En las mujeres, casi la mitad de las trabajadoras que accedieron al mercado laboral eran menores de 30 años.

El año pasado, la tasa de ocupación aumentó en 15 comunidades autónomas españolas y sólo descendió en Canarias (-0,8%) y Andalucía (-0,3%). En ambas regiones, el retroceso se debió a la caída del empleo femenino, frente al avance de la ocupación masculina.

El 41,3% de las ONG usuarias de pro bono solicita que los abogados estén preparados en la materia específica sobre la que van a trabajar

Trabajar pro bono significa, entre otras cosas, ofrecer de forma gratuita un servicio de asesoramiento legal  con los mismos estándares de calidad que al resto de los clientes. En este sentido, según el Primer Estudio sobre Pro Bono en España,  elaborado por la Fundación Aranzadi Lex Nova, el  41,3% de las ONG usuarias de pro bono solicita que los abogados estén preparados en la materia específica sobre la que van a trabajar. Este porcentaje aumenta hasta el 81,4% entre las ONG que conocen el pro bono pero que todavía no lo utilizan.

Entre las materias más demandadas destaca laasistencia a las entidades,  pero también resulta fundamental conocer la especificidad de colectivos vulnerables a la hora de asesorar a las ONG o, a través de ellas, a personas que necesiten ayuda legal. De hecho, muchas veces en estas colaboraciones, los letrados se enfrentan a casos realmente dramáticos y complejos. Por ello, según el estudio, los abogados son muy conscientes de la necesidad de formación complementaria para poder colaborar pro bono, principalmente en  áreas relativas al Derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial, derechos relacionados con la organización, administración y gestión de organizaciones sin ánimo de lucro y derechos relacionados con las personas con discapacidad. 




Y es que a través del pro bono, además de realizar una importante labor social, los abogados tienen la oportunidad de trabajar en áreas que habitualmente no son su especialidad y ampliar sus conocimientos. Haciéndose eco de esta necesidad, la Fundación Aranzadi Lex Nova ha elaborado dos cursos especializados on line con los que ayudar a los abogados y también a las entidades; “ Los Derechos de las Personas con Discapacidad”  desarrollado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid con la colaboración de la Fundación Aequitas y “Aplicaciones prácticas de los derechos del niño”  elaborado por la Cátedra del Banco de Santander de la Universidad Pontificia de Comillas, junto con UNICEF. Además, la Fundación ofrece becas especiales para las entidades sin ánimo de lucro como una forma más de colaborar al desarrollo del pro bono de calidad para ayudar a conseguir una sociedad más justa.

Se está trabajando en aplicaciones que miden el tono de voz o el volumen de mensajes de texto que envía una persona para evaluar su estado psicológico.

¿Puede su teléfono móvil decirle si está deprimido?

Huntersville, Carolina del Norte. Hacia el final de su embarazo, Janisse Flowers fue instada por una enfermera de su ginecólogo a que descargara una aplicación en su iPhone para monitorizar la frecuencia con la que enviaba mensajes de texto a sus amigos, el tiempo que hablaba por teléfono y las distancias que recorría todos los días.

La aplicación formaba parte de un esfuerzo del médico de Flowers para probar si los datos que almacenan los smartphones pueden ayudar a detectar síntomas de depresión posparto, una condición que afecta a las mujeres después de dar a luz y que pocas veces se diagnostica.

La empresa creadora de la aplicación, Ginger.io, de San Francisco, comparó datos de Flowers y cerca de otras 200 mujeres con sus respuestas en una encuesta semanal empleada para diagnosticar depresión. La empresa descubrió que patrones de conducta como una menor movilidad los fines de semana y llamadas telefónicas más largas estaban vinculados a peores estados anímicos en las encuestas. "Es muy escalofriante pensar que alguien puede saber tu estado anímico basándose en datos que recoge un teléfono", apunta Flowers. Pero "sentí que esto era algo que me ayudaría mientras me encontraba en una situación vulnerable".Evaluar conductasLa aplicación de Ginger.io forma parte de una nueva generación de tecnologías de supervisión médica que doctores, hospitales y empresas de seguros de salud están empezando a utilizar. Mientras que los monitores de estado físico como FitBit registran la distancia recorrida y las calorías quemadas, aplicaciones más recientes y otras herramientas miden el volumen de mensajes de texto, el tono de la voz y otras conductas para dar un vistazo al bienestar psicológico de los pacientes, algo que puede tener una alta incidencia en la salud física, según los médicos. Por ejemplo, la aseguradora Aetna dice que emplea software de análisis de voz en algunas llamadas telefónicas para lograr que gente que está recibiendo prestaciones por discapacidad a corto plazo regrese al trabajo antes.

