Noticias ANCED

  • Refuskills

     

    Fecha de inicio: 01-09-2016

    Fecha de finalización: 31-12-2018

    Summary in English

    El proyecto RefuSkills consiste en la adaptación de una plataforma de reconocimiento y validación de competencias a las necesidades de los refugiados. La plataforma resultante permitirá a los refugiados ver reconocidas sus habilidades y competencias con el fin de mejorar su empleabilidad y movilidad laboral.

    Objetivos:

    • Establecer un mecanismo fácil de utilizar que dé a los refugiados la oportunidad de documentar sus habilidades y competencias (en su propio idioma).
    • Facilitar y reducir el tiempo de procesamiento en la solicitud de permisos de asilo, e identificar el camino adecuado hacia la formación y el empleo.
    • Mejorar las posibilidades de los países receptores para una rápida identificación de las habilidades y competencias de los migrantes, y para una integración facilitada y la participación en programas de creación de trabajo.
    • Explorar la posibilidad de utilizar un "RefuPass" que establezca un portfolio de competencias individuales basadas en resultados de aprendizaje.

    La UDIMA participa en este proyecto como colaboradora con la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED), que es socia junto a estas entidades:

    La Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED) es socia junto a estas entidades:

    NTI-MMM (coordinador, Noruega)

    Socios:

     

    Proyecto Refuskills. Imagen 1 Proyecto Refuskills. Imagen 2 Proyecto Refuskills. Imagen 3

     

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    RefuSkills image4La simplificación de los procesos de solicitud de permisos de asilo y la mejora de las posibilidades de los países receptores para una rápida identificación de las habilidades y competencias de los migrantes han centrado la última reunión de los socios del proyecto europeo RefuSkills, en el que participan, entre otros socios europeos, la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED), en colaboración de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

    El encuentro, el cuarto que celebra este grupo de trabajo, tuvo lugar los días 13 y 14 de diciembre en la ciudad alemana de Dresden. Por parte de ANCED, acudió a esta reunión Javier Vélez, responsable pedagógico y de proyectos; por parte de la UDIMA estuvo representada por Ana Landeta, directora de I+D+i de la UDIMA. La próxima reunión del proyecto, que finalizará en noviembre de 2018, tendrá lugar en Noruega durante el próximo mes de junio.

     

  • 201904 registro jornada laboralCon la publicación el 12 de marzo en el BOE del Real Decreto 8/2019, entrará en vigor el próximo 12 de mayo la medida de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, recogida en el capítulo III de dicho Real Decreto.

    Esta medida consiste en el registro diario de la jornada de trabajo, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada persona trabajadora.

    Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, existen 6,4 millones de horas extras a la semana sin abonar ni compensar por parte de las empresas a sus trabajadores, con sectores que rozan el 80% de horas extraordinarias con este tipo de prácticas. Como dato a destacar, más del 40% de las denuncias que recibe la Inspección de Trabajo son por el incumplimiento de los horarios.

    No es una nueva obligación para las empresas. El estatuto de los trabajadores ya recogía la obligación de la existencia de algún tipo de registro, pero lo que se está buscando es un procedimiento que pueda certificar los horarios.

    El objetivo de esta medida, es acabar con las horas extraordinarias no abonadas ni compensadas, con el fraude de los contratos a tiempo parcial que incumplen las jornadas estipuladas en los contratos de trabajo, eliminar las ventajas competitivas de las empresas que no cumplen la normativa respecto al resto de empresas y recuperar para el sistema de la Seguridad Social las cotizaciones de estas horas.

    El registro debe dejar constancia y trazabilidad del inicio y fin de la jornada diaria de trabajo. Se debe buscar un instrumento que asegure que dicho registro no permita manipulaciones y que además cumpla con la normativa LOPD.

    Las empresas con RLT (representación legal de los trabajadores) deben negociar con los sindicatos el modelo de control horario y levantar actas de dichas reuniones. Si no existe RLT en la empresa, la capacidad para determinar el modelo la asume el empresario.

    El texto del Estatuto de los Trabajadores en su artículo 34 apartado 7, queda redactado de la siguiente manera:

    «7. El Gobierno, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, podrá establecer ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo de los descansos, así como especialidades en las obligaciones de registro de jornada, para aquellos sectores, trabajos y categorías profesiones que por sus peculiaridades así lo requieran.»


    Se modifica el artículo 34, añadiendo un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción:

    «9. La empresa garantizará el registro diario de la jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

    La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

     

    Guia Registro Jornada Guía sobre el registro de jornada publicada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, con el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma, en la que se recogen criterios, a mero título informativo, en relación con este deber formal empresarial, sin perjuicio de la interpretación de la norma que corresponde a los Juzgados y Tribunales del orden social.
  • roque1 0El fundador y hasta ahora presidente del Grupo de empresas educativas CEF.- UDIMA, que integra el Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid, Roque de las Heras, ha anunciado el relevo en la presidencia de las empresas del Grupo en favor de sus hijos Arturoy Arancha, que hasta hoy ocupaban la dirección general.

    Tras esta decisión, Roque de las Heras, fundador del Grupo CEF.- UDIMA en 1977 y presidente de esta institución académica durante los últimos 40 años, pasará ahora a ocupar la posición de presidente de Honor, después de una exitosa etapa en la que pasó de los 17 alumnos iniciales a los casi 30.000 anuales que pasan por las aulas físicas y virtuales.

    En total, más de medio millón de estudiantes de Grados, Másteres, Cursos y Oposiciones que ha convertido al grupo académico en una referencia dentro de la excelencia académica, logrando que más de 26.000 opositores hayan sacado sus plazas en la Administración y formando a cientos de miles de profesionales en muy diferentes áreas.

