formación en el empleo

  • Ministro de Trabajo e Inmigración en el último año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, presenta hoy en Sevilla el reciente informe La Formación para el Empleo en España 2018, que ha elaborado en colaboración con las organizaciones profesionales del sector de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo: AEGEF, ANCED y CECAP.

    Diario de Sevilla

    Las propuestas que se plantean, elaboradas por las organizaciones más representativas de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, pretenden avanzar el cambio de modelo establecido por la Ley 30/2015. Ninguna de las propuestas desarrolladas cuestiona o exige cambio alguno, ni en la Ley ni en su Reglamento de desarrollo, al entender que el actual marco legal permite avances importantes, y que tanto el sector como la sociedad esperan de las administraciones públicas y sus agentes sociales, no nuevos debates legislativos, sino soluciones viables a corto plazo.

    Nuestra apuesta pasa por centrar la actividad de las administraciones en la mejora del sistema de identificación de las necesidades formativas, en el establecimiento de calendarios plurianuales de oferta formativa que faciliten la orientación de los alumnos y las necesarias inversiones por parte de las empresas prestadoras de servicios de formación para hacer frente a esas demandas formativas con calidad y a través de procesos transparentes y competitivos. Pretendemos facilitar procedimientos de justificación y control de las acciones formativas eficientes y simplificados que den plenas garantías jurídicas tanto a las funciones de inspección de la Administración como a las empresas prestadoras de servicios. Asimismo, nuestras propuestas tienen el objetivo de promover procedimientos públicos de evaluación de la calidad de las inversiones efectuadas por el conjunto de la sociedad española en la formación de sus trabajadores empleados o desocupados.

    El conjunto de medidas propuestas, siempre desde la óptica, la experiencia y el compromiso de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, busca incrementar la calidad y la agilidad del sistema de formación, desde la necesaria colaboración entre el papel rector de la Administración Pública, los agentes sociales y la aportación del sector privado, desde la consideración de la prestación de los servicios de la formación para el empleo como una auténtica actividad económica.

    Todas estas medidas se enmarcan dentro de la normativa vigente, de manera que suponen un esfuerzo por acoplar y armonizar el modelo de formación para el empleo que surge con la aprobación de la Ley 30/2015 a las necesidades del sector que conforman las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo.

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  • Ministro de Trabajo e Inmigración en el último año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, presenta hoy en Sevilla el reciente informe La Formación para el Empleo en España 2018, que ha elaborado en colaboración con las organizaciones profesionales del sector de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo: AEGEF, ANCED y CECAP.

    Diario de Sevilla

    Las propuestas que se plantean, elaboradas por las organizaciones más representativas de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, pretenden avanzar el cambio de modelo establecido por la Ley 30/2015. Ninguna de las propuestas desarrolladas cuestiona o exige cambio alguno, ni en la Ley ni en su Reglamento de desarrollo, al entender que el actual marco legal permite avances importantes, y que tanto el sector como la sociedad esperan de las administraciones públicas y sus agentes sociales, no nuevos debates legislativos, sino soluciones viables a corto plazo.

    Nuestra apuesta pasa por centrar la actividad de las administraciones en la mejora del sistema de identificación de las necesidades formativas, en el establecimiento de calendarios plurianuales de oferta formativa que faciliten la orientación de los alumnos y las necesarias inversiones por parte de las empresas prestadoras de servicios de formación para hacer frente a esas demandas formativas con calidad y a través de procesos transparentes y competitivos. Pretendemos facilitar procedimientos de justificación y control de las acciones formativas eficientes y simplificados que den plenas garantías jurídicas tanto a las funciones de inspección de la Administración como a las empresas prestadoras de servicios. Asimismo, nuestras propuestas tienen el objetivo de promover procedimientos públicos de evaluación de la calidad de las inversiones efectuadas por el conjunto de la sociedad española en la formación de sus trabajadores empleados o desocupados.

    El conjunto de medidas propuestas, siempre desde la óptica, la experiencia y el compromiso de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, busca incrementar la calidad y la agilidad del sistema de formación, desde la necesaria colaboración entre el papel rector de la Administración Pública, los agentes sociales y la aportación del sector privado, desde la consideración de la prestación de los servicios de la formación para el empleo como una auténtica actividad económica.

    Todas estas medidas se enmarcan dentro de la normativa vigente, de manera que suponen un esfuerzo por acoplar y armonizar el modelo de formación para el empleo que surge con la aprobación de la Ley 30/2015 a las necesidades del sector que conforman las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo.

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  • Aplicacion 2018
    El día 2 de junio estará disponible la información relativa a la plantilla media de trabajadores del año 2017, la cuota de formación profesional y las cuentas de cotización facilitadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

    Para garantizar la máxima calidad en la actualización de los datos, la aplicación suspenderá el servicio a partir de las 06:30 hs del día 2 de junio. En el caso de que afecte al plazo en la comunicación de los grupos, deberá indicarse dicha circunstancia en el apartado correspondiente.

    Si los datos de plantilla media de trabajadores y cuota de formación profesional aparecen pendientes de validar y la empresa no es de nueva creación en el ejercicio 2018, puede tratarse de un error en la mecanización del CIF o de las cuentas de cotización, o bien que la empresa haya sufrido algún cambio societario.

    Si su empresa se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, deberá acreditarlo ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con el fin de que los datos de cuota y plantilla se asignen correctamente.

  • Está habilitada la aplicación telemática de Formación programada por las empresas para comunicar la formación prevista en el ejercicio 2019.

    aplicacionfundaeLa primera vez que entren los usuarios que ya dispusieron de acceso al aplicativo en el ejercicio 2018 podrán hacerlo con el perfil de administrador siempre y cuando hubieran comunicado formación en el último ejercicio.

    Para ello, no será necesario un certificado de persona jurídica. En ese momento, el sistema volcará la información disponible de la empresa en el último ejercicio así como los usuarios que tuvieran autorizado el acceso.

    Se recomienda que el administrador revise y actualice la relación de usuarios registrados.

    Si el usuario pertenece a una entidad externa que tiene encomendada la organización de la formación de empresas y no ha comunicado formación en el último ejercicio (2018), deberá entrar con el certificado de persona jurídica, registrarse como entidad organizadora, dar de alta al resto de usuarios y crear las distintas agrupaciones, si así lo considera, con la información necesaria previa a la comunicación de la formación.

    La aplicación del ejercicio 2018 continuará disponible y seleccionada por defecto hasta el 31 de enero de 2019.

    Los datos de cuota de formación y de plantilla para 2019, se incorporarán a la aplicación telemática en cuanto sean facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

    Se mostrarán los datos correspondientes al ejercicio 2018 que se podrán modificar hasta que la Tesorería General de la Seguridad Social facilite los datos con carácter definitivo, excepto si es una empresa participante en un Grupo de empresas, en cuyo caso el dato de la cuota inicial se bloqueará y si fuera necesario su modificación lo deberán solicitar a la Fundación.

    Novedades incorporadas con objeto de facilitar las notificaciones y la gestión de las bonificaciones a aplicar

    • Las empresas de menos de 50 trabajadores que indicaron su voluntad de reservar el crédito de formación no dispuesto en 2018, tendrán incorporado ese crédito no consumido en el crédito asignado en 2019.
    • Con objeto de facilitar la comunicación de inicio de la formación se han sustituido los turnos de mañana y tarde por tramos horarios. Así mismo se ha eliminado información de dichas comunicaciones con objeto de agilizar las mismas.
    • Se posibilita la comunicación del número de pasaporte en los campos de tutor, formador y proveedor de la formación.
    • Se ha incorporado la distinción entre el certificado de asistencia y el diploma acreditativo para aquellos participantes que hayan superado la formación con evaluación positiva.
    • Se ha eliminado la obligatoriedad de incluir los participantes al inicio de la formación en la formación vinculada a la obtención de un Certificado de profesionalidad.
    • Se ha incluido un nuevo tipo de Permiso Individual de Formación (PIF) para comunicar el acceso a los procesos de “Evaluación y acreditación de la experiencia laboral”.

    Nuevas utilidades en el funcionamiento de la aplicación

    • En el menú de acciones formativas se ha incorporado la posibilidad de filtrar por modalidad.
    • Se ha incorporado la duración de las acciones formativas en los listados.
    • A petición de las empresas se ha incluido el campo de cofinanciación en la pantalla de costes.
    • Se ha incorporado una nueva pantalla para consultar la información declarada sobre la Representación Legal de los Trabajadores.
    • Se ha ordenado de forma descendente el listado de XML.
    • Se ha completado el resumen de actividad con un mayor número de alertas y un nuevo informe sobre el crédito reservado en el ejercicio anterior.
    • Por último, se han modificado las notificaciones para que recojan los datos del firmante en todas las hojas y se ha completado la información recogida en las mismas.
  • Texto definitivo de la convocatoria ordinaria 2018 y un resumen de los acuerdos adoptados en el Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en su reunión del pasado 12 de diciembre.