"Hay 4.000 millones de teléfonos en el planeta, y resultan ser sumamente poderosos en la vida de una persona", anota el presidente ejecutivo de Ginger.io, Anmol Madan. Esta aplicación está siendo utilizada por 30 centros médicos en Estados Unidos, asegura la empresa.

Mientras, los institutos nacionales de salud de ese país han otorgado una subvención de 2,4 millones de dólares a investigadores de la escuela de salud pública de la Universidad de Harvard para desarrollar una aplicación que analice factores como cuándo los pacientes bloquean y desbloquean sus teléfonos para determinar patrones de sueño en personas con desórdenes psiquiátricos.

Muchos médicos y ejecutivos de hospitales son reticentes a usar las tecnologías sin evidencia sólida de que los beneficios justifican el tiempo y el gasto requeridos. También hay preocupación sobre la privacidad, incluyendo la seguridad de los datos o si los pacientes se alarmarán ante lo que podría interpretarse como una vigilancia. "Me pregunto cómo las empresas tranquilizarán a las personas sabiendo que cuando descarguen una aplicación, ésta podrá monitorizar todo lo que están haciendo", expresa Timothy G. Ferris, vicepresidente de Gestión de Salud en Partners HealthCare.Programa pilotoOtros sistemas de salud como Novant Health, una red de hospitales sin ánimo de lucro en el sureste de EEUU, están empezando a utilizar las herramientas de monitorización. Novant está empleando la aplicación Ginger.io principalmente con pacientes que sufren problemas psiquiátricas, pero también con pacientes diabéticos para corroborar si los síntomas de depresión en los datos de los smartphones corresponden con las autoevaluaciones de estados de ánimo bajo. Los datos telefónicos son descargados a ordenadores de manera automática y los pacientes reciben una alerta en sus teléfonos cada semana para completar una encuesta. La empresa evaluará los resultados del programa piloto para decidir si la herramienta puede ser usada como prueba de diagnóstico.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cifrado hoy en 180 euros anuales la diferencia entre las ofertas más cara y más barata disponibles en el mercado libre para el consumidor doméstico.

En un informe publicado hoy, la CNMC realiza un balance de todas las ofertas de electricidad y gasen el mercado libre recogidas en su comparador entre junio de 2013 y julio de 2014.

En ese periodo, el regulador ha detectado un aumento de las ofertas disponibles, hasta alcanzar 275 en electricidad, 100 en gas y 63 duales a junio del pasado año.

Asimismo, señala que entre las opciones que ofrecen las eléctricas se encuentran servicios adicionales como mantenimiento de la caldera de gas o de la instalación eléctrica, que pueden suponer un cargo adicional de entre 40 y 150 euros anuales.

En lo que se refiere a las ofertas, los consumidores domésticos con una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios (kW) pueden encontrar una diferencia de 180 euros al año entre la más cara y la más barata.

Este desfase se eleva hasta una horquilla de entre 900 y 2.800 euros para los consumidores con potencias contratadas superiores a 10 kW, es decir, grandes consumidores domésticos y pequeños negocios.

En el caso del gas, los consumidores con derecho a la tarifa de último recurso (TUR) pueden encontrar en el mercado libre ofertas con una diferencia de entre 39 y 60 euros anuales entre las más baratas y las más caras.

Estos valores se elevan a ahorros de entre 300 y 1.600 euros anuales para los grandes consumidores, aquellos que no tienen derecho a TUR.

Sin embargo, el regulador no proporciona comparaciones entre estas ofertas y el PVPC, en el caso de la electricidad, y la TUR, en el caso del gas.

