formación en el empleo

  • Ministro de Trabajo e Inmigración en el último año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, presenta hoy en Sevilla el reciente informe La Formación para el Empleo en España 2018, que ha elaborado en colaboración con las organizaciones profesionales del sector de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo: AEGEF, ANCED y CECAP.

    Diario de Sevilla

    Las propuestas que se plantean, elaboradas por las organizaciones más representativas de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, pretenden avanzar el cambio de modelo establecido por la Ley 30/2015. Ninguna de las propuestas desarrolladas cuestiona o exige cambio alguno, ni en la Ley ni en su Reglamento de desarrollo, al entender que el actual marco legal permite avances importantes, y que tanto el sector como la sociedad esperan de las administraciones públicas y sus agentes sociales, no nuevos debates legislativos, sino soluciones viables a corto plazo.

    Nuestra apuesta pasa por centrar la actividad de las administraciones en la mejora del sistema de identificación de las necesidades formativas, en el establecimiento de calendarios plurianuales de oferta formativa que faciliten la orientación de los alumnos y las necesarias inversiones por parte de las empresas prestadoras de servicios de formación para hacer frente a esas demandas formativas con calidad y a través de procesos transparentes y competitivos. Pretendemos facilitar procedimientos de justificación y control de las acciones formativas eficientes y simplificados que den plenas garantías jurídicas tanto a las funciones de inspección de la Administración como a las empresas prestadoras de servicios. Asimismo, nuestras propuestas tienen el objetivo de promover procedimientos públicos de evaluación de la calidad de las inversiones efectuadas por el conjunto de la sociedad española en la formación de sus trabajadores empleados o desocupados.

    El conjunto de medidas propuestas, siempre desde la óptica, la experiencia y el compromiso de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, busca incrementar la calidad y la agilidad del sistema de formación, desde la necesaria colaboración entre el papel rector de la Administración Pública, los agentes sociales y la aportación del sector privado, desde la consideración de la prestación de los servicios de la formación para el empleo como una auténtica actividad económica.

    Todas estas medidas se enmarcan dentro de la normativa vigente, de manera que suponen un esfuerzo por acoplar y armonizar el modelo de formación para el empleo que surge con la aprobación de la Ley 30/2015 a las necesidades del sector que conforman las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo.

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  • Ministro de Trabajo e Inmigración en el último año de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Valeriano Gómez, presenta hoy en Sevilla el reciente informe La Formación para el Empleo en España 2018, que ha elaborado en colaboración con las organizaciones profesionales del sector de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo: AEGEF, ANCED y CECAP.

    Diario de Sevilla

    Las propuestas que se plantean, elaboradas por las organizaciones más representativas de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, pretenden avanzar el cambio de modelo establecido por la Ley 30/2015. Ninguna de las propuestas desarrolladas cuestiona o exige cambio alguno, ni en la Ley ni en su Reglamento de desarrollo, al entender que el actual marco legal permite avances importantes, y que tanto el sector como la sociedad esperan de las administraciones públicas y sus agentes sociales, no nuevos debates legislativos, sino soluciones viables a corto plazo.

    Nuestra apuesta pasa por centrar la actividad de las administraciones en la mejora del sistema de identificación de las necesidades formativas, en el establecimiento de calendarios plurianuales de oferta formativa que faciliten la orientación de los alumnos y las necesarias inversiones por parte de las empresas prestadoras de servicios de formación para hacer frente a esas demandas formativas con calidad y a través de procesos transparentes y competitivos. Pretendemos facilitar procedimientos de justificación y control de las acciones formativas eficientes y simplificados que den plenas garantías jurídicas tanto a las funciones de inspección de la Administración como a las empresas prestadoras de servicios. Asimismo, nuestras propuestas tienen el objetivo de promover procedimientos públicos de evaluación de la calidad de las inversiones efectuadas por el conjunto de la sociedad española en la formación de sus trabajadores empleados o desocupados.