    1. Aprobar la propuesta de Convocatoria para la concesión con cargo al ejercicio presupuestario 2018, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas (se adjunta el texto de dicha Convocatoria, si bien el mismo será modificado en algún artículo, como el 18-b), para aclarar su sentido, sin perjuicio de otras posibles modificaciones que la Administración pudiera introducir con motivo de la tramitación del mismo, hasta su publicación en BOE).
    2. Acuerdo en relación con el proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el SEPE y las Comunidades Autónomas, para la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
    3. Acuerdo en relación con la Resolución del SEPE por la que se aprueba la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
    4. Acuerdo sobre criterios del procedimiento para la financiación de las actividades realizadas por las Estructuras Paritarias Sectoriales, de acuerdo con lo previsto en el art. 37.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. Ha quedado pendiente de celebración un grupo de trabajo para contrastar la actualización de los módulos económicos a incluir en el documento.
    5. En relación con la posible ampliación del plazo de ejecución de la Convocatoria 2016, a pregunta de CEOE, se ha informado por el SEPE de que esa ampliación del plazo de ejecución solo se concederá individualmente, es decir, a solicitud del beneficiario interesado, que deberá indicar la ampliación que propone, que en ningún caso podrá ser superior a 6 meses.
  • logo1 geCon fecha 18 de Enero de 2019, la Base de Datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, ha publicado la Resolución de 18 de Enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, que puedes encontrar en el siguiente enlace: 

    http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/435816

    Dicha Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto en el Boletín Oficial del Estado, incluyendo la apertura del plazo para la presentación de solicitudes.

    Convocatoria Programas 2018 Firmada.pdf.

     

  • Ayudas 430 eurosEl pasado 4 de julio de 2018 se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los Presupuestos Generales del Estado para 2018, en los que se incluye una nueva ayuda de 430,27 euros mensuales para aquellos jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación y el aprendizaje. Esta medida permitirá al trabajador recibir un salario mucho mayor que el que percibe en la actualidad con este tipo de contratos.

    Beneficiarios

    • Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Ley 18/2014, Sección 2ª, Capítulo I Título IV).
    • No estar en posesión de ninguno de los siguientes títulos:
      • Título de Bachiller
      • Título de Técnico de grado medio
      • Título oficial de nivel superior al Bachiller
      • Títulos oficialmente reconocidos como equivalentes a las titulaciones previamente citadas en conformidad con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente
      • Certificado de Profesionalidad de nivel 2 ó 3
    • Suscribir Contrato para la formación y el aprendizaje mínimo de 12 meses.

    Ayuda económica

    • La cuantía de la ayuda serán 430,27 € mensuales, con un máximo de 18 mensualidades o de 36 en caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
    • El trabajador debe solicitar la ayuda, en el plazo máximo de 15 días desde el inicio de su contrato, en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE).

    Trabajadores con contratos de formación anteriores a la entrada en vigor de la ayuda

    Este nuevo complemento salarial al contrato de formación no tiene carácter retroactivo, esto significa que solo podrán beneficiarse los contratos que se realicen a partir del 4 de agosto y que cumplan con los requisitos descritos anteriormente.

    Ayuda adicional también para las empresas

    También está prevista una medida complementaria para aquellas empresas que transformen un contrato de formación en indefinido, ya sea a la finalización del contrato inicial, o a la finalización de cualquiera de sus prórrogas. Se trata de una bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social de 3.000 € anuales durante 3 años.

    Para poder beneficiarse de dicha ayuda, la conversión del contrato en indefinido deberá realizarse a jornada completa. Y, además, la empresa estará obligada a mantener al trabajador en su plantilla durante al menos tres años desde la fecha de la conversión.

    Actualmente la bonificación que recibe la empresa por la conversión de un contrato de formación en indefinido es de 1.500 € al año si la persona contratada es hombre y 1.800 € si es mujer, durante un periodo máximo de 3 años.

    Esta ayuda se sumaría al resto de ventajas y bonificaciones económicas con las que ya cuenta esta modalidad contractual.

    Compatibilidad

    Es compatible con otras medidas de fomento del empleo.

    Documentación

    Formulario de solicitud
    Modelo de contrato para la Formación y el Aprendizaje
    Hoja informativa para la Ayuda Garantía Juvenil
    Tríptico Informativo del Contrato de Formación y Aprendizaje
    Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2018
    Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
  •  

    cambio contrato formacion

    El pasado día 29 de diciembre, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Algunas de estas medidas, afectan directamente al “contrato para la formación y aprendizaje”, que detallamos a continuación:

    • Derogación de contratos e incentivos vinculados a la tasa de desempleo del 15%.
    • A causa del punto anterior, no se podrán celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años. En este sentido, se indica que los contratos celebrados a partir del 15 de octubre de 2018 (fecha en la que según la Encuesta de Población Activa había descendido del 15%) hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se considerarán válidos al amparo de la normativa vigente en el momento de su celebración y plenamente aplicable a estos contratos e incentivos hasta el momento de su derogación o modificación.
    • Derogación de la medida de acompañamiento al salario de los jóvenes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

    Documentación

    Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo

     

  • Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    infoLibre • Plaza Pública
    Publicada 07/04/2018

    Conscientes de las oportunidades que la revolución digital ofrece a la Formación para el Empleo, en los dos últimos años se han invertido millones de euros para adecuarse a las nuevas necesidades de la formación online o e-Learning.

    Con ese esfuerzo por la innovación, que nos exige la sociedad de la comunicación, evolucionamos hacia un modelo de formación que da respuesta a los retos del presente y del futuro para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente, los que engrosan las listas del paro que, con un porcentaje casi del 17%, sitúa a España en el segundo lugar de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia. Un triste récord.

    La tecnología digital brinda herramientas que facilitan el estudio, la comunicación y la interacción fluida entre alumnos y formadores, y la conexión entre los participantes de un mismo grupo, sin necesidad de que todos tengan que estar simultáneamente en el aula o en un lugar concreto. Es una forma de gestionar el conocimiento que, además de favorecer el estudio de unas determinadas especialidades formativas, mejora las competencias digitales de los alumnos, imprescindibles ya en el mundo laboral presente y que aún lo serán más en el futuro inmediato.

    Los jóvenes —incluso los que no han acabado la enseñanza secundaria obligatoria y cuya formación profesional es vital para su futuro personal y para el de la economía española— dominan las nuevas tecnologías a través de sus smartphones o de sus tabletas. Para ellos, incorporar nuevos conocimientos digitales no es un problema y, seguramente, ven en el e-Learning un instrumento que les hace más cercana la recepción del resto de los conocimientos de la Formación para el Empleo que tienen que asimilar.  Las competencias digitales son también importantes para los adultos que crecieron offline. La formación online es una vía excelente para aprender los rudimentos imprescindibles de las tecnologías de la información y la comunicación.

    La apuesta de las Administraciones Públicas por la formación online es inequívoca y es un reto para todos establecer los mecanismos para que estas estrategias de formación puedan implementarse con garantías, pero también a unos ritmos y plazos razonables.

    Sin embargo, las nuevas tecnologías y los contenidos formativos que se incorporan a ellas avanzan con mucha más celeridad que las normas legales. De ahí que a veces las grandes oportunidades que ofrecen para la formación se vean frenadas por una normativa que, lejos de adaptarse a esa rapidez y flexibilidad intrínsecas a la era digital, se encuentra poco desarrollada y es excesivamente rígida en aspectos elementales y fáciles de modificar, como el tiempo de conexión de los alumnos, las horas de tutorías, los controles de aprendizaje o el propio Catálogo de Especialidades Formativas.

    La teleformación camina en paralelo y de manera complementaria a la formación presencial, pero, como hemos visto, con características y entidad propias. Ofrece a los alumnos una gran flexibilidad de tiempo y espacio que les permite conciliar la formación con su jornada de trabajo y con las obligaciones personales y familiares. Cada alumno puede conectarse online en el momento en que se lo permiten sus ocupaciones, porque el alumno pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, marcando, bajo la tutela de los formadores, su propio ritmo de estudio y alcanzando su capacitación académica y laboral donde y cuando la necesita.