En este informe, la CNMC también advierte que ha detectado que en muchos casos los contratos se realizan “sin que el consumidor comprenda todos los términos y condiciones de la oferta”, es decir, que se accede a veces a “un servicio que no se adecúa a sus necesidades o, en algunos casos, más caro del que ya tiene contratado”.

El regulador añade que “este fenómeno puede ser más frecuente en el caso de ventas domiciliarias”, por lo que desaconseja este tipo de comercialización “como medida de protección del consumidor”.

Además, insta a las empresas a “ofrecer al cliente una estimación económica del impacto que supone la nueva oferta con respecto a sus condiciones actuales”, para que este disponga de toda la información necesaria.

Estas son sus recomendaciones para no pagar de mas.

1) Antes de decidirse por una nueva oferta, compare los precios y los servicios que ofrezcan al menos un par de empresas diferentes. Si tiene dificultades para entender o comparar las ofertas de suministro de gas o de electricidad, utilice aplicaciones como el comparador de la CNMC comparadorofertasenergia.cnmc.es o pida asesoramiento en una Oficina de Información al Consumidor o a través de una organización de consumidores.

2) Infórmese si tiene derecho al bono social eléctrico, que ofrece la tarifa eléctrica más económica.

3) Antes de decidirse por una oferta, lea atentamente las condiciones del contrato. En particular, busque si el contrato incluye o no la contratación y cobro de otros servicios adicionales, ya que tal vez le pueda interesar más un contrato simple, que incluya únicamente el servicio de suministro de gas o electricidad. Examine también cuáles son las condiciones de revisión de los precios e infórmese sobre cuál es el procedimiento para efectuar una reclamación.

4) Examine si el contrato tiene compromisos de permanencia o incluye penalizaciones económicas al consumidor por su cancelación.

5) Si recibe una llamada telefónica o una visita inesperada a su domicilio para que cambie de suministrador, no debe sentirse presionado, ni precipitarse. Pida una copia del contrato con las condiciones ofrecidas, y compruebe que en el contrato escrito figuran todas las condiciones que le indica el vendedor.

6) No facilite al vendedor los datos bancarios, ni las facturas anteriores, ni sus datos personales, si no está realmente seguro de la contratación.

7) Si realiza la contratación por internet, guarde o imprima una copia de la oferta y el contrato.

8) En el caso de contratos celebrados fuera de establecimiento comercial (ventas domiciliarias, por teléfono o por internet), tiene 14 días para desistir del contrato sin tener que dar ninguna justificación. El vendedor está obligado a informarle del procedimiento a seguir.

9) Compare periódicamente su oferta con otras disponibles en el mercado, en particular, cuando su suministrador le revise los precios del contrato.

Los 'debes' para las empresas

Debe facilitar al consumidor toda la información de sus ofertas de manera veraz, transparente, completa y sencilla, de manera que los consumidores puedan evaluar y comparar estas ofertas con las de otros competidores.

Debe informar al consumidor de las condiciones y plazos de revisión de los precios, del coste de los servicios adicionales que se contratan con el suministro y de la existencia, en su caso, de cláusulas de permanencia y de las penalizaciones económicas por rescisión del contrato.

Debe hacer que las ofertas sean fácilmente comparables, debiendo aportar al consumidor una estimación del impacto económico que supone la contratación de la nueva oferta con respecto a las condiciones actuales. Se deberá aportar de forma clara los términos y los periodos sobre los que se aplican los descuentos ofertados.

Debe informar al consumidor de todos sus derechos, en particular sobre el derecho de desistimiento en los plazos previstos en la normativa.

Debe informar en el contrato de suministro los procedimientos de que dispone el consumidor para efectuar una reclamación.

Debe informar al consumidor de la mejor oferta disponible de su empresa que mejor se adapte a su perfil.

Debe evitar la captación de clientes a través de canales de venta domiciliaria. También se debe evitar la contratación telefónica en el caso de consumidores vulnerables o que no comprendan con claridad las condiciones de las ofertas – por ejemplo evitar la captación de clientes que sean personas mayores por este canal.