    El conjunto de medidas propuestas, siempre desde la óptica, la experiencia y el compromiso de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo, busca incrementar la calidad y la agilidad del sistema de formación, desde la necesaria colaboración entre el papel rector de la Administración Pública, los agentes sociales y la aportación del sector privado, desde la consideración de la prestación de los servicios de la formación para el empleo como una auténtica actividad económica.

    Todas estas medidas se enmarcan dentro de la normativa vigente, de manera que suponen un esfuerzo por acoplar y armonizar el modelo de formación para el empleo que surge con la aprobación de la Ley 30/2015 a las necesidades del sector que conforman las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo.

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  • Aplicacion 2018
    El día 2 de junio estará disponible la información relativa a la plantilla media de trabajadores del año 2017, la cuota de formación profesional y las cuentas de cotización facilitadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

    Para garantizar la máxima calidad en la actualización de los datos, la aplicación suspenderá el servicio a partir de las 06:30 hs del día 2 de junio. En el caso de que afecte al plazo en la comunicación de los grupos, deberá indicarse dicha circunstancia en el apartado correspondiente.

    Si los datos de plantilla media de trabajadores y cuota de formación profesional aparecen pendientes de validar y la empresa no es de nueva creación en el ejercicio 2018, puede tratarse de un error en la mecanización del CIF o de las cuentas de cotización, o bien que la empresa haya sufrido algún cambio societario.

    Si su empresa se encuentra en alguna de las situaciones anteriores, deberá acreditarlo ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, con el fin de que los datos de cuota y plantilla se asignen correctamente.

  • Está habilitada la aplicación telemática de Formación programada por las empresas para comunicar la formación prevista en el ejercicio 2019.

    aplicacionfundaeLa primera vez que entren los usuarios que ya dispusieron de acceso al aplicativo en el ejercicio 2018 podrán hacerlo con el perfil de administrador siempre y cuando hubieran comunicado formación en el último ejercicio.

    Para ello, no será necesario un certificado de persona jurídica. En ese momento, el sistema volcará la información disponible de la empresa en el último ejercicio así como los usuarios que tuvieran autorizado el acceso.

    Se recomienda que el administrador revise y actualice la relación de usuarios registrados.

    Si el usuario pertenece a una entidad externa que tiene encomendada la organización de la formación de empresas y no ha comunicado formación en el último ejercicio (2018), deberá entrar con el certificado de persona jurídica, registrarse como entidad organizadora, dar de alta al resto de usuarios y crear las distintas agrupaciones, si así lo considera, con la información necesaria previa a la comunicación de la formación.

    La aplicación del ejercicio 2018 continuará disponible y seleccionada por defecto hasta el 31 de enero de 2019.

    Los datos de cuota de formación y de plantilla para 2019, se incorporarán a la aplicación telemática en cuanto sean facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social.

    Se mostrarán los datos correspondientes al ejercicio 2018 que se podrán modificar hasta que la Tesorería General de la Seguridad Social facilite los datos con carácter definitivo, excepto si es una empresa participante en un Grupo de empresas, en cuyo caso el dato de la cuota inicial se bloqueará y si fuera necesario su modificación lo deberán solicitar a la Fundación.

    Novedades incorporadas con objeto de facilitar las notificaciones y la gestión de las bonificaciones a aplicar

    • Las empresas de menos de 50 trabajadores que indicaron su voluntad de reservar el crédito de formación no dispuesto en 2018, tendrán incorporado ese crédito no consumido en el crédito asignado en 2019.
    • Con objeto de facilitar la comunicación de inicio de la formación se han sustituido los turnos de mañana y tarde por tramos horarios. Así mismo se ha eliminado información de dichas comunicaciones con objeto de agilizar las mismas.
    • Se posibilita la comunicación del número de pasaporte en los campos de tutor, formador y proveedor de la formación.
    • Se ha incorporado la distinción entre el certificado de asistencia y el diploma acreditativo para aquellos participantes que hayan superado la formación con evaluación positiva.
    • Se ha eliminado la obligatoriedad de incluir los participantes al inicio de la formación en la formación vinculada a la obtención de un Certificado de profesionalidad.
    • Se ha incluido un nuevo tipo de Permiso Individual de Formación (PIF) para comunicar el acceso a los procesos de “Evaluación y acreditación de la experiencia laboral”.