    No es comprensible, por tanto, que las normas exijan, por poner un ejemplo, un tiempo elevado de conexión a los alumnos, porque ese requisito choca frontalmente con la flexibilidad de este método, a la par que genera una discriminación negativa entre aquellos participantes que, por sus conocimientos previos de la materia, competencia tecnológica, capacidad de aprendizaje o incluso inteligencia, requieran de un menor tiempo para completar su formación. No parece razonable ni práctico, con las posibilidades que ofrece la tecnología digital, obligar a todos los participantes a seguir el mismo ritmo de aprendizaje simplemente para cumplir un requisito, que no es pedagógico, para ser considerado apto. Debemos exigir a la administración una mayor flexibilidad en esta modalidad formativa que sirva de trampolín para su implementación y no sea un obstáculo en su desarrollo, y que a su vez no disminuya la capacidad de control y seguimiento, imprescindible para toda actividad formativa financiada con fondos públicos.

    Sin lugar a dudas el e-Learning está consolidado como la metodología hacia la que tienden todas las instituciones implicadas en el proceso de aprendizaje, ya sea de forma exclusiva o en combinación con la enseñanza presencial. Más ahora que la propia Administración se está digitalizando en su organización interna y en su relación con el ciudadano. Pero requiere de una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y de la colaboración entre las administraciones, los agentes sociales y las empresas de formación para el empleo para eliminar trabas burocráticas. La capacitación para la inserción en el mercado laboral de nuestro capital humano no puede esperar.

    No debemos dejar de lado la formación privada no presencial dirigida al alumno particular, empresas, entidades públicas, etc. impartida por centros formativos de gran prestigio y con titulaciones propias de un valor muy reconocido en las empresas que aplican programas de calidad y mejora permanente a sus programas de formación, como alternativa a la formación oficial o subvencionada, que consideramos es otra vía para la mejora de conocimientos que puede facilitar la inserción laboral, desarrollo en el puesto de trabajo y el incremento de la empleabilidad.

    Sabemos además que la formación online, como el propio avance de la sociedad digital, es una tendencia irrefrenable en todo el mundo que aporta grandes oportunidades para el desarrollo laboral y empresarial, y nuestro país tiene que saber aprovecharlas. Con una tasa del 38% de paro juvenil, el doble de la media europea, un índice de abandono escolar temprano del 20% y un 35% de jóvenes de entre 24 y 35 años que no ha acabado la enseñanza secundaria obligatoria (según la OCDE), la sociedad española y los agentes implicados en la formación tienen que hacer un enorme esfuerzo para capacitar profesionalmente a una generación en cuyas manos está nuestro progreso futuro.

     

     

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    Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    infoLibre • Plaza Pública
    Publicada 07/04/2018

    Conscientes de las oportunidades que la revolución digital ofrece a la Formación para el Empleo, en los dos últimos años se han invertido millones de euros para adecuarse a las nuevas necesidades de la formación online o e-Learning.

    Con ese esfuerzo por la innovación, que nos exige la sociedad de la comunicación, evolucionamos hacia un modelo de formación que da respuesta a los retos del presente y del futuro para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente, los que engrosan las listas del paro que, con un porcentaje casi del 17%, sitúa a España en el segundo lugar de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia. Un triste récord.

    La tecnología digital brinda herramientas que facilitan el estudio, la comunicación y la interacción fluida entre alumnos y formadores, y la conexión entre los participantes de un mismo grupo, sin necesidad de que todos tengan que estar simultáneamente en el aula o en un lugar concreto. Es una forma de gestionar el conocimiento que, además de favorecer el estudio de unas determinadas especialidades formativas, mejora las competencias digitales de los alumnos, imprescindibles ya en el mundo laboral presente y que aún lo serán más en el futuro inmediato.

    Los jóvenes —incluso los que no han acabado la enseñanza secundaria obligatoria y cuya formación profesional es vital para su futuro personal y para el de la economía española— dominan las nuevas tecnologías a través de sus smartphones o de sus tabletas. Para ellos, incorporar nuevos conocimientos digitales no es un problema y, seguramente, ven en el e-Learning un instrumento que les hace más cercana la recepción del resto de los conocimientos de la Formación para el Empleo que tienen que asimilar.  Las competencias digitales son también importantes para los adultos que crecieron offline. La formación online es una vía excelente para aprender los rudimentos imprescindibles de las tecnologías de la información y la comunicación.

    La apuesta de las Administraciones Públicas por la formación online es inequívoca y es un reto para todos establecer los mecanismos para que estas estrategias de formación puedan implementarse con garantías, pero también a unos ritmos y plazos razonables.

    Sin embargo, las nuevas tecnologías y los contenidos formativos que se incorporan a ellas avanzan con mucha más celeridad que las normas legales. De ahí que a veces las grandes oportunidades que ofrecen para la formación se vean frenadas por una normativa que, lejos de adaptarse a esa rapidez y flexibilidad intrínsecas a la era digital, se encuentra poco desarrollada y es excesivamente rígida en aspectos elementales y fáciles de modificar, como el tiempo de conexión de los alumnos, las horas de tutorías, los controles de aprendizaje o el propio Catálogo de Especialidades Formativas.

    La teleformación camina en paralelo y de manera complementaria a la formación presencial, pero, como hemos visto, con características y entidad propias. Ofrece a los alumnos una gran flexibilidad de tiempo y espacio que les permite conciliar la formación con su jornada de trabajo y con las obligaciones personales y familiares. Cada alumno puede conectarse online en el momento en que se lo permiten sus ocupaciones, porque el alumno pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, marcando, bajo la tutela de los formadores, su propio ritmo de estudio y alcanzando su capacitación académica y laboral donde y cuando la necesita.

    No es comprensible, por tanto, que las normas exijan, por poner un ejemplo, un tiempo elevado de conexión a los alumnos, porque ese requisito choca frontalmente con la flexibilidad de este método, a la par que genera una discriminación negativa entre aquellos participantes que, por sus conocimientos previos de la materia, competencia tecnológica, capacidad de aprendizaje o incluso inteligencia, requieran de un menor tiempo para completar su formación. No parece razonable ni práctico, con las posibilidades que ofrece la tecnología digital, obligar a todos los participantes a seguir el mismo ritmo de aprendizaje simplemente para cumplir un requisito, que no es pedagógico, para ser considerado apto. Debemos exigir a la administración una mayor flexibilidad en esta modalidad formativa que sirva de trampolín para su implementación y no sea un obstáculo en su desarrollo, y que a su vez no disminuya la capacidad de control y seguimiento, imprescindible para toda actividad formativa financiada con fondos públicos.

    Sin lugar a dudas el e-Learning está consolidado como la metodología hacia la que tienden todas las instituciones implicadas en el proceso de aprendizaje, ya sea de forma exclusiva o en combinación con la enseñanza presencial. Más ahora que la propia Administración se está digitalizando en su organización interna y en su relación con el ciudadano. Pero requiere de una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y de la colaboración entre las administraciones, los agentes sociales y las empresas de formación para el empleo para eliminar trabas burocráticas. La capacitación para la inserción en el mercado laboral de nuestro capital humano no puede esperar.

    No debemos dejar de lado la formación privada no presencial dirigida al alumno particular, empresas, entidades públicas, etc. impartida por centros formativos de gran prestigio y con titulaciones propias de un valor muy reconocido en las empresas que aplican programas de calidad y mejora permanente a sus programas de formación, como alternativa a la formación oficial o subvencionada, que consideramos es otra vía para la mejora de conocimientos que puede facilitar la inserción laboral, desarrollo en el puesto de trabajo y el incremento de la empleabilidad.

    Sabemos además que la formación online, como el propio avance de la sociedad digital, es una tendencia irrefrenable en todo el mundo que aporta grandes oportunidades para el desarrollo laboral y empresarial, y nuestro país tiene que saber aprovecharlas. Con una tasa del 38% de paro juvenil, el doble de la media europea, un índice de abandono escolar temprano del 20% y un 35% de jóvenes de entre 24 y 35 años que no ha acabado la enseñanza secundaria obligatoria (según la OCDE), la sociedad española y los agentes implicados en la formación tienen que hacer un enorme esfuerzo para capacitar profesionalmente a una generación en cuyas manos está nuestro progreso futuro.

     

     

  • Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    Con un 39,4% de paro juvenil, una tasa de abandono escolar del 20% y un 35% de los jóvenes entre 25 y 34 años que no han acabado la educación secundaria obligatoria (este último dato aportado por la OCDE el pasado mes de septiembre), el contrato para la formación y el aprendizaje debería ser el instrumento esencial para la capacitación y el acceso al trabajo de los jóvenes que carecen ahora de titulación y de empleo. Lo es, de hecho, en países de nuestro entorno, especialmente en Alemania, que tiene un índice de desempleo juvenil del 7,9%, un porcentaje bajo si se compara con nuestro país y que se atribuye precisamente al buen funcionamiento de esta modalidad de enseñanza.