Debe limitar la utilización de penalizaciones por rescisión anticipada de contrato, en particular cando se le haya aplicado al consumidor una revisión de precio del contrato. En su caso, la penalización aplicada deberá ser debidamente justificada al consumidor en función del coste causado al comercializador.

Debe identificarse de manera clara ante el consumidor, evitando prácticas o mensajes que generen confusión. Se deben implantar sistemas de control de calidad sobre los agentes que realizan el proceso de venta.


Debe rescindir los servicios adicionales contratados por el consumidor encaso de rescisión del contrato

En el mes de diciembre se han publicado en el BOE novedades importantes en materia socio-laboral que requieren un análisis detallado y pormenorizado.

El 2015 nos ha traído el nuevo sistema de liquidación directa, modificaciones en el IRPF y en la confección de nóminas, un Real Decreto Ley que regula el Programa de Activación para el Empleo, una prórroga de la tarifa plana y una Ley de Presupuestos que como siempre, introduce novedades en materia laboral.

Por todo ello, queremos informarle de los seminarios que se impartirán en el CEF.- y que le permitirán afrontar con éxito  este 2015:

La Seguridad Social, al igual que el resto de Administraciones Públicas, ha puesto en marcha desde hoy la factura electrónica para los pagos a los proveedores de bienes y servicios por un importe superior a 5.000 euros.

   No obstante, el Ministerio de Empleo ha explicado en un comunicado que la pretensión es que la Seguridad Social generalice el nuevo formato a todas las facturas, independientemente de su importe.

   El objetivo fundamental de la facturación electrónica es, por un lado, mejorar los procedimientos de pago a terceros aportando agilidad, eficacia y eficiencia a la gestión administrativa, al producirse la captación de los datos de forma automática, eliminando el papel como soporte fundamental.

   El nuevo sistema perfecciona los controles de las facturas pendientes de pago con el fin de reducir la morosidad, lo que, según Empleo, contribuirá al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a mejorar la competitividad de las empresas.

AHORRO DE COSTES

   Cualquier proveedor que lo desee, con independencia del importe de la factura, podrá presentar el documento en formato electrónico. Para la Seguridad Social, que sólo el año pasado registró alrededor de 100.000 facturas, este sistema le permitirá ahorrar costes, reducir los tiempos de facturación y minimizar fallos y errores en las facturas.

   El uso de la factura electrónica es obligatorio desde hoy para determinados proveedores, entre otros, sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Se excluye de la obligación de presentar la factura electrónica los pagos de hasta 5.000 euros.

   Las facturas electrónicas con destino a la Seguridad Social se presentaran a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración General del Estado (FACe), desde donde se facilitará a los proveedores un listado de las distintas unidades de la Seguridad Social implicadas en el trámite de las facturas electrónicas, así como de sus oficinas contables y sus centros gestores. Además, a través de este punto podrán consultar en todo momento el estado de tramitación.

   Además, el FACe remitirá por medios electrónicos las facturas a la oficina contable competente, que las anotará en el registro contable de la Seguridad Social y posteriormente las distribuirá a los órganos oportunos para su tramitación.

   Los proveedores podrán emitir los documentos electrónicos de pago a través de sus propios sistemas de gestión o bien mediante  la utilización de la aplicación gratuita puesta a disposición de todos los particulares   por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha confiado este martes en que patronal y sindicatos acuerden pronto la renovación del II Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (AENC) y que incluyan un pacto para "acompasar la subida de los salarios al proceso de creación de empleo".

   Así lo ha dicho en declaraciones a los medios antes de asistir al 'Fórum Europa', en el que participa el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y al que también han acudido su homólogo en UGT, Cándido Méndez, y el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi.

   "Confío en que ratifiquen el compromiso adquirido en julio con el presidente del Gobierno para acompasar la subida de los salarios al proceso de creación de empleo", ha dicho, para añadir que "estamos iniciando la recuperación y los salarios deben ir acompasando esa realidad".

   Asimismo, ha llamado a la "responsabilidad" de los agentes sociales para que cierren dicho pacto pronto, y se ha mostrado segura de que "en próximas fechas habrá buenas noticias".