    Nuevas utilidades en el funcionamiento de la aplicación

    • En el menú de acciones formativas se ha incorporado la posibilidad de filtrar por modalidad.
    • Se ha incorporado la duración de las acciones formativas en los listados.
    • A petición de las empresas se ha incluido el campo de cofinanciación en la pantalla de costes.
    • Se ha incorporado una nueva pantalla para consultar la información declarada sobre la Representación Legal de los Trabajadores.
    • Se ha ordenado de forma descendente el listado de XML.
    • Se ha completado el resumen de actividad con un mayor número de alertas y un nuevo informe sobre el crédito reservado en el ejercicio anterior.
    • Por último, se han modificado las notificaciones para que recojan los datos del firmante en todas las hojas y se ha completado la información recogida en las mismas.
  • Texto definitivo de la convocatoria ordinaria 2018 y un resumen de los acuerdos adoptados en el Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en su reunión del pasado 12 de diciembre.

    1. Aprobar la propuesta de Convocatoria para la concesión con cargo al ejercicio presupuestario 2018, de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas (se adjunta el texto de dicha Convocatoria, si bien el mismo será modificado en algún artículo, como el 18-b), para aclarar su sentido, sin perjuicio de otras posibles modificaciones que la Administración pudiera introducir con motivo de la tramitación del mismo, hasta su publicación en BOE).
    2. Acuerdo en relación con el proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el SEPE y las Comunidades Autónomas, para la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
    3. Acuerdo en relación con la Resolución del SEPE por la que se aprueba la Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
    4. Acuerdo sobre criterios del procedimiento para la financiación de las actividades realizadas por las Estructuras Paritarias Sectoriales, de acuerdo con lo previsto en el art. 37.3 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. Ha quedado pendiente de celebración un grupo de trabajo para contrastar la actualización de los módulos económicos a incluir en el documento.
    5. En relación con la posible ampliación del plazo de ejecución de la Convocatoria 2016, a pregunta de CEOE, se ha informado por el SEPE de que esa ampliación del plazo de ejecución solo se concederá individualmente, es decir, a solicitud del beneficiario interesado, que deberá indicar la ampliación que propone, que en ningún caso podrá ser superior a 6 meses.
  • logo1 geCon fecha 18 de Enero de 2019, la Base de Datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, ha publicado la Resolución de 18 de Enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la Convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas, que puedes encontrar en el siguiente enlace: 

    http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/435816

    Dicha Resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto en el Boletín Oficial del Estado, incluyendo la apertura del plazo para la presentación de solicitudes.

    Convocatoria Programas 2018 Firmada.pdf.

     

  • Ayudas 430 eurosEl pasado 4 de julio de 2018 se han publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los Presupuestos Generales del Estado para 2018, en los que se incluye una nueva ayuda de 430,27 euros mensuales para aquellos jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con un contrato para la formación y el aprendizaje. Esta medida permitirá al trabajador recibir un salario mucho mayor que el que percibe en la actualidad con este tipo de contratos.

    Beneficiarios

    • Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Ley 18/2014, Sección 2ª, Capítulo I Título IV).
    • No estar en posesión de ninguno de los siguientes títulos:
      • Título de Bachiller
      • Título de Técnico de grado medio
      • Título oficial de nivel superior al Bachiller
      • Títulos oficialmente reconocidos como equivalentes a las titulaciones previamente citadas en conformidad con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente
      • Certificado de Profesionalidad de nivel 2 ó 3
    • Suscribir Contrato para la formación y el aprendizaje mínimo de 12 meses.

    Ayuda económica

    • La cuantía de la ayuda serán 430,27 € mensuales, con un máximo de 18 mensualidades o de 36 en caso de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
    • El trabajador debe solicitar la ayuda, en el plazo máximo de 15 días desde el inicio de su contrato, en la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE).