    En España, sin embargo, la ambigüedad de la nueva normativa y la diversidad de interpretaciones que hace cada administración de los preceptos legales ha generado una gran inseguridad jurídica a empresas, alumnos/trabajadores y a las entidades formadoras y ha provocado que este tipo de contratos cayera en un 73% en un solo año. En 2016 se formalizaron únicamente 46.384 contratos de aprendizaje frente a los 174.923 de 2015, según datos del Servicio Público de Empleo (SEPE).

    Sin embargo, el espíritu del Real Decreto 1529/2012 que desarrolla esa modalidad de formación dual, en la que se combina la instrucción práctica en el puesto de trabajo con la teórica impartida por las empresas de formación para el empleo, no era otro que combatir la alta tasa de paro juvenil, que dobla la media de la Unión Europea, y ofrecer una salida laboral a los jóvenes menores de 30 años sin titulación ni trabajo, a través de una herramienta formativa que les permite obtener un título académico oficial equiparable a la Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad, además de adquirir un conocimiento preciso de la función laboral que van a desempeñar.

    Hablamos de un modelo de éxito en otros países europeos que no debería fracasar en España. Porque en la práctica el contrato de aprendizaje va más allá de la simple capacitación laboral y de la obtención de un título para unos jóvenes cuya escasa empleabilidad es una de las secuelas más dolorosas que han dejado la crisis económica y las burbujas financiera e inmobiliaria que la causaron. La formación dual, al tiempo que forma a los jóvenes para desarrollar un trabajo, facilita que se reenganchen a la educación y accedan a un empleo, lo que refuerza su socialización y les permite empaparse de valores positivos hacia el trabajo. En la línea de lo que dijo Benjamín Franklin ya en el siglo XVIII, “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

    A ese objetivo respondía el Real Decreto 1529/2012 que, de hecho, facilitó que durante los años siguientes miles de jóvenes trabajadores accedieran a un empleo, debido a que tanto las empresas como los alumnos y las entidades de formación apreciaron las bondades de la normativa para hacer frente a la magnitud del problema. Sin embargo, su posterior modificación de enero de 2016 con la entrada en vigor de la impartición presencial y la teleformación como únicas opciones para la formación y el aumento de las trabas burocráticas generó una enorme inseguridad jurídica a los participantes, que lejos de incrementar el número de contratos de esta modalidad se retrajeron y se retiraron de un programa de formación dual tan necesario para la formación de nuestro jóvenes.

    Un ejemplo claro del antagonismo entre lo inflexible y estática que es la normativa frente al dinamismo del mercado laboral son los plazos que se atribuyen a las administraciones públicas para autorizar el inicio de la actividad y que hacen que muchos empresarios desistan de contratar, porque no pueden planificar a tanto tiempo. Un rediseño general de la formación vinculada a estos contratos y la flexibilización de las normas, por ejemplo, sobre la manera en que se distribuyen las horas de formación práctica y teórica o se realizan las tutorías, estimularían a las empresas a su utilización y permitirían que la oferta formativa se adaptara a las posibilidades reales de empresas y alumnos.

    Pero el cambio más importante que se necesita para impulsar este tipo de formación y aproximarse así a los resultados de inserción laboral de los jóvenes que produce el modelo alemán, en el que se inspiró el real decreto de 2012, descansaría en la incorporación de procedimientos que faciliten casi de forma automática la autorización de este tipo de contratos, la vuelta de la formación a distancia para aquellas especialidades sin certificados de profesionalidad acreditados en teleformación y la libre elección de los alumnos/trabajadores de los módulos que les interesan.

    Esa modificación normativa debería ser el producto del trabajo conjunto y coordinado de expertos, agentes sociales y entidades prestadoras de los servicios de formación, que tienen una amplia experiencia sobre el terreno y conocen la complejidad del contrato para la formación y el aprendizaje en el que el alumno tiene que desempeñar su trabajo remunerado en una empresa y dedicar una parte de su jornada laboral a la formación lectiva.

    Ganar el desafío de incorporar al mercado laboral a cientos de miles de jóvenes españoles que ahora se encuentran sin titulación y sin trabajo es esencial no solo para su futuro como personas integradas socialmente, sino también para incrementar la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país en un mundo globalizado. Conseguirlo requiere de las administraciones públicas más agilidad y flexibilidad en la normativa sobre formación para el empleo, y en particular sobre el contrato para la formación y el aprendizaje. Lo que unido a una interpretación más homogénea de las normas y a la potenciación del conocimiento público de esta modalidad contractual alentaría a impulsar esa actividad formativa a empresas, alumnos y entidades formadoras que, pese a las dificultades, mantienen su vocación por la formación en las empresas y la cualificación de los desempleados así como la apuesta por la calidad, la innovación y la mejora metodológica en los modelos pedagógicos de formación presencial y no presencial.

     

     

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    Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    Con un 39,4% de paro juvenil, una tasa de abandono escolar del 20% y un 35% de los jóvenes entre 25 y 34 años que no han acabado la educación secundaria obligatoria (este último dato aportado por la OCDE el pasado mes de septiembre), el contrato para la formación y el aprendizaje debería ser el instrumento esencial para la capacitación y el acceso al trabajo de los jóvenes que carecen ahora de titulación y de empleo. Lo es, de hecho, en países de nuestro entorno, especialmente en Alemania, que tiene un índice de desempleo juvenil del 7,9%, un porcentaje bajo si se compara con nuestro país y que se atribuye precisamente al buen funcionamiento de esta modalidad de enseñanza.

    En España, sin embargo, la ambigüedad de la nueva normativa y la diversidad de interpretaciones que hace cada administración de los preceptos legales ha generado una gran inseguridad jurídica a empresas, alumnos/trabajadores y a las entidades formadoras y ha provocado que este tipo de contratos cayera en un 73% en un solo año. En 2016 se formalizaron únicamente 46.384 contratos de aprendizaje frente a los 174.923 de 2015, según datos del Servicio Público de Empleo (SEPE).

    Sin embargo, el espíritu del Real Decreto 1529/2012 que desarrolla esa modalidad de formación dual, en la que se combina la instrucción práctica en el puesto de trabajo con la teórica impartida por las empresas de formación para el empleo, no era otro que combatir la alta tasa de paro juvenil, que dobla la media de la Unión Europea, y ofrecer una salida laboral a los jóvenes menores de 30 años sin titulación ni trabajo, a través de una herramienta formativa que les permite obtener un título académico oficial equiparable a la Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad, además de adquirir un conocimiento preciso de la función laboral que van a desempeñar.

    Hablamos de un modelo de éxito en otros países europeos que no debería fracasar en España. Porque en la práctica el contrato de aprendizaje va más allá de la simple capacitación laboral y de la obtención de un título para unos jóvenes cuya escasa empleabilidad es una de las secuelas más dolorosas que han dejado la crisis económica y las burbujas financiera e inmobiliaria que la causaron. La formación dual, al tiempo que forma a los jóvenes para desarrollar un trabajo, facilita que se reenganchen a la educación y accedan a un empleo, lo que refuerza su socialización y les permite empaparse de valores positivos hacia el trabajo. En la línea de lo que dijo Benjamín Franklin ya en el siglo XVIII, “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

    A ese objetivo respondía el Real Decreto 1529/2012 que, de hecho, facilitó que durante los años siguientes miles de jóvenes trabajadores accedieran a un empleo, debido a que tanto las empresas como los alumnos y las entidades de formación apreciaron las bondades de la normativa para hacer frente a la magnitud del problema. Sin embargo, su posterior modificación de enero de 2016 con la entrada en vigor de la impartición presencial y la teleformación como únicas opciones para la formación y el aumento de las trabas burocráticas generó una enorme inseguridad jurídica a los participantes, que lejos de incrementar el número de contratos de esta modalidad se retrajeron y se retiraron de un programa de formación dual tan necesario para la formación de nuestro jóvenes.

    Un ejemplo claro del antagonismo entre lo inflexible y estática que es la normativa frente al dinamismo del mercado laboral son los plazos que se atribuyen a las administraciones públicas para autorizar el inicio de la actividad y que hacen que muchos empresarios desistan de contratar, porque no pueden planificar a tanto tiempo. Un rediseño general de la formación vinculada a estos contratos y la flexibilización de las normas, por ejemplo, sobre la manera en que se distribuyen las horas de formación práctica y teórica o se realizan las tutorías, estimularían a las empresas a su utilización y permitirían que la oferta formativa se adaptara a las posibilidades reales de empresas y alumnos.