   Dicho esto, Báñez ha señalado que ha acudido a la cita "acompañando" a Toxo para poner de manifiesto el compromiso del Gobierno con el impulso del diálogo social en favor del empleo. En este sentido, ha recordado que mañana entra en vigor el plan de activación para el empleo acordado en el seno del diálogo tripartito y que prevé beneficiar a más de 400.000 personas con especiales dificultades para obtener un empleo.

   Preguntada por la Encuesta de Población Activa (EPA) que el Instituto Nacional de Estadística(INE) publicará la próxima semana, Báñez entiende que los datos "serán coherentes" con las cifras de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social correspondientes a los últimos meses de 2014, el primero de la crisis en el que se ha creado empleo neto. Si bien, ha aprovechado para mostrar su convencimiento de que "2015 va a ser un año para el empleo incluso mejor que 2014".

Por sexto año consecutivo, los principales agentes de la educación se dan cita en un evento que tiene por objetivo arrojar luz sobre la importancia de la educación en valores desde la base.

Bajo el título "Educación y Emprendimiento" la Jornada Retos, analizará la enseñanza de los valores del emprendimiento en la escuela.

¿Quieres asistir a un evento homologado por la Consejería de Educación y que contará con la presencia de importantes ponentes en materia de educación y emprendimiento. Inscríbete en el siguiente enlace y aprovecha las últimas plazas.

¡Os esperamos amig@s!>

http://www.fundacionpiquer.es/retos6/inscripcion/

Hoy entra en vigor la ley por la que se hace obligatoria la factura electrónica en los contratos de los proveedores del sector público para evitar la morosidad en la administración, que conlleva multas de hasta 10.000 euros en caso de no adaptarse.

factura electrónica

Hoy entra en vigor la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, por lo que las empresas proveedoras de las administraciones públicas estarán obligadas a presentar sus facturas en formato electrónico, bajo multa de hasta 10.000 euros.

La ley establece un modelo único de factura electrónica en toda la administración, el denominado modelo E, al que deberán adaptarse tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas para el pago a sus proveedores.

Mediante esta ley, por la que además se crea un único registro contable de pagos en el sector público, asegurará una mayor transparencia en la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, según las estimaciones del Gobierno y permitirá que salgan a la luz todas las facturas pendientes de cobro en las administraciones públicas.

La ley contó con el consenso de todos los grupos políticos en el Congreso, salvo Izquierda Plural, que criticó que redundará en una menor actividad en los servicios postales y ha lamentado que pueda tener un efecto negativo sobre el empleo en la empresa pública Correos, donde está prevista para este mes una convocatoria de huelga.Facturas superiores a 5.000 eurosDesde hoy todas las facturas asociadas a bienes o servicios prestados a este tipo de organismos cuyo importe supere los 5.000 euros deberán ser enviadas en formato electrónico a través del Punto General de Entrada de Facturas de la Administración General del Estado (FACE).

La iniciativa, que responde a los requisitos legales recogidos en el Real Decreto 1619/2012 y en la Ley 25/2013 de 27 de diciembre, persigue el ahorro en los costes asociados a la factura en papel y una mayor agilidad y eficacia en la gestión administrativa.

La obligación de emitir facturación electrónica afecta a los contratos suscritos con la AGE, pero también es aplicable a las denominadas empresas de "especial trascendencia económica" que realizan transacciones con el público en general, como servicios financieros, suministro eléctrico, de agua o gas, agencias de viajes o transporte de viajeros.Mejorar los procesosPara la consultora tecnológica Stratesys, certificada por la Agencia Tributaria como desarrollador de soluciones de facturación electrónica, la implantación de la ley supondrá "una oportunidad para optimizar los procesos de facturación, por lo que es fundamental encontrar aquella que no solo cumple con la nueva normativa, sino que se ajusta mejor a la estrategia de cada compañía".

Esta compañía subraya que "hay que tener en cuenta el aspecto internacional antes de ejecutar ningún cambio, ya que las normativas asociadas a la factura electrónica en España son diferentes de las de otros países". El único formato aceptado por AGE es, por el momento, facturae 3.2, pero hay más formatos de factura electrónica válida.