    Trabajadores con contratos de formación anteriores a la entrada en vigor de la ayuda

    Este nuevo complemento salarial al contrato de formación no tiene carácter retroactivo, esto significa que solo podrán beneficiarse los contratos que se realicen a partir del 4 de agosto y que cumplan con los requisitos descritos anteriormente.

    Ayuda adicional también para las empresas

    También está prevista una medida complementaria para aquellas empresas que transformen un contrato de formación en indefinido, ya sea a la finalización del contrato inicial, o a la finalización de cualquiera de sus prórrogas. Se trata de una bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social de 3.000 € anuales durante 3 años.

    Para poder beneficiarse de dicha ayuda, la conversión del contrato en indefinido deberá realizarse a jornada completa. Y, además, la empresa estará obligada a mantener al trabajador en su plantilla durante al menos tres años desde la fecha de la conversión.

    Actualmente la bonificación que recibe la empresa por la conversión de un contrato de formación en indefinido es de 1.500 € al año si la persona contratada es hombre y 1.800 € si es mujer, durante un periodo máximo de 3 años.

    Esta ayuda se sumaría al resto de ventajas y bonificaciones económicas con las que ya cuenta esta modalidad contractual.

    Compatibilidad

    Es compatible con otras medidas de fomento del empleo.

    Documentación

    Formulario de solicitud
    Modelo de contrato para la Formación y el Aprendizaje
    Hoja informativa para la Ayuda Garantía Juvenil
    Tríptico Informativo del Contrato de Formación y Aprendizaje
    Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el Año 2018
    Ley 18/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia
  •  

    cambio contrato formacion

    El pasado día 29 de diciembre, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Algunas de estas medidas, afectan directamente al “contrato para la formación y aprendizaje”, que detallamos a continuación:

    • Derogación de contratos e incentivos vinculados a la tasa de desempleo del 15%.
    • A causa del punto anterior, no se podrán celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años. En este sentido, se indica que los contratos celebrados a partir del 15 de octubre de 2018 (fecha en la que según la Encuesta de Población Activa había descendido del 15%) hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, se considerarán válidos al amparo de la normativa vigente en el momento de su celebración y plenamente aplicable a estos contratos e incentivos hasta el momento de su derogación o modificación.
    • Derogación de la medida de acompañamiento al salario de los jóvenes del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

    Documentación

    Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo

     

  • Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    infoLibre • Plaza Pública
    Publicada 07/04/2018

    Conscientes de las oportunidades que la revolución digital ofrece a la Formación para el Empleo, en los dos últimos años se han invertido millones de euros para adecuarse a las nuevas necesidades de la formación online o e-Learning.

    Con ese esfuerzo por la innovación, que nos exige la sociedad de la comunicación, evolucionamos hacia un modelo de formación que da respuesta a los retos del presente y del futuro para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente, los que engrosan las listas del paro que, con un porcentaje casi del 17%, sitúa a España en el segundo lugar de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia. Un triste récord.

    La tecnología digital brinda herramientas que facilitan el estudio, la comunicación y la interacción fluida entre alumnos y formadores, y la conexión entre los participantes de un mismo grupo, sin necesidad de que todos tengan que estar simultáneamente en el aula o en un lugar concreto. Es una forma de gestionar el conocimiento que, además de favorecer el estudio de unas determinadas especialidades formativas, mejora las competencias digitales de los alumnos, imprescindibles ya en el mundo laboral presente y que aún lo serán más en el futuro inmediato.

    Los jóvenes —incluso los que no han acabado la enseñanza secundaria obligatoria y cuya formación profesional es vital para su futuro personal y para el de la economía española— dominan las nuevas tecnologías a través de sus smartphones o de sus tabletas. Para ellos, incorporar nuevos conocimientos digitales no es un problema y, seguramente, ven en el e-Learning un instrumento que les hace más cercana la recepción del resto de los conocimientos de la Formación para el Empleo que tienen que asimilar.  Las competencias digitales son también importantes para los adultos que crecieron offline. La formación online es una vía excelente para aprender los rudimentos imprescindibles de las tecnologías de la información y la comunicación.