    Pero el cambio más importante que se necesita para impulsar este tipo de formación y aproximarse así a los resultados de inserción laboral de los jóvenes que produce el modelo alemán, en el que se inspiró el real decreto de 2012, descansaría en la incorporación de procedimientos que faciliten casi de forma automática la autorización de este tipo de contratos, la vuelta de la formación a distancia para aquellas especialidades sin certificados de profesionalidad acreditados en teleformación y la libre elección de los alumnos/trabajadores de los módulos que les interesan.

    Esa modificación normativa debería ser el producto del trabajo conjunto y coordinado de expertos, agentes sociales y entidades prestadoras de los servicios de formación, que tienen una amplia experiencia sobre el terreno y conocen la complejidad del contrato para la formación y el aprendizaje en el que el alumno tiene que desempeñar su trabajo remunerado en una empresa y dedicar una parte de su jornada laboral a la formación lectiva.

    Ganar el desafío de incorporar al mercado laboral a cientos de miles de jóvenes españoles que ahora se encuentran sin titulación y sin trabajo es esencial no solo para su futuro como personas integradas socialmente, sino también para incrementar la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país en un mundo globalizado. Conseguirlo requiere de las administraciones públicas más agilidad y flexibilidad en la normativa sobre formación para el empleo, y en particular sobre el contrato para la formación y el aprendizaje. Lo que unido a una interpretación más homogénea de las normas y a la potenciación del conocimiento público de esta modalidad contractual alentaría a impulsar esa actividad formativa a empresas, alumnos y entidades formadoras que, pese a las dificultades, mantienen su vocación por la formación en las empresas y la cualificación de los desempleados así como la apuesta por la calidad, la innovación y la mejora metodológica en los modelos pedagógicos de formación presencial y no presencial.

     

     

  • La financiación de programas de formación estatales dirigidos a ocupados satisface una de las principales demandas del sector

    Madrid, 7 de marzo de 2019

    • Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) se felicitan ante los recientes avances producidos con la publicación de la convocatoria de subvenciones para programas de formación correspondiente a 2018.
    • El presupuesto plurianual de 350 millones permitirá capacitar en competencias específicas y transversales a personas ocupadas y desempleadas, aliviando la comprometida situación financiera del sector.
    • El sector de la Formación para el Empleo, formado por 15.000 empresas, es crítico para garantizar la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza en un contexto de cambio tecnológico acelerado.
    • Transformar el actual modelo subvencional en otro que sea capaz de identificar las necesidades formativas, evaluar su impacto y que compatibilice la concurrencia privada y la gratuidad de la oferta, principal demanda a futuro del sector.

     

    aegef anced cecap

    Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) muestran su satisfacción ante los avances registrados gracias a la reciente convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de programas de formación estatales dirigidos a personas ocupadas. La convocatoria, publicada en enero y correspondiente a 2018, ha cerrado el 7 de marzo el plazo para la presentación de solicitudes. Se cumple así una de las principales demandas formuladas en los últimos años por el sector, que permitirá capacitar en nuevas competencias profesionales a la población ocupada, contribuyendo así al necesario ajuste entre las necesidades de un mercado laboral en profunda mutación y las habilidades de la población activa.

    La convocatoria, que fue aprobada en una resolución del SEPE el pasado 17 de enero, contempla un presupuesto de 350 millones de euros para la financiación de programas estatales de formación dirigidos de forma prioritaria a personas ocupadas. Esta partida presupuestaria, que se distribuirá durante los tres próximos años, estará destinada a aquellas entidades de formación públicas y privadas, o agrupaciones de las mismas, que se dediquen a la formación presencial o a distancia en al menos dos comunidades autónomas.

    La aprobación de esta convocatoria era una de las principales demandas que el sector había planteado al Gobierno. Durante los años más duros de la crisis, casi 5 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, no pudieron actualizar sus competencias ante la ausencia de inversión pública, un derecho individual reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y ante el cual la Constitución confiere responsabilidad a los poderes públicos.

    En opinión de las principales organizaciones representativas, la recuperación de los niveles de empleo previos a la crisis y, especialmente, la adecuación de la formación de los trabajadores a las nuevas demandas que el rápido cambio tecnológico exige al mercado laboral pasan por asegurar la sostenibilidad financiera de un sector formado por 15.000 empresas, pymes en su gran mayoría, y que da trabajo a 150.000 personas.

    Frente al carácter anual y recurrente que las convocatorias tenían hasta 2014, la última databa de septiembre de 2016, siendo además objeto de importantes retrasos tanto en la fase de instrucción como en la de ejecución. Además de la incapacidad para planificar inversiones en el medio plazo dada la inseguridad jurídica y la falta de periodicidad, el consiguiente retraso en los pagos (de hasta 550 días de media), sumado a la necesidad de mantener los costes de personal y estructura mínimos, había sumido al sector en una situación financiera crítica, como las principales organizaciones representativas venían denunciando reiteradamente.

    La convocatoria de 2018 proporciona confianza a las organizaciones en que sus demandas adicionales de un cambio de modelo encuentren un eco adecuado en el Gobierno. Estas se muestran especialmente interesadas en que el correspondiente periodo de instrucción de esta convocatoria no supere los seis meses marcados por ley y que, a pesar del contexto de incertidumbre política en nuestro país, el Gobierno resuelva con diligencia y eficacia un compromiso del que depende el reciclaje profesional de muchos trabajadores.

    Más allá de paliar la crítica situación financiera a la que la inseguridad jurídica, la excesiva carga burocrática y falta de ejecución de la financiación pública les aboca, las organizaciones abogan también por un cambio sustancial que transforme el actual modelo subvencional, en el que las entidades de formación concurren competitivamente a las convocatorias de financiación estatales en un modelo más estable y más adaptado tanto a los centros como a los destinatarios de la formación. En opinión de las principales organizaciones representativas, ello situaría al sector en una posición ideal para garantizar la empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la creación de riqueza para la sociedad durante las próximas décadas.

     

    Acerca de AEGEF, ANCED y CECAP

    AEGEF es una asociación de grandes empresas de formación de ámbito estatal, con una larga experiencia ofreciendo todo tipo de servicios relacionados con la formación, tanto a organizaciones como a particulares. ANCED es la principal organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia. CECAP es la organización empresarial más representativa del sector de la formación en España, con centros asociados en todas las Comunidades Autónomas dedicados a impartir enseñanza y formación no reglada.

  • La financiación de programas de formación estatales dirigidos a ocupados satisface una de las principales demandas del sector

    Madrid, 7 de marzo de 2019

    • Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) se felicitan ante los recientes avances producidos con la publicación de la convocatoria de subvenciones para programas de formación correspondiente a 2018.
    • El presupuesto plurianual de 350 millones permitirá capacitar en competencias específicas y transversales a personas ocupadas y desempleadas, aliviando la comprometida situación financiera del sector.
    • El sector de la Formación para el Empleo, formado por 15.000 empresas, es crítico para garantizar la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza en un contexto de cambio tecnológico acelerado.
    • Transformar el actual modelo subvencional en otro que sea capaz de identificar las necesidades formativas, evaluar su impacto y que compatibilice la concurrencia privada y la gratuidad de la oferta, principal demanda a futuro del sector.

     

    aegef anced cecap

    Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) muestran su satisfacción ante los avances registrados gracias a la reciente convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de programas de formación estatales dirigidos a personas ocupadas. La convocatoria, publicada en enero y correspondiente a 2018, ha cerrado el 7 de marzo el plazo para la presentación de solicitudes. Se cumple así una de las principales demandas formuladas en los últimos años por el sector, que permitirá capacitar en nuevas competencias profesionales a la población ocupada, contribuyendo así al necesario ajuste entre las necesidades de un mercado laboral en profunda mutación y las habilidades de la población activa.

    La convocatoria, que fue aprobada en una resolución del SEPE el pasado 17 de enero, contempla un presupuesto de 350 millones de euros para la financiación de programas estatales de formación dirigidos de forma prioritaria a personas ocupadas. Esta partida presupuestaria, que se distribuirá durante los tres próximos años, estará destinada a aquellas entidades de formación públicas y privadas, o agrupaciones de las mismas, que se dediquen a la formación presencial o a distancia en al menos dos comunidades autónomas.

    La aprobación de esta convocatoria era una de las principales demandas que el sector había planteado al Gobierno. Durante los años más duros de la crisis, casi 5 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, no pudieron actualizar sus competencias ante la ausencia de inversión pública, un derecho individual reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y ante el cual la Constitución confiere responsabilidad a los poderes públicos.