Un estudio de Seres basado en la consulta directa a 3.000 empresas proveedoras de la Administración General del Estado (AGE), señala que la mayoría de los proveedores de las administraciones públicas están preparados para utilizar la factura electrónica. En concreto, el 98% de las empresas, de todos los tamaños, conocen el cambio normativo.

Entre los meses de junio y septiembre de 2014 se redujo en 14% el número de las empresas que desconocían las consecuencias que tendrá en su actividad la factura electrónica, algo fundamental para esta compañía ya que "hay normas que se han publicado recientemente, cambios técnicos de última hora y diversas problemáticas en los proyectos de determinadas comunidades autónomas y administraciones locales".Las grandes empresas van más despacioSegún los datos de Seres, "las grandes empresas van más despacio ya que, en su caso, resulta más complejo, al afectar el cambio a un mayor volumen de facturas y un mayor número de AAPP con las que se opera".

En el caso de las medianas empresas, a finales de septiembre, el 29% afirmaba estar preparadas o muy cerca de estarlo, mientras que en las pequeñas empresas y micropymes cerca del 48% de ellas afirmaba estar preparadas para asumir la nueva normativa.

En general, en el período de junio a septiembre de 2014, último periodo para el que se tienen datos, ha aumentado el porcentaje de empresas que están preparadas para afrontar la obligatoriedad. El incremento más significativo se encuentra entre las grandes empresas que han aumentado en un 13% y las medianas, en un 15%.

Por regiones, las empresas más preparadas son las de Madrid, seguidas por las de Baleares y la ciudad autónoma de Melilla y, en un tercer grupo, las empresas gallegas, navarras y catalanas.

"En general, todas las comunidades autónomas han mejorado sus números, siendo la Comunidad de Madrid la que ha mejorado más significativamente. Le siguen Baleares y la ciudad autónoma de Melilla y, en un tercer grupo, las empresas gallegas, navarras y catalanas".

Los tribunales han dictado diversas sentencias en las que censuran la actitud de empleados que atienden con malos modos a la clientela, pero no siempre dan la razón a la empresa.

HOSTELERÍA En el sector servicios, donde la atención al público es una cuestión clave, es frecuente ver casos problemáticos, como el de una dependienta que fue despedida tras llamar “gorda” y “vaca” a una clienta provocando con ello que otras personas también abandonaran el local.

HOSTELERÍA En el sector servicios, donde la atención al público es una cuestión clave, es frecuente ver casos problemáticos, como el de una dependienta que fue despedida tras llamar “gorda” y “vaca” a una clienta provocando con ello que otras personas también abandonaran el local.

La atención al público puede llegar a ser la clave de un negocio, pero, ¿qué pasa si un empleado trata mal a los clientes?, ¿qué opciones tiene la empresa en estos casos? Aunque hay muchos supuestos en los que los tribunales respaldan claramente la máxima sanción disciplinaria del despido –sobre todo cuando los comportamientos irregulares son reiterados y están probados–, no siempre es fácil rescindir el contrato por estas causas.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha declarado que la desatención y falta de respeto de un médico a su paciente y su familia no es merecedora de despido. Según la entidad privada para la que trabajaba, que contaba con un «historial importante» en contra del médico, nada parecía indicar que fuera a cambiar en el futuro su conducta y «su actitud de enfrentamiento y nula colaboración con el área médica en el desempeño de sus responsabilidades». Sin embargo, el juzgado de instancia declaró la improcedencia del despido, condenando a la empresa a optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización de más de 196.000 euros, una decisión que ha sido respaldada ahora por el TSJ asturiano.

En la sentencia, del pasado 11 de julio, el tribunal señala que, de los diferentes incumplimientos contractuales que se le imputaban al médico, sólo uno había quedado acreditado, «el relativo a la desatención y falta de respeto o de corrección en el trato a un paciente y a su hija sin haber perjudicado gravemente la imagen de la empresa». Algo que, según el TSJ, está tipificado como «falta leve, susceptible de amonestación verbal, amonestación por escrito o suspensión de empleo y sueldo de hasta dos días, pero nunca de la imposición de la máxima sanción de despido».