    Tanto Arturo de las Heras como Arancha de las Heras, nuevos presidentes de las empresas del Grupo, han insistido en la idea de continuar creciendo con un estilo innovador, basando el crecimiento de la institución en la importancia de las personas, la excelencia en el servicio a los alumnos, la internacionalización y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías como principios con los que identificarse para seguir aportando la cercanía necesaria al alumno, en un entorno como el académico y formativo que requiere de una evolución continua para dar respuesta a las nuevas realidades del mercado y a la demanda laboral real del mundo empresarial y la Administración.

    Del mismo modo, se han comunicado los nombramientos de Emilio Rivas, licenciado en Matemáticas y actual director de Informática del CEF.-, como nuevo director general del CEF.-; el de Ángela de las Heras Miguel como coordinadora general de la Preparación de Oposiciones; el de Álvaro Porta de las Heras como gerente de la UDIMA; el de Alfonso García Sáenz como jefe de Estudios de Oposiciones, área no jurídica, en Madrid, y el de Diego Téllez como nuevo director de Informática del CEF.-

    El anuncio coincide en el tiempo con el nombramiento por parte de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) de sus dos primeros Doctores Honoris Causa. El Grupo CEF.- UDIMA continúa creciendo y este curso ha superado la cifra de 30.000 alumnos entre sus 18 Grados Oficiales, sus 35 Másteres oficiales y sus más de 300 cursos y oposiciones.

  • Resultados EPACon la publicación de los resultados de la EPA (Encuesta de Población Activa) el pasado 25 de octubre, la tasa de desempleo bajó por primera vez desde finales de 2008 del 15%, situándose en el periodo de julio a septiembre de 2018 en el 14,55%. Según la disposición transitoria novena de la Ley 3/2012, “Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que sea de aplicación el límite de edad establecido en el párrafo primero del artículo 11.2ª del Estatuto de los Trabajadores”.

    Según la consulta telefónica al Servicio Público de Empleo, nos indican que para hacer efectivo el artículo 11.2ª del Estatuto de los Trabajadores, se necesita una consolidación de este porcentaje de desempleo reflejado en la EPA en los próximos trimestres. Posteriormente el SEPE deberá emitir un comunicado para dejar sin efecto la disposición transitoria novena de la Ley 3/2012.

    Por lo tanto y hasta que no se produzca dicha comunicación, se podrán seguir registrando contratos para la formación a menores de 30 años.

    Estadísticas mes de octubre

    El pasado 5 de noviembre fueron publicadas en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal las estadísticas de contratos del mes de octubre. Se registraron 4.636 contratos para la formación y aprendizaje lo que representa una bajada del 6,55% respecto al mismo mes del año anterior.

    En términos anuales registra un incremento del 2,39%, pasando de los 38.914 a los 39.843 contratos registrados de enero a octubre de 2018. Por provincias es Madrid la que más contratos registra con 4.168 seguida de Sevilla con 3.113. Por Comunidades Autónomas, se sitúa en cabeza Andalucía con 10.693 contratos lo que representa el 26,84% del total registrado en los servicios públicos de empleo. Muy por detrás aparece Canarias con poco más 5.000 contratos y la Comunidad Valencia por encima de los 4.300.

     

  • logo epbeEl próximo jueves 1 de junio, el proyecto European Personal Branding for Employment (EPBE), coordinado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), presentará los resultados de dos años de trabajo en un International Workshop que tendrá lugar en el Colegio de Agentes Comerciales de Barcelona (Carrer de Casp, 130, 08013 Barcelona).

    Aprobado dentro del programa Erasmus+ (KA2 - Strategic Partnerships for Higher Education), y convocado por la Comisión Europea, el principal objetivo de este proyecto es ayudar a jóvenes estudiantes a conseguir empleo a través de la adquisición de competencias digitales.

    Los objetivos que se han perseguido son los siguientes:

    • Fomentar la idea de que las TIC pueden ayudar a encontrar empleo.
    • Crear un plan de estudios multidisciplinar basado en problemas de la vida real con la participación de diferentes sectores de la educación.
    • Identificar las necesidades de formación y competencias transversales necesarias para el desarrollo y la estrategia de aprendizaje a lo largo de la vida en línea basado en la marca personal y la búsqueda de empleo.
    • Compartir contenidos educativos relacionados con la marca personal y la búsqueda de empleo a través del uso de recursos educativos en abierto.

    Si estás interesado en asistir, puedes consultar el programa y registrarte desde este enlace.

  • Reunión entre ANCED y OEIEl pasado día 22 de Febrero los miembros de la Comisión de Internacional y Mercado de Anced Dª Pilar Tallón y D. Pedro Maya, acompañados por el Responsable de Proyectos D. Javier Vélez mantuvieron dos reuniones de trabajo con la Secretaría Técnica de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Cultura, Ciencia y Educación en la que se pudo valorar la situación de la formación elearning en el ámbito hispanoamericano, así como sus dificultades y ventajas para la iniciativa privada. Se valoró la posibilidad de establecer vías de colaboración en esta materia entre ANCED y la OEI para promocionar el desarrollo de un elearning de calidad en los países iberoamericanos.

    Esa misma tarde tuvo lugar un encuentro con los técnicos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para valorar las posibles vías de colaboración de las empresas que forman parte de Anced dentro de los programas de cooperación al desarrollo que gestiona la AECID. En los próximos días se detallarán los procedimientos que pueden desarrollar aquellos centros interesados.