    En opinión de las principales organizaciones representativas, la recuperación de los niveles de empleo previos a la crisis y, especialmente, la adecuación de la formación de los trabajadores a las nuevas demandas que el rápido cambio tecnológico exige al mercado laboral pasan por asegurar la sostenibilidad financiera de un sector formado por 15.000 empresas, pymes en su gran mayoría, y que da trabajo a 150.000 personas.

    Frente al carácter anual y recurrente que las convocatorias tenían hasta 2014, la última databa de septiembre de 2016, siendo además objeto de importantes retrasos tanto en la fase de instrucción como en la de ejecución. Además de la incapacidad para planificar inversiones en el medio plazo dada la inseguridad jurídica y la falta de periodicidad, el consiguiente retraso en los pagos (de hasta 550 días de media), sumado a la necesidad de mantener los costes de personal y estructura mínimos, había sumido al sector en una situación financiera crítica, como las principales organizaciones representativas venían denunciando reiteradamente.

    La convocatoria de 2018 proporciona confianza a las organizaciones en que sus demandas adicionales de un cambio de modelo encuentren un eco adecuado en el Gobierno. Estas se muestran especialmente interesadas en que el correspondiente periodo de instrucción de esta convocatoria no supere los seis meses marcados por ley y que, a pesar del contexto de incertidumbre política en nuestro país, el Gobierno resuelva con diligencia y eficacia un compromiso del que depende el reciclaje profesional de muchos trabajadores.

    Más allá de paliar la crítica situación financiera a la que la inseguridad jurídica, la excesiva carga burocrática y falta de ejecución de la financiación pública les aboca, las organizaciones abogan también por un cambio sustancial que transforme el actual modelo subvencional, en el que las entidades de formación concurren competitivamente a las convocatorias de financiación estatales en un modelo más estable y más adaptado tanto a los centros como a los destinatarios de la formación. En opinión de las principales organizaciones representativas, ello situaría al sector en una posición ideal para garantizar la empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la creación de riqueza para la sociedad durante las próximas décadas.

     

    Acerca de AEGEF, ANCED y CECAP

    AEGEF es una asociación de grandes empresas de formación de ámbito estatal, con una larga experiencia ofreciendo todo tipo de servicios relacionados con la formación, tanto a organizaciones como a particulares. ANCED es la principal organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia. CECAP es la organización empresarial más representativa del sector de la formación en España, con centros asociados en todas las Comunidades Autónomas dedicados a impartir enseñanza y formación no reglada.

  • Aula de formación de trabajadores

    Se ha publicado la convocatoria estatal para la concesión de subvenciones públicas para planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, a ejecutar en 2016 y 2017. Esta convocatoria estatal es la primera que se realiza desde la aprobación de la Ley 30/2015, de 9 septiembre de 2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

    Para su financiación se destinan 250 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y 2017. De estos, se destinan 216 millones de euros a planes de formación sectoriales, 22 millones a planes de formación intersectoriales, 6 millones a planes de formación específicos de la economía social y 6 millones para planes de formación dirigidos a trabajadores autónomos.

    Esta es la primera convocatoria estatal de subvenciones para la formación de trabajadores ocupados abierta totalmente a la concurrencia competitiva entre entidades de formación. Podrán solicitar subvención todas las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de constitución y medios establecidos en la convocatoria, así como los requisitos de acreditación o inscripción en el Registro correspondiente de entidades de formación.

    Esta convocatoria tiene un carácter transitorio, a la espera del desarrollo reglamentario del nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo que instaura la la Ley 30/2015.

    En un reciente post del blog de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo se explican las principales novedades de esta convocatoria de formación.

  • Valeriano Gómez, exministro de Trabajo: “El sector de la formación para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías”

    • El informe analiza la situación del sistema y aporta un cuadro de propuestas de desarrollo normativo para avanzar hacia un modelo de formación para el empleo de calidad y que mejore la empleabilidad en España.
    • Las organizaciones más representativas (AEGEF, ANCED, CECAP) reivindican una mayor seguridad jurídica en el desarrollo normativo de la legislación vigente para garantizar y promover una oferta formativa de calidad.
    • Al acto de presentación han acudido un centenar de personas del entorno político, institucional, sindical y empresarial.

    Madrid, 17 de enero de 2018.  El exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha manifestado hoy que el sector de la formación precisa de una estrecha y fuerte colaboración de los poderes públicos para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    La formación para el empleo en España

    El extitular de la cartera de Trabajo durante los años 2010 y 2011 ha realizado estas declaraciones en la presentación del informe que ha elaborado, bajo el título de “La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado”, en colaboración con las organizaciones más representativas del sector (AEGEF, ANCED, CECAP).

    El informe recoge un análisis detallado sobre la situación del actual sistema de formación para el empleo en España desde la perspectiva del conjunto de empresas que conforma el sector prestador de este tipo de servicios para trabajadores en España. Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, estas organizaciones, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

    En este sentido, el informe, que ha sido remitido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por parte de su autor, incluye un cuadro de propuestas para acometer el desarrollo de las órdenes ministeriales que permita avanzar hacia un modelo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado.

    Para Valeriano Gómez esta ley es “buena y despierta buenas expectativas en todos los actores”, pero requiere de una “estrecha y fuerte colaboración” entre el sector de la formación y los poderes públicos para afrontar juntos los retos actuales. El exministro ha demandado también a estos poderes públicos que ofrezcan a las empresas de formación estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    Gómez ha asegurado que en numerosas ocasiones “hemos sido tan exigentes desde el ámbito de los poderes públicos que en la práctica dificultamos la propia acción de estos servicios de formación profesional”. Y ha aseverado que “esto es algo que debemos solventar porque no hay un sistema alternativo o, por lo menos, los poderes públicos no tienen un sistema alternativo”. La solución para Gómez pasa por una formación para el empleo consolidada que avance hacia un sistema de gestión de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, sometido a todos los controles que sean necesarios, siempre y cuando ese control no se realice acosta de dificultar su propia actividad.

    El exministro asegura que las consecuencias de estos controles han dejado unos resultados, recogidos en este informe, de “caída espectacular” en el ámbito de la formación de oferta y en el segmento de las medianas y pequeñas empresas.

    Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), Juan Antonio Sánchez, ha destacado en su intervención que “mejorar el empleo, su calidad y la empleabilidad, sigue siendo uno de los principales retos que tenemos que abordar entre todos, tanto la Administración Pública como las empresas y los trabajadores”. Por ello, ha reivindicado que el sector al que representa “debe ejercer un papel clave como fiel aliado de la Administración y de los agentes sociales” al ser “eslabón que conecta a empresas y trabajadores, lo que da lugar a un mejor conocimiento de sus necesidades formativas”.

    En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate, ha destacado la creación de la Plataforma de Asociaciones de Formación con el fin de convertirse en “interlocutores válidos” ante los legisladores, agentes sociales y Administración para poder así colaborar con ellos en aquellos cambios normativos encaminados a mejorar la formación para el empleo. Y  les ha emplazado a “trabajar unidos para alcanzar el objetivo más importante que tiene nuestro sector, que es la formación de personas, pilar básico en cualquier economía desarrollada, y que sirva de ayuda para la incorporación al mercado laboral”.

    Para el presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Pedro Rey, la apuesta por la Administración por la Ley 30/2015 supuso un hito importante ya que posibilitaba la entrada de los centros y entidades de formación en régimen de concurrencia competitiva en el sistema. Para Rey, es imprescindible el desarrollo de los distintos instrumentos que recoge esta ley (escenario plurianual, planificación estratégica, fórmulas alternativas a la subvención, nuevas Estructuras Paritarias, financiación, creación de un sistema integrado de información, Catálogo de Especialidades Formativas coordinado y único, etc.). Todas estas propuestas aportarán según Pedro Rey, calidad y eficiencia al sistema y medir el impacto y alcance de la formación en términos de competitividad y profesionalización.

    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
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    Valeriano Gómez, exministro de Trabajo: “El sector de la formación para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías”

    • El informe analiza la situación del sistema y aporta un cuadro de propuestas de desarrollo normativo para avanzar hacia un modelo de formación para el empleo de calidad y que mejore la empleabilidad en España.
    • Las organizaciones más representativas (AEGEF, ANCED, CECAP) reivindican una mayor seguridad jurídica en el desarrollo normativo de la legislación vigente para garantizar y promover una oferta formativa de calidad.
    • Al acto de presentación han acudido un centenar de personas del entorno político, institucional, sindical y empresarial.