Peluquera problemáticaEn una sentencia de julio de 2013, el TSJ de Aragón sí avala, en cambio, el despido disciplinario de una peluquera que había generado el malestar de diversos clientes. La empleada manchó con tinte la camisa de una mujer (por no cubrirla convenientemente) y no sólo no se disculpó, sino que le echó la culpa a ella.

También recibió una queja por haber atendido de malas formas a otra señora y a su hijo pequeño «al que estuvo increpando todo el tiempo, tratándole con desprecio». Además, en otra ocasión, la empleada ocultó deliberadamente a una familia de ucranianos que entendía su idioma, por ser ella nativa del mismo país, y sólo lo desveló a la hora de cobrar, demostrándoles que había entendido toda su conversación, algo que molestó a los afectados, que no volvieron.

Conducta perjudicialPara el tribunal, se trata de una conducta «totalmente perjudicial para la empresa, de malos tratos de palabra y obra, falta de respeto y consideración al cliente», lo que constituye un «incumplimiento muy grave y culpable de las obligaciones» de buena fe contractual por lo que correspondía la sanción máxima de despido amparada en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

La Justicia también dio la razón a un establecimiento de alimentación que despidió a una dependienta por insultar gravemente a una mujer. Tras discutir con su jefa y con una compañera, llegó a llamar «gorda» y «vaca» a una clienta que intentó mediar y le dijo que «lo que tenía que hacer era irse a su casa a fregar y no volver más a la cafetería». Al observar estos hechos, otros clientes abandonaron el local sin siquiera acabar su consumición.

Se daba el caso de que la empleada despedida tenía reconocido un grado de minusvalía del 42% al presentar trastorno esquizo-afectivo asociado a inteligencia normal baja y la empresa había recibido subvenciones por la contratación de trabajadores discapacitados.

La sentencia, dictada por el TSJ de Andalucía en 2007, señala que el establecimiento debe velar por «preservar la clientela a la que ha de tratarse con el máximo respeto por cuanto es ésta la sostenedora de la empresa», por lo que el despido disciplinario estaría justificado.

En otro caso, el TSJ de la Comunidad Valenciana consideró ajustado a derecho el despido de un camarero que contestó mal a dos clientes: a uno que le pidió que le limpiara la taza porque estaba sucia le contestó que se la limpiara él, y a otro le llamó «pejiguero y señorito» y le dijo que si no le gustaba cómo estaban los cubiertos «que se diera media vuelta». El tribunal considera que la conducta del empleado «no sólo constituye una actitud despectiva y de desprecio ante ellos, sino que produce un grave daño a la imagen de la empresa al producirse los hechos en presencia de otros clientes del bar».

El mismo tribunal se posicionó, en cambio, del lado del trabajador en un caso en el que un camarero fue despedido, entre otros motivos, por haber recibido una queja en una hoja de reclamación por no dar un ticket de consumición a un cliente. Según el tribunal, «difícilmente puede estimarse que sea una situación de maltrato».

Cajas de ahorrosEn el sector financiero también ha habido casos similares. El TSJ de Madrid respaldó el despido de un trabajador de una caja de ahorros que increpaba con frecuencia a la clientela, insultándoles y emitiendo expresiones como «no digas gilipolleces y estupideces, a veces pareces tonto». También se le acusó de falta de diligencia en la ejecución de su trabajo al negarse, por ejemplo, a proporcionar una nueva libreta a un cliente contestándole: «Ahora no, que tengo mucho trabajo». Además, había incumplido el deber de confidencialidad con los clientes de la entidad, haciendo públicos en medio de un bar datos relativos a la situación de los préstamos y saldos de una clienta.

Por todo ello, la caja de ahorros recibió diversas quejas de la clientela que, en algunos casos, llegó a amenazar con cambiarse de banco y exigió que les atendiera otra persona. El juzgado de lo social declaró el despido improcedente, pero el TSJ madrileño dio finalmente la razón a la entidad al revelar «una total falta de respeto hacia las personas a las que debe su atención el trabajador, tratándose de conductas repetitivas y previamente advertidas sobre su incorrección».