    La Comisión de Internacional y Mercado tras la puesta en marcha de los proyectos Erasmus+ tiene como objetivo abrir posibles vías de negocios para los Centros de formación asociados en el ámbito iberoamericano

  • GoMobile image2Los días 28 y 29 de noviembre, se ha celebrado en la sede de ANCED (Madrid) la cuarta reunión de los socios del proyecto europeo "GoMobile", en el que participan, entre otros socios europeos, la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia junto a la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

    GoMobile image3Durante esta cuarta reunión, los socios del proyecto han podido ultimar los detalles de la principal tarea que les ocupa: la elaboración de un manual sobre Mobile Learning dirigido a profesores y formadores de todos los niveles educativos. En este proyecto están participando profesionales de la educación y las nuevas tecnologías de varios países (Alemania, Reino Unido, Chipre y España).

    ANCED estuvo representada por Javier Vélez (Responsable Pedagógico y de Proyectos) y por parte de UDIMA, Ana Landeta (Directora de I+D+i de la UDIMA), Sonia Pamplona (profesora del Grado en Ingeniería Informática) y Juan Carmona (responsable de la OTRI).

    La próxima reunión del proyecto, que finalizará en marzo de 2018, tendrá lugar en Londres durante el próximo mes de enero.

     

  • Cvtube image5La tercera reunión del proyecto CVTube se realizó en la Universidad de Minho, Braga (Portugal). El tema principal fue la presentación del segundo resultado, como videos / tutoriales, presentado por Bruna Dias (EditValue). El consorcio tomó varias decisiones cruciales para continuar con el output 2, así como también se acordó la distribución del trabajo. Respecto al output 3, la plataforma CVTube todavía se está desarrollando, por lo que los comentarios y aportaciones de los socios sobre la plataforma se realizará más adelante.

    Cvtube image5Se indicó que la gestión económica y financiera del proyecto se está desarrollando correctamente. Durante la presentación sobre la difusión del proyecto (presentado por Ana Landeta, ANCED) se destacó que todos los socios deben concentrarse en la difusión y entregar los planes de difusión.

  • GoMobile image1Nicosia ha acogido la reunión inicial del proyecto GoMobile, cuyo plan se centra en la formación del personal docente sobre aprendizaje móvil o mobile learning para su posterior aplicación en clase. Para ello, se redactará una guía en la que se explican los distintos enfoques pedagógicos del aprendizaje móvil, dando a conocer de forma sencilla y accesible las posibilidades de este método educativo.

    La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), en colaboración con la Asociación Nacional de Centros de E-Learning y Distancia (ANCED), cooperarán en este proyecto junto con otras entidades socias como Universitaet Paderborn (Alemania), Priate Institute Emphasys Centre (Chipre) o EuropeanLearning Network Ltd (Reino Unido). La coordinación la ejercerá Ingenious Knowledge GmbH desde Alemania.

    Convocado por la Comisión Europea, el proyecto GoMobile se enmarca dentro del programa Erasmus + (KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for vocational education and training) y tiene una duración de 18 meses.

  • ELISA SILIÓ
    EL PAIS Madrid - 9 FEB 2019 - 00:18 CET

    El Consejo de Europa impulsa un documento que reconoce la cualificación de exiliados para que puedan estudiar o trabajar en lo suyo

    un pasaporte para refugiados con formacionCientos de refugiados han abandonado su país con lo puesto huyendo de las bombas o sus perseguidores. Y con frecuencia han dejado tras de sí a su familia, su profesión, sus pertenencias y los documentos que acreditan quiénes son y cuál es su pasado. Ahora el Consejo de Europa —cuyo objetivo es la defensa y promoción de los derechos humanos— se ha propuesto ayudarles a reconstruir su vida a través del Pasaporte Europeo de Cualificaciones para Refugiados, que acredita —tras una evaluación— su formación para que puedan continuar sus estudios o trabajar en lo suyo en el país de acogida. Lo que comenzó en campamentos de refugiados de Grecia e Italia como proyecto piloto en 2017 adquiere ahora otra dimensión con la incorporación de Alemania, Francia y otros cinco países entre los que aún no está España. Este papel “es la herramienta principal para integrar a los refugiados en las sociedades europeas”, dice el Consejo.

    Ser refugiado es un estigma. María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, recuerda que muchos españoles están sobrecualificados para su profesión, pero que la situación de los exiliados es mucho peor. “No parten de cero sino de menos 10 en su nueva vida: son de otra raza, religión, idioma... No tienen ni contactos ni familia que les apoye, ni nóminas o avales. Muchos no pueden acudir a sus embajadas —porque, a veces, sus Gobiernos les persiguen— y han pasado por situaciones traumáticas: muertes de familiares, encarcelamientos o torturas”.

    El proyecto piloto, impulsado por el Ministerio de Educación de Grecia en 2017, ha sentado las bases de un programa que previsiblemente recibirá su impulso definitivo en marzo en la Comisión de Educación del Consejo de Europa. Este organismo no tiene competencias para expedir un documento oficial, por lo que cada uno de los 47 Estados miembros debe reconocer esta acreditación en su burocracia interna.

    “Este pasaporte me recuerda lo que pasó con los republicanos que salieron al final de la Guerra Civil de España”, compara Francisco Michavila, consejero de Educación de España ante la OCDE. “El presidente de México Lázaro Cárdenas tuvo la gran generosidad de decir: ‘Bueno, aquí, aunque uno no tenga el título que demuestre si es arquitecto o ingeniero, si viene con dos avalistas se lo reconocemos. Y con los refugiados se intenta lo mismo”, prosigue Michavila, que acudió a la última reunión de Educación del Consejo de Europa.

    El Convenio de Reconocimiento de Lisboa, firmado en 2007 —España se adhirió en 2009—, obliga a los Estados a desarrollar medidas para validar las cualificaciones de los refugiados sin documentos, pero poco se hizo durante una década. En 2012, durante una cumbre de 47 ministros de Educación en Bucarest, se volvió a abordar el tema sin que se avanzase. Y en 2016 un informe del Consejo puso de manifiesto que solo 15 de los 47 países emitían un exhaustivo documento de antecedentes que reconocía los estudios de secundaria y bachillerato, pero ni una palabra de los títulos universitarios. Ese año miles de refugiados llegaron a las costas y Europa por fin abrió los ojos ante el drama.