    Madrid, 17 de enero de 2018.  El exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha manifestado hoy que el sector de la formación precisa de una estrecha y fuerte colaboración de los poderes públicos para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    La formación para el empleo en España

    El extitular de la cartera de Trabajo durante los años 2010 y 2011 ha realizado estas declaraciones en la presentación del informe que ha elaborado, bajo el título de “La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado”, en colaboración con las organizaciones más representativas del sector (AEGEF, ANCED, CECAP).

    El informe recoge un análisis detallado sobre la situación del actual sistema de formación para el empleo en España desde la perspectiva del conjunto de empresas que conforma el sector prestador de este tipo de servicios para trabajadores en España. Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, estas organizaciones, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

    En este sentido, el informe, que ha sido remitido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por parte de su autor, incluye un cuadro de propuestas para acometer el desarrollo de las órdenes ministeriales que permita avanzar hacia un modelo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado.

    Para Valeriano Gómez esta ley es “buena y despierta buenas expectativas en todos los actores”, pero requiere de una “estrecha y fuerte colaboración” entre el sector de la formación y los poderes públicos para afrontar juntos los retos actuales. El exministro ha demandado también a estos poderes públicos que ofrezcan a las empresas de formación estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    Gómez ha asegurado que en numerosas ocasiones “hemos sido tan exigentes desde el ámbito de los poderes públicos que en la práctica dificultamos la propia acción de estos servicios de formación profesional”. Y ha aseverado que “esto es algo que debemos solventar porque no hay un sistema alternativo o, por lo menos, los poderes públicos no tienen un sistema alternativo”. La solución para Gómez pasa por una formación para el empleo consolidada que avance hacia un sistema de gestión de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, sometido a todos los controles que sean necesarios, siempre y cuando ese control no se realice acosta de dificultar su propia actividad.

    El exministro asegura que las consecuencias de estos controles han dejado unos resultados, recogidos en este informe, de “caída espectacular” en el ámbito de la formación de oferta y en el segmento de las medianas y pequeñas empresas.

    Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), Juan Antonio Sánchez, ha destacado en su intervención que “mejorar el empleo, su calidad y la empleabilidad, sigue siendo uno de los principales retos que tenemos que abordar entre todos, tanto la Administración Pública como las empresas y los trabajadores”. Por ello, ha reivindicado que el sector al que representa “debe ejercer un papel clave como fiel aliado de la Administración y de los agentes sociales” al ser “eslabón que conecta a empresas y trabajadores, lo que da lugar a un mejor conocimiento de sus necesidades formativas”.

    En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate, ha destacado la creación de la Plataforma de Asociaciones de Formación con el fin de convertirse en “interlocutores válidos” ante los legisladores, agentes sociales y Administración para poder así colaborar con ellos en aquellos cambios normativos encaminados a mejorar la formación para el empleo. Y  les ha emplazado a “trabajar unidos para alcanzar el objetivo más importante que tiene nuestro sector, que es la formación de personas, pilar básico en cualquier economía desarrollada, y que sirva de ayuda para la incorporación al mercado laboral”.

    Para el presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Pedro Rey, la apuesta por la Administración por la Ley 30/2015 supuso un hito importante ya que posibilitaba la entrada de los centros y entidades de formación en régimen de concurrencia competitiva en el sistema. Para Rey, es imprescindible el desarrollo de los distintos instrumentos que recoge esta ley (escenario plurianual, planificación estratégica, fórmulas alternativas a la subvención, nuevas Estructuras Paritarias, financiación, creación de un sistema integrado de información, Catálogo de Especialidades Formativas coordinado y único, etc.). Todas estas propuestas aportarán según Pedro Rey, calidad y eficiencia al sistema y medir el impacto y alcance de la formación en términos de competitividad y profesionalización.

    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
  • libros

    Continuando con el desarrollo reglamentario de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, iniciado por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, mediante la nueva Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, se establece la estructura del Catálogo de Especialidades Formativas, así como los procedimientos para su actualización permanente, incluyendo el procedimiento para el alta, modificación, baja y reactivación de especialidades en el Catálogo de Especialidades Formativas, de manera que responda con agilidad a las demandas de formación de sectores y ocupaciones emergentes.

    La nueva Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, viene a desarrollar parcialmente el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, con el objeto de regular la estructura y contenido del Catálogo de Especialidades Formativas y el procedimiento para su gestión y actualización, de manera que responda con agilidad a las demandas de formación de los sectores y ocupaciones emergentes.

    Así mismo, se establecen los mecanismos para la difusión, seguimiento y evaluación del citado Catálogo, con objeto de asegurar su calidad y el cumplimiento de sus finalidades y queda derogada la Resolución de 12 de marzo de 2010, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la inclusión de nuevas especialidades en el fichero de especialidades formativas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única relativa a la gestión por el Servicio Público de Empleo Estatal.

    Catálogo de Especialidades Formativas

    El Catálogo de Especialidades Formativas es uno de los instrumentos de transparencia y difusión del sistema integrado de información de la formación profesional para el empleo, e incluye la ordenación de toda la oferta de formación, formal y no formal, desarrollada en el marco del Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

    Las finalidades del Catálogo de Especialidades Formativas son las siguientes:

    1. Adecuar y actualizar la oferta de formación profesional para el empleo, considerando la prospección y detección de necesidades formativas y el escenario plurianual, previstos en los artículos 4 y 5 de Ley 30/2015, de 9 de septiembre, así como los resultados del seguimiento, control y evaluación de la formación u otras fuentes de información de los Servicios Públicos de Empleo.
    2. Ser el referente común para la programación de las acciones formativas en todas las iniciativas de formación profesional para el empleo dirigidas a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, excepto las dirigidas a la formación programada por las empresas para sus trabajadores.
    3. Ser un referente en los procesos de la acreditación y/o inscripción de las entidades de formación en los registros de las Administraciones Públicas competentes, cuando estas reúnan los requisitos especificados en el Catálogo, según se establece en el artículo 15 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
    4. Facilitar el seguimiento, evaluación y mejora de la calidad de la formación profesional para el empleo, considerando lo establecido en los programas de las especialidades formativas que configuran el Catálogo y los resultados alcanzados en la impartición de las correspondientes acciones formativas.
    5. Favorecer los procedimientos de acreditación de las competencias profesionales adquiridas en la formación formal, mediante la certificación de módulos superados y de expedición de los certificados de profesionalidad o de sus acreditaciones parciales acumulables, que se reflejarán en la Cuenta de Formación del trabajador; y en la formación no formal, mediante la expedición de los diplomas acreditativos o de los certificados de asistencia, como corresponda en cada caso, según lo recogido en el artículo 7 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.
    6. Ser un instrumento de apoyo para la orientación profesional realizada por los Servicios Públicos de Empleo, mediante la utilización del Catálogo para el diseño de itinerarios personalizados para el empleo y la identificación de itinerarios formativos cuando se precise, para los usuarios de dichos servicios, en la búsqueda de oportunidades de formación y/o empleo acordes a su perfil, de acuerdo con lo establecido en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, aprobada por Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, y su normativa de desarrollo.
    7. Contribuir a la transparencia y unidad del mercado laboral y a la movilidad de las personas trabajadoras.

    Marco jurídico, estable y común

    Con la finalidad de establecer un marco jurídico, estable y común para todos, que contribuya a reforzar la coordinación, la colaboración y la cooperación de los diferentes actores y Administraciones Públicas que participan en el Sistema de Formación Profesional para el empleo, garantizando de este modo la necesaria unidad de mercado, la Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, regula la estructura, contenido y procedimiento de actualización del Catálogo de Especialidades Formativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, para lo que, en sus anexos se establecen:

    1. Familias y Áreas Profesionales.
    2. Propuesta de alta o modificación de especialidad formativa.
    3. Propuesta de alta de itinerario formativo.
    4. Propuesta de baja o reactivación de especialidad o itinerario formativo.
    5. Programa formativo.