    Las agencias para los refugiados de Noruega y Reino Unido han elaborado una metodología propia para acreditar su nivel de educación, su experiencia laboral y el dominio de idiomas. El candidato tiene tres semanas para responder a un test que se envía a dos evaluadores que tienen una semana para revisarlo. Al menos uno de ellos debe ser experto en la lengua y el sistema universitario del país del solicitante del pasaporte. Finalmente, ambos examinadores se entrevistan durante una hora con el aspirante.

    Este es el proceso que siguieron la siria Rawaa o la joven Anwan Horani. Esta última, de origen palestino, vivió toda su vida en Siria, donde se casó. La pareja huyó de las bombas con una maleta muy pequeña, primero a Turquía y luego a Grecia, donde ella se examinó demostrando que es licenciada en Fisioterapia. Hoy, con una sonrisa, Anwan, que sigue un curso de Salud Pública Internacional en Noruega y en inglés, relata en un vídeo del Consejo cómo es su nueva vida: “Soy bastante feliz. En cinco meses he conseguido ser aceptada en un collegue y la gente está sorprendida. Me siento muy agradecida a Grecia que, pese a sus dificultades, nos abrió los brazos”.

    El proyecto piloto, apoyado por ACNUR, se lanzó con tres sesiones de evaluación —73 de los 92 aspirantes lograron certificar su cualificación— en campos de Grecia. En una segunda oleada Grecia, Italia y Holanda acogieron otras cinco jornadas con 230 entrevistados. En esta última y tercera etapa, prevista hasta el 2020, las entrevistas ahora son también online para no limitarlas solo a los campos de refugiados.

    “La gente se desmotiva sin sus títulos y opta por el reciclaje profesional porque tiene que sobrevivir”, explica Raquel Santos, coordinadora de Inclusión Laboral de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR). “Si vemos que es muy complicada la homologación de sus estudios, les recomendamos que obtengan un certificado de profesionalidad. El de grado 1 (hostelería, ATS, turismo) no es muy difícil, pero para el 2 (puestos administrativos) te piden más requisitos de formación”.

    El pasado noviembre, la Asociación Nacional de Centros de e-Learnig y Distancia (ANCED) lanzó con 12 socios europeos y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) el programa Refuskills con los mismos objetivos.

    Mahmou es un refugiado graduado sirio. Tras pasar por Líbano y Turquía —cuenta el Consejo de Europa— llegó a un campo de Macedonia. “El pasaporte me ha despertado, tengo otra oportunidad en la vida”, cuenta ante las cámaras sin desvelar cuál era su ocupación. “Los trabajadores sociales me preguntaron qué sabía hacer y no tenía nada que enseñar. Este papel me ha salvado cuando peor estaba. La gente ha dejado de mirarme de forma diferente”.

     

  • La falta de ejecución presupuestaria y la rigidez legal han destruido la mitad de las empresas del sector 

    Cinco Días. 22 de noviembre de 2018

    1542819181 469074 1542819319 noticia normal recorte1

    Durante los años de la crisis el Gobierno dejó de invertir 1.500 millones en formación para el empleo, lo que en la práctica supuso que 4,8 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, quedaron sin cualificar. Estos datos acreditan la necesidad urgente de que el actual Ejecutivo implemente un plan de choque que impulse la formación para el empleo y remedie lo antes posible la situación. Esa urgencia se sustenta también en el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se destinan partidas específicas para la capacitación de los trabajadores, pero en lo que llevamos de año apenas se ha publicado una pequeña convocatoria para la formación digital por un importe de 50,4 millones.

    La Constitución confiere a los poderes públicos la responsabilidad de asegurar el acceso a la capacitación de las personas para el trabajo y la actualización de sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional. Hablamos de una cualificación profesional –que como derecho individual recoge también el Estatuto de los Trabajadores– esencial para la empleabilidad y de la que depende en buena medida la mejora de la competitividad de la economía española.

    La formación para el empleo es siempre necesaria, pero en un país como el nuestro, en el que los porcentajes de paro son todavía muy elevados y en el que una parte significativa de los desempleados no tienen una cualificación básica que favorezca su inserción en el mundo laboral, es imprescindible. Conviene además tener en cuenta que la formación para el empleo se financia con los recursos procedentes de las cuotas finalistas para formación profesional que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social, a las que se suman otras cantidades otorgadas por el Fondo Social Europeo.

    A la falta de ejecución presupuestaria hay que sumar la disminución de la formación programada por las empresas, tanto las grandes como las pequeñas y medianas, como consecuencia de la inseguridad jurídica, la falta de flexibilidad y la excesiva carga burocrática que conllevan los sistemas de justificación e inspección. Una minoración que se ha producido al mismo tiempo que los contratos para la formación y el aprendizaje se reducían drásticamente, a un ritmo de 130.000 contratos menos al año, debido a la desaparición de la formación a distancia y la vinculación de la actividad formativa a los certificados de profesionalidad en modalidad presencial o teleformación.

    Tradicionalmente España ha contado con un sector de empresas prestadoras de servicios de formación altamente profesionalizado, que cuenta con más de 15.000 empresas. Hasta 2014, las Administraciones públicas realizaban convocatorias anuales dirigidas a los agentes sociales quienes, a su vez, contrataban con esas empresas formadoras. Las convocatorias eran recurrentes lo que le permitió al sector invertir en mejoras productivas y en la calidad de la formación, así como en el desarrollo de contenidos formativos avanzados.

    A partir de la modificación que se recoge en la Ley 30/2015, reguladora del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, los agentes sociales dejaron de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación y se trasladó ese papel a las empresas formadoras, exigiéndoles concurrencia competitiva. Sin embargo, se mantiene el sistema subvencional pensado para organizaciones sin ánimo de lucro y no para empresas inmersas en una actividad económica ordinaria.

    Las convocatorias, tanto en el ámbito estatal como autonómico, no solo son escasas, sino que tienden a ser confusas y, a veces, inaplicables y con requisitos de gestión que en ocasiones rondan el absurdo. Esa situación ha ahogado el desarrollo de la actividad de formación para el empleo en los últimos cuatro años, ha provocado la destrucción de casi el 50% del tejido empresarial formativo existente en 2014 y ha afectado al colectivo de 150.000 profesionales, que han visto deterioradas sus condiciones de trabajo cuando no directamente abocados al desempleo.

    La mejora de las condiciones laborales de empleados y desempleados, así como la sostenibilidad de la recuperación económica precisan de trabajadores y trabajadoras más y mejor cualificados para atender a la capacitación que demandan las empresas. Por eso es urgente la aplicación por parte del Gobierno de un plan de choque que impulse la formación para el empleo con la publicación antes de que finalice 2018 y con cargo a presupuesto 2018 de la convocatoria de oferta estatal correspondiente a este año, por un importe no inferior a 600 millones. Sería positivo que esa convocatoria planteara un escenario plurianual, que garantice una oferta formativa de calidad y permita una planificación estratégica de la formación. Los centros y entidades de formación podrían así incrementar sus inversiones en un marco de certidumbre y estabilidad normativa.

    Una aplicación adecuada de la Ley 30/2015 requiere además de la contribución de los agentes sociales, sindicatos y patronal, la concurrencia de las empresas formadoras y la presencia de especialistas independientes que vuelquen su experiencia en una comisión de expertos, constituida por el Gobierno, al que tendría que elevar recomendaciones de aplicación inmediata. Esas sugerencias deberían incidir en la mejora de la identificación de las necesidades formativas y la evaluación de su impacto, el impulso a la formación programada por las empresas, la promoción de la impartición a través de las nuevas tecnologías, la reanualización obligatoria y automática de los fondos con la incorporación al siguiente ejercicio de los remanentes de crédito no asignados o la progresiva sustitución del actual sistema subvencional, entre otras. La aplicación urgente de esas medidas es esencial para relanzar las políticas de formación para el empleo, mejorar la cualificación de los trabajadores y afrontar con éxito los retos de una economía cada día más competitiva.

    Juan Antonio Sánchez, Pedro Pablo Rey, Jorge Azcárate y Alfonso Aguiló son presidentes de Aegef, Cecap, Anced y CECE, respectivamente

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    La falta de ejecución presupuestaria y la rigidez legal han destruido la mitad de las empresas del sector 

    Cinco Días. 22 de noviembre de 2018

    1542819181 469074 1542819319 noticia normal recorte1

    Durante los años de la crisis el Gobierno dejó de invertir 1.500 millones en formación para el empleo, lo que en la práctica supuso que 4,8 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, quedaron sin cualificar. Estos datos acreditan la necesidad urgente de que el actual Ejecutivo implemente un plan de choque que impulse la formación para el empleo y remedie lo antes posible la situación. Esa urgencia se sustenta también en el hecho de que en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se destinan partidas específicas para la capacitación de los trabajadores, pero en lo que llevamos de año apenas se ha publicado una pequeña convocatoria para la formación digital por un importe de 50,4 millones.

    La Constitución confiere a los poderes públicos la responsabilidad de asegurar el acceso a la capacitación de las personas para el trabajo y la actualización de sus competencias y conocimientos a lo largo de su vida profesional. Hablamos de una cualificación profesional –que como derecho individual recoge también el Estatuto de los Trabajadores– esencial para la empleabilidad y de la que depende en buena medida la mejora de la competitividad de la economía española.

    La formación para el empleo es siempre necesaria, pero en un país como el nuestro, en el que los porcentajes de paro son todavía muy elevados y en el que una parte significativa de los desempleados no tienen una cualificación básica que favorezca su inserción en el mundo laboral, es imprescindible. Conviene además tener en cuenta que la formación para el empleo se financia con los recursos procedentes de las cuotas finalistas para formación profesional que empresas y trabajadores aportan a la Seguridad Social, a las que se suman otras cantidades otorgadas por el Fondo Social Europeo.

    A la falta de ejecución presupuestaria hay que sumar la disminución de la formación programada por las empresas, tanto las grandes como las pequeñas y medianas, como consecuencia de la inseguridad jurídica, la falta de flexibilidad y la excesiva carga burocrática que conllevan los sistemas de justificación e inspección. Una minoración que se ha producido al mismo tiempo que los contratos para la formación y el aprendizaje se reducían drásticamente, a un ritmo de 130.000 contratos menos al año, debido a la desaparición de la formación a distancia y la vinculación de la actividad formativa a los certificados de profesionalidad en modalidad presencial o teleformación.

    Tradicionalmente España ha contado con un sector de empresas prestadoras de servicios de formación altamente profesionalizado, que cuenta con más de 15.000 empresas. Hasta 2014, las Administraciones públicas realizaban convocatorias anuales dirigidas a los agentes sociales quienes, a su vez, contrataban con esas empresas formadoras. Las convocatorias eran recurrentes lo que le permitió al sector invertir en mejoras productivas y en la calidad de la formación, así como en el desarrollo de contenidos formativos avanzados.

    A partir de la modificación que se recoge en la Ley 30/2015, reguladora del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, los agentes sociales dejaron de participar en la gestión de los fondos y en la impartición de la formación y se trasladó ese papel a las empresas formadoras, exigiéndoles concurrencia competitiva. Sin embargo, se mantiene el sistema subvencional pensado para organizaciones sin ánimo de lucro y no para empresas inmersas en una actividad económica ordinaria.