    Áreas prioritarias, Iniciativas de formación y tipos de programas y Valoración de las especialidades

    A efectos de la programación formativa se considerarán áreas prioritarias las dirigidas a anticipar las necesidades de cualificación del sistema productivo así como a cubrir las necesidades actuales y las orientadas al desarrollo de los sectores más innovadores y/o con mejores perspectivas de empleo o necesidades vinculadas con los sectores productivos que tengan regulaciones específicas, de conformidad con lo que establezcan al respecto el informe anual y el escenario plurianual previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

    Junto a las áreas prioritarias, para las especialidades del Catálogo se contemplarán también las siguientes variables:

    1. Iniciativas de formación y tipos de programas: Para cada especialidad se registrarán las iniciativas y tipo de programa en los que ha intervenido.
    2. Valoración de las especialidades: Se dispondrá de información sobre el funcionamiento de las especialidades para valorar su calidad por parte de distintos agentes, como las entidades o centros de formación y los participantes en la misma.
  • Resultados EPACon la publicación de los resultados de la EPA (Encuesta de Población Activa) el pasado 25 de octubre, la tasa de desempleo bajó por primera vez desde finales de 2008 del 15%, situándose en el periodo de julio a septiembre de 2018 en el 14,55%. Según la disposición transitoria novena de la Ley 3/2012, “Hasta que la tasa de desempleo en nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán realizarse contratos para la formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que sea de aplicación el límite de edad establecido en el párrafo primero del artículo 11.2ª del Estatuto de los Trabajadores”.

    Según la consulta telefónica al Servicio Público de Empleo, nos indican que para hacer efectivo el artículo 11.2ª del Estatuto de los Trabajadores, se necesita una consolidación de este porcentaje de desempleo reflejado en la EPA en los próximos trimestres. Posteriormente el SEPE deberá emitir un comunicado para dejar sin efecto la disposición transitoria novena de la Ley 3/2012.

    Por lo tanto y hasta que no se produzca dicha comunicación, se podrán seguir registrando contratos para la formación a menores de 30 años.

    Estadísticas mes de octubre

    El pasado 5 de noviembre fueron publicadas en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal las estadísticas de contratos del mes de octubre. Se registraron 4.636 contratos para la formación y aprendizaje lo que representa una bajada del 6,55% respecto al mismo mes del año anterior.

    En términos anuales registra un incremento del 2,39%, pasando de los 38.914 a los 39.843 contratos registrados de enero a octubre de 2018. Por provincias es Madrid la que más contratos registra con 4.168 seguida de Sevilla con 3.113. Por Comunidades Autónomas, se sitúa en cabeza Andalucía con 10.693 contratos lo que representa el 26,84% del total registrado en los servicios públicos de empleo. Muy por detrás aparece Canarias con poco más 5.000 contratos y la Comunidad Valencia por encima de los 4.300.

     

  • boe logotipoDe conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/435816): 

    Primero. Entidades solicitantes: requisitos y acreditación.

    Podrán solicitar subvenciones para financiar la ejecución de los distintos tipos de programas vinculados objeto de esta convocatoria de ámbito estatal, señalados en el artículo 11 las siguientes entidades:

    1. Las entidades de formación, públicas o privadas, con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, titulares de aulas o instalaciones para formación presencial o plataformas digitales, acreditadas y/o inscritas, que permitan la impartición de las especialidades formativas que solicitan en al menos dos comunidades autónomas.

      En todo caso se considera que cumplen los requisitos los Centros de Referencia Nacional para las especialidades y certificados de su ámbito de referencia, así como los Centros Integrados de Formación Profesional de titularidad pública.

      Si una entidad se presenta al amparo de esta letra a) no podrá participar en ninguna de las agrupaciones previstas en la letra b) para el mismo tipo de programa o ámbito sectorial.
    2. Las agrupaciones previstas en el artículo 3.6 de la Orden TAS 718/2008, de 7 de marzo, con presencia en más de una Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía, constituidas por entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el Registro correspondiente, titulares de aulas o instalaciones para formación presencial o plataformas digitales, que permitan la impartición de las especialidades formativas que solicitan en, al menos, dos comunidades autónomas.

      Requisitos de las entidades de formación solicitantes.
      1. Las entidades de formación deberán estar acreditadas y/o inscritas al momento de presentación de la solicitud para aquellas especialidades formativas que constituyan el objeto de la misma. Asimismo, las entidades deberán cumplir por cada certificado de profesionalidad, los requisitos establecidos en los reales decretos reguladores de cada certificado de profesionalidad en la impartición de formación correspondiente a la misma familia profesional.
      2. En el caso de especialidades formativas incluidas en el Catálogo de Especialidades Formativas no vinculadas a la obtención de un certificado de profesionalidad, las entidades de formación deberán estar inscritas para la impartición de las acciones incluidas en la solicitud presentada al momento de la presentación de la misma.

        No obstante, a los solos efectos de la presente convocatoria, la inscripción de la entidad de formación que no estuviera previamente inscrita, se realizará, tanto en la modalidad presencial como en la de teleformación, a través de la presentación de una declaración responsable (anexos V y/o VI), junto con la solicitud de la subvención. Esta inscripción será de aplicación únicamente en el supuesto de que la entidad resulte beneficiaria y tendrá una vigencia limitada a la de la propia duración de la impartición de las acciones formativas subvencionadas. Las entidades deberán cumplir con la normativa de aplicación y los requisitos y especificaciones recogidas en los programas formativos de cada especialidad. La falta de inscripción previa, o de presentación junto a la solicitud de los mencionados anexos V y/o VI, implicará la anulación de la acción formativa y, en su caso, de la entidad afectada, lo que podrá suponer la denegación de la solicitud presentada.
      3. Las entidades solicitantes habrán de estar constituidas como entidades de formación, con anterioridad al 1 de enero de 2018, y disponer, de conformidad con el artículo 15.3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, de instalaciones y recursos humanos suficientes que garanticen su solvencia técnica para impartir la formación, tanto teórica como práctica, así como la calidad de la misma. Las instalaciones y recursos podrán ser propios o bien de titularidad de terceras entidades privadas o públicas cuando ello no implique subcontratar la ejecución de la actividad formativa, debiendo aportar en este caso el correspondiente acuerdo o contrato de disponibilidad.
      4. A tal fin las entidades deberán acreditar la disponibilidad de instalaciones y recursos humanos adecuados que la entidad destinará a la ejecución del programa de formación, indicando si son de titularidad propia o si su disponibilidad proviene de cualquier otra atribución válida en derecho. Esta información se acreditará mediante la presentación de una declaración responsable del representante legal junto con la solicitud de la subvención. Deberán contar con, al menos, una persona contratada por cuenta ajena con anterioridad al 1 de enero de 2018.

    Segundo. Objeto.

    Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tendrán como finalidad la financiación de programas de formación de ámbito estatal dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, orientados a la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los requerimientos de productividad y competitividad de las empresas, con las necesidades de adaptación a los cambios del sistema productivo y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su empleabilidad.

    Se distinguen los siguientes tipos de programas de formación:

    1. Programas transversales generales compuestos por acciones formativas dirigidas al aprendizaje de competencias transversales a varios sectores de actividad económica o de competencias específicas de un sector para el reciclaje y recualificación de trabajadores de otros sectores.
    2. Programas de formación sectoriales estatales compuestos por acciones formativas dirigidas a la formación de trabajadores de un ámbito sectorial concreto, que respondan a las necesidades de adquisición de competencias técnico profesionales específicas a cada uno de los sectores productivos.
    3. Programas de formación transversales: dirigidos a personas trabajadoras autónomas y programas de formación transversales dirigidos a personas trabajadoras y socias de la economía social, siempre que aporten actividad económica.

    Las especialidades formativas correspondientes a los diferentes tipos de programas figurarán en el Anexo III de esta Convocatoria y en la página web de FUNDAE (www.fundae.es).

    Tercero. Normativa.

    Esta convocatoria se regirá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, que en su artículo 8 contempla las iniciativas de formación profesional para el empleo, entre las que figura la oferta formativa de las administraciones competentes para trabajadores ocupados, que incluye programas de formación sectoriales y programas de formación transversales.

    Dicha Ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, que en su Capítulo III regula la oferta formativa para trabajadores ocupados.

    Por otro lado, al encontrarse en proceso de elaboración el desarrollo mediante órdenes ministeriales del mencionado Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria primera del mismo, esta convocatoria se regirá, en lo no regulado por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y en este real decreto, por la normativa que sea de aplicación, constituida actualmente por la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

    Cuarto. Cuantía.

    Los programas de formación que se desarrollen al amparo de esta convocatoria se financiarán con cargo al crédito presupuestario 19.101.241B.482.50 del presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, por un importe 350.000.000,00 euros, correspondiendo al ejercicio 2019, 140.000.000 euros, al ejercicio 2020, 105.000.000 euros, y al ejercicio 2021: 105.000.000 euros.

    La concesión de las subvenciones quedará condicionada a la vigencia y suficiencia del citado crédito presupuestario.

    Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

    El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de este extracto.

    Sexto. Criterios de valoración de las solicitudes.

    La valoración de las solicitudes se realizará aplicando la metodología de valoración técnica, que figura en el anexo IV de la convocatoria.

    BOE núm. 21, de 24 de enero de 2019.
    Extracto de la Resolución de 17 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.