    Las convocatorias, tanto en el ámbito estatal como autonómico, no solo son escasas, sino que tienden a ser confusas y, a veces, inaplicables y con requisitos de gestión que en ocasiones rondan el absurdo. Esa situación ha ahogado el desarrollo de la actividad de formación para el empleo en los últimos cuatro años, ha provocado la destrucción de casi el 50% del tejido empresarial formativo existente en 2014 y ha afectado al colectivo de 150.000 profesionales, que han visto deterioradas sus condiciones de trabajo cuando no directamente abocados al desempleo.

    La mejora de las condiciones laborales de empleados y desempleados, así como la sostenibilidad de la recuperación económica precisan de trabajadores y trabajadoras más y mejor cualificados para atender a la capacitación que demandan las empresas. Por eso es urgente la aplicación por parte del Gobierno de un plan de choque que impulse la formación para el empleo con la publicación antes de que finalice 2018 y con cargo a presupuesto 2018 de la convocatoria de oferta estatal correspondiente a este año, por un importe no inferior a 600 millones. Sería positivo que esa convocatoria planteara un escenario plurianual, que garantice una oferta formativa de calidad y permita una planificación estratégica de la formación. Los centros y entidades de formación podrían así incrementar sus inversiones en un marco de certidumbre y estabilidad normativa.

    Una aplicación adecuada de la Ley 30/2015 requiere además de la contribución de los agentes sociales, sindicatos y patronal, la concurrencia de las empresas formadoras y la presencia de especialistas independientes que vuelquen su experiencia en una comisión de expertos, constituida por el Gobierno, al que tendría que elevar recomendaciones de aplicación inmediata. Esas sugerencias deberían incidir en la mejora de la identificación de las necesidades formativas y la evaluación de su impacto, el impulso a la formación programada por las empresas, la promoción de la impartición a través de las nuevas tecnologías, la reanualización obligatoria y automática de los fondos con la incorporación al siguiente ejercicio de los remanentes de crédito no asignados o la progresiva sustitución del actual sistema subvencional, entre otras. La aplicación urgente de esas medidas es esencial para relanzar las políticas de formación para el empleo, mejorar la cualificación de los trabajadores y afrontar con éxito los retos de una economía cada día más competitiva.

    Juan Antonio Sánchez, Pedro Pablo Rey, Jorge Azcárate y Alfonso Aguiló son presidentes de Aegef, Cecap, Anced y CECE, respectivamente

  • Durante la presentación en Valladolid del informe "La Formación para el Empleo en España" el exministro de Trabajo Valeriano Gómez cree que la formación profesional necesita que la colaboración público-privada sea "mucho más fuerte" para que la gran crisis económica que también ha tocado "de forma decisiva" a este sector "quede atrás". También ha asegurado que la estabilidad es "clave" para poder diseñar, sobre todo, cuando se depende de políticas públicas.

    Durante la presentación del informe, también se ha hecho hincapié en que el desempleo se combate preparando a las personas para poder incluirlas dentro del mercado laboral y si hay capacidad de diagnosticar qué demandan las empresas para formar a la gente en los ámbitos de los que haya necesidad.

    Respecto a años anteriores, Gómez ha asegurado que se registró una permanente reducción de la oferta de formación, porque en la estructura productiva española predominan las pymes y estas no tienen estructura ni diseño propio para llevar a cabo una gestión de la formación y obtener algún tipo de ayuda.

    Además, el gasto real en formación empezó a decaer, incluso en la formación bonificada. De hecho, se pasó de registrar algo más de 400 millones en 2010 hasta reducirse en más de un 50% en los años siguientes.

    El motivo es que el gasto que se haga en este ámbito debe hacerse, según el Tribunal de Cuentas, de forma eficiente de acuerdo a los términos de esta entidad de cuentas. Así, ha asegurado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está teniendo el problema de crear un marco de formación de calidad con requisitos de transparencia y objetividad.

    El estudio pone de relieve que la prestación de la formación para el empleo es una "auténtica" actividad económica. Por ello, recoge 18 medidas para mejorarla e impartir una formación de mayor calidad.

    Entre estas, destacan que las empresas aporten su experiencia dentro de los espacios de planificación plurianual para incrementar el conocimiento y la calidad del sistema de identificación de necesidades o que se ejecuten planes plurianuales de evaluación de la calidad de la formación para el empleo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda.

    Por otro lado, entre otras medidas, el informe apuesta por establecer la realización anual de una campaña de sensibilización a cargo de las administraciones sobre el papel de la formación para el empleo, establecer la obligatoriedad de destinar el importe íntegro de los fondos procedentes de la cuota de formación de empresas y trabajadores, reanualizado de forma obligatoria los fondos no dispuestos, o mejorar los incentivos fiscales a la cofinanciación privada de la oferta formativa.

    Por su parte, las asociaciones organizadoras del evento (AEGEF, ANCED, CECAP y CECE), han anunciado el Plan de Choque que han hecho llegar a las Administraciones Públicas conteniendo una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad y buen funcionamiento del sector. Entre las medidas propuestas, las asociaciones han destacado la necesidad de dotar a las convocatorias de carácter plurianual, la reanualización de los fondos de formación profesional para el empleo, la sustitución del actual sistema de subvenciones, establecer mecanismos que eliminen la rigidez en los contratos para la formación y el aprendizaje, facilitar el acceso de las pymes a la formación programada por las empresas, la revisión del sistema actual de pagos y el fomento de modalidades de impartición de formación a través de nuevas tecnologías, así como la adecuación de la oferta formativa a la necesidades de trabajadores y empresas.

    Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, las organizaciones del sector, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

    En el evento también han intervenido el presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), Juan Antonio Sánchez; el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate; el vicepresidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Lorenzo Alonso; y el secretario general la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García. En sus intervenciones, han destacado como principal reto la necesidad de mejora del empleo y su calidad, reto que debe ser abordado en conjunto por la Administración Pública, los Agentes Sociales, las empresas y los trabajadores.

    El acto fue clausurado por Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Jorge Azcárate, presidente de ANCED
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    El exministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de FUNDAE
  • Durante la presentación en Valladolid del informe "La Formación para el Empleo en España" el exministro de Trabajo Valeriano Gómez cree que la formación profesional necesita que la colaboración público-privada sea "mucho más fuerte" para que la gran crisis económica que también ha tocado "de forma decisiva" a este sector "quede atrás". También ha asegurado que la estabilidad es "clave" para poder diseñar, sobre todo, cuando se depende de políticas públicas.

    Durante la presentación del informe, también se ha hecho hincapié en que el desempleo se combate preparando a las personas para poder incluirlas dentro del mercado laboral y si hay capacidad de diagnosticar qué demandan las empresas para formar a la gente en los ámbitos de los que haya necesidad.

    Respecto a años anteriores, Gómez ha asegurado que se registró una permanente reducción de la oferta de formación, porque en la estructura productiva española predominan las pymes y estas no tienen estructura ni diseño propio para llevar a cabo una gestión de la formación y obtener algún tipo de ayuda.

    Además, el gasto real en formación empezó a decaer, incluso en la formación bonificada. De hecho, se pasó de registrar algo más de 400 millones en 2010 hasta reducirse en más de un 50% en los años siguientes.

    El motivo es que el gasto que se haga en este ámbito debe hacerse, según el Tribunal de Cuentas, de forma eficiente de acuerdo a los términos de esta entidad de cuentas. Así, ha asegurado que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social está teniendo el problema de crear un marco de formación de calidad con requisitos de transparencia y objetividad.

    El estudio pone de relieve que la prestación de la formación para el empleo es una "auténtica" actividad económica. Por ello, recoge 18 medidas para mejorarla e impartir una formación de mayor calidad.

    Entre estas, destacan que las empresas aporten su experiencia dentro de los espacios de planificación plurianual para incrementar el conocimiento y la calidad del sistema de identificación de necesidades o que se ejecuten planes plurianuales de evaluación de la calidad de la formación para el empleo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda.

    Por otro lado, entre otras medidas, el informe apuesta por establecer la realización anual de una campaña de sensibilización a cargo de las administraciones sobre el papel de la formación para el empleo, establecer la obligatoriedad de destinar el importe íntegro de los fondos procedentes de la cuota de formación de empresas y trabajadores, reanualizado de forma obligatoria los fondos no dispuestos, o mejorar los incentivos fiscales a la cofinanciación privada de la oferta formativa.

    Por su parte, las asociaciones organizadoras del evento (AEGEF, ANCED, CECAP y CECE), han anunciado el Plan de Choque que han hecho llegar a las Administraciones Públicas conteniendo una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad y buen funcionamiento del sector. Entre las medidas propuestas, las asociaciones han destacado la necesidad de dotar a las convocatorias de carácter plurianual, la reanualización de los fondos de formación profesional para el empleo, la sustitución del actual sistema de subvenciones, establecer mecanismos que eliminen la rigidez en los contratos para la formación y el aprendizaje, facilitar el acceso de las pymes a la formación programada por las empresas, la revisión del sistema actual de pagos y el fomento de modalidades de impartición de formación a través de nuevas tecnologías, así como la adecuación de la oferta formativa a la necesidades de trabajadores y empresas.

    Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, las organizaciones del sector, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

    En el evento también han intervenido el presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), Juan Antonio Sánchez; el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate; el vicepresidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Lorenzo Alonso; y el secretario general la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Santiago García. En sus intervenciones, han destacado como principal reto la necesidad de mejora del empleo y su calidad, reto que debe ser abordado en conjunto por la Administración Pública, los Agentes Sociales, las empresas y los trabajadores.

    El acto fue clausurado por Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

     
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Jorge Azcárate, presidente de ANCED
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    El exministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de FUNDAE
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    Presentación en Vigo del informe “La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado”

    • El exministro de Trabajo Valeriano Gómez destaca que “la formación para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías”.
    • Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo (AEGEF, ANCED, CECAP y CECE) han reclamado a la Administración Pública que ejecute el presupuesto recaudado para Formación para el Empleo en 2018.
    • El acto ha sido clausurado por Ignacio Fernández Zurita, director gerente de FUNDAE.

    Vigo, 16 de octubre de 2018. El exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha presentado hoy en la Confederación de Empresarios de Pontevedra el informe La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, que ha sido impulsado por las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo: la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). El evento ha contado a su vez con el respaldo de las instituciones y organizaciones del sector de la formación en Galicia.

    Por su parte, las asociaciones han anunciado el Plan de Choque que han hecho llegar a las Administraciones Públicas conteniendo una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad y buen funcionamiento del sector. Entre las medidas propuestas, las asociaciones han destacado la necesidad de dotar a las convocatorias de carácter plurianual, la reanualización de los fondos de formación profesional para el empleo, la sustitución del actual sistema de subvenciones, establecer mecanismos que eliminen la rigidez en los contratos para la formación y el aprendizaje, facilitar el acceso de las pymes a la formación programada por las empresas, la revisión del sistema actual de pagos y el fomento de modalidades de impartición de formación a través de nuevas tecnologías, así como la adecuación de la oferta formativa a la necesidades de trabajadores y empresas.

    En su intervención, Valeriano Gómez ha manifestado que el sector de la formación precisa de una estrecha y fuerte colaboración de los poderes públicos para dotarlo de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, las organizaciones del sector, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

    Gómez asegura en el informe que esta Ley es “uno de los más significativos hitos en el desarrollo reciente de la formación para el empleo en España”, pero requiere de una “estrecha y fuerte colaboración” entre el sector de la formación, los poderes públicos y los Agentes Sociales para afrontar juntos los retos actuales. El exministro ha demandado también a estos poderes públicos que ofrezcan a las empresas de formación estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    Gómez ha añadido que una de las mayores dificultades para el sector es la cantidad de requisitos burocráticos, que ahogan el desarrollo de la propia actividad de formación y generan una situación de inseguridad jurídica que retrae la iniciativa y la inversión. La solución para Gómez pasa por una formación para el empleo consolidada que avance hacia un sistema de gestión de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, sometido a todos los controles que sean necesarios, siempre y cuando ese control no se realice a costa de dificultar su propia actividad.

    Jose Alfonso Marnotes González, Director Xeral de Orientación y Promoción Laboral de la Xunta de Galicia ha destacado la amplia red de formación gallega y ha reclamado la necesidad de adecuación entre la formación para el empleo y las necesidades que las empresas tienen en este ámbito.

    Santos Héctor Rodríguez, Concejal de Empleo, Economía y Voluntariado del Ayuntamiento de Vigo, ha destacado la calidad de las empresas gallegas de formación y ha destacado la necesidad de implicación de las Administraciones Públicas en la formación de los trabajadores.

    En el evento también han intervenido el representante de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), José Campos; el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate y el presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Pedro Rey. En sus intervenciones, han destacado como principal reto la necesidad de mejora del empleo y su calidad, reto que debe ser abordado en conjunto por la Administración Pública, los Agentes Sociales, las empresas y los trabajadores.

     
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Valeriano Gómez atiende a los medios de comunicación junto a los organizadores de la jornada
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    El exministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Jorge Azcárate, presidente de ANCED
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de FUNDAE
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    Presentación en Vigo del informe “La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado”

    • El exministro de Trabajo Valeriano Gómez destaca que “la formación para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías”.
    • Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo (AEGEF, ANCED, CECAP y CECE) han reclamado a la Administración Pública que ejecute el presupuesto recaudado para Formación para el Empleo en 2018.
    • El acto ha sido clausurado por Ignacio Fernández Zurita, director gerente de FUNDAE.

    Vigo, 16 de octubre de 2018. El exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha presentado hoy en la Confederación de Empresarios de Pontevedra el informe La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, que ha sido impulsado por las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo: la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP) y la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). El evento ha contado a su vez con el respaldo de las instituciones y organizaciones del sector de la formación en Galicia.

    Por su parte, las asociaciones han anunciado el Plan de Choque que han hecho llegar a las Administraciones Públicas conteniendo una serie de medidas orientadas a garantizar la continuidad y buen funcionamiento del sector. Entre las medidas propuestas, las asociaciones han destacado la necesidad de dotar a las convocatorias de carácter plurianual, la reanualización de los fondos de formación profesional para el empleo, la sustitución del actual sistema de subvenciones, establecer mecanismos que eliminen la rigidez en los contratos para la formación y el aprendizaje, facilitar el acceso de las pymes a la formación programada por las empresas, la revisión del sistema actual de pagos y el fomento de modalidades de impartición de formación a través de nuevas tecnologías, así como la adecuación de la oferta formativa a la necesidades de trabajadores y empresas.

    En su intervención, Valeriano Gómez ha manifestado que el sector de la formación precisa de una estrecha y fuerte colaboración de los poderes públicos para dotarlo de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, las organizaciones del sector, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

    Gómez asegura en el informe que esta Ley es “uno de los más significativos hitos en el desarrollo reciente de la formación para el empleo en España”, pero requiere de una “estrecha y fuerte colaboración” entre el sector de la formación, los poderes públicos y los Agentes Sociales para afrontar juntos los retos actuales. El exministro ha demandado también a estos poderes públicos que ofrezcan a las empresas de formación estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    Gómez ha añadido que una de las mayores dificultades para el sector es la cantidad de requisitos burocráticos, que ahogan el desarrollo de la propia actividad de formación y generan una situación de inseguridad jurídica que retrae la iniciativa y la inversión. La solución para Gómez pasa por una formación para el empleo consolidada que avance hacia un sistema de gestión de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, sometido a todos los controles que sean necesarios, siempre y cuando ese control no se realice a costa de dificultar su propia actividad.

    Jose Alfonso Marnotes González, Director Xeral de Orientación y Promoción Laboral de la Xunta de Galicia ha destacado la amplia red de formación gallega y ha reclamado la necesidad de adecuación entre la formación para el empleo y las necesidades que las empresas tienen en este ámbito.

    Santos Héctor Rodríguez, Concejal de Empleo, Economía y Voluntariado del Ayuntamiento de Vigo, ha destacado la calidad de las empresas gallegas de formación y ha destacado la necesidad de implicación de las Administraciones Públicas en la formación de los trabajadores.

    En el evento también han intervenido el representante de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), José Campos; el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate y el presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Pedro Rey. En sus intervenciones, han destacado como principal reto la necesidad de mejora del empleo y su calidad, reto que debe ser abordado en conjunto por la Administración Pública, los Agentes Sociales, las empresas y los trabajadores.

     
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Valeriano Gómez atiende a los medios de comunicación junto a los organizadores de la jornada
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    El exministro de Trabajo e Inmigración Valeriano Gómez
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Jorge Azcárate, presidente de ANCED
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Ignacio Fernández Zurita, Director Gerente de FUNDAE
  • ANCED en colaboración con gerenciaderiesgos.es, Auratech legal solutions e Hiscox CyberClear organizó el pasado 30 de mayo una Webinar sobre el nuevo RGPD Reglamento de Protección de Datos y los riesgos de las empresas e-Learning.