    La apuesta de las Administraciones Públicas por la formación online es inequívoca y es un reto para todos establecer los mecanismos para que estas estrategias de formación puedan implementarse con garantías, pero también a unos ritmos y plazos razonables.

    Sin embargo, las nuevas tecnologías y los contenidos formativos que se incorporan a ellas avanzan con mucha más celeridad que las normas legales. De ahí que a veces las grandes oportunidades que ofrecen para la formación se vean frenadas por una normativa que, lejos de adaptarse a esa rapidez y flexibilidad intrínsecas a la era digital, se encuentra poco desarrollada y es excesivamente rígida en aspectos elementales y fáciles de modificar, como el tiempo de conexión de los alumnos, las horas de tutorías, los controles de aprendizaje o el propio Catálogo de Especialidades Formativas.

    La teleformación camina en paralelo y de manera complementaria a la formación presencial, pero, como hemos visto, con características y entidad propias. Ofrece a los alumnos una gran flexibilidad de tiempo y espacio que les permite conciliar la formación con su jornada de trabajo y con las obligaciones personales y familiares. Cada alumno puede conectarse online en el momento en que se lo permiten sus ocupaciones, porque el alumno pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, marcando, bajo la tutela de los formadores, su propio ritmo de estudio y alcanzando su capacitación académica y laboral donde y cuando la necesita.

    No es comprensible, por tanto, que las normas exijan, por poner un ejemplo, un tiempo elevado de conexión a los alumnos, porque ese requisito choca frontalmente con la flexibilidad de este método, a la par que genera una discriminación negativa entre aquellos participantes que, por sus conocimientos previos de la materia, competencia tecnológica, capacidad de aprendizaje o incluso inteligencia, requieran de un menor tiempo para completar su formación. No parece razonable ni práctico, con las posibilidades que ofrece la tecnología digital, obligar a todos los participantes a seguir el mismo ritmo de aprendizaje simplemente para cumplir un requisito, que no es pedagógico, para ser considerado apto. Debemos exigir a la administración una mayor flexibilidad en esta modalidad formativa que sirva de trampolín para su implementación y no sea un obstáculo en su desarrollo, y que a su vez no disminuya la capacidad de control y seguimiento, imprescindible para toda actividad formativa financiada con fondos públicos.

    Sin lugar a dudas el e-Learning está consolidado como la metodología hacia la que tienden todas las instituciones implicadas en el proceso de aprendizaje, ya sea de forma exclusiva o en combinación con la enseñanza presencial. Más ahora que la propia Administración se está digitalizando en su organización interna y en su relación con el ciudadano. Pero requiere de una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y de la colaboración entre las administraciones, los agentes sociales y las empresas de formación para el empleo para eliminar trabas burocráticas. La capacitación para la inserción en el mercado laboral de nuestro capital humano no puede esperar.

    No debemos dejar de lado la formación privada no presencial dirigida al alumno particular, empresas, entidades públicas, etc. impartida por centros formativos de gran prestigio y con titulaciones propias de un valor muy reconocido en las empresas que aplican programas de calidad y mejora permanente a sus programas de formación, como alternativa a la formación oficial o subvencionada, que consideramos es otra vía para la mejora de conocimientos que puede facilitar la inserción laboral, desarrollo en el puesto de trabajo y el incremento de la empleabilidad.

    Sabemos además que la formación online, como el propio avance de la sociedad digital, es una tendencia irrefrenable en todo el mundo que aporta grandes oportunidades para el desarrollo laboral y empresarial, y nuestro país tiene que saber aprovecharlas. Con una tasa del 38% de paro juvenil, el doble de la media europea, un índice de abandono escolar temprano del 20% y un 35% de jóvenes de entre 24 y 35 años que no ha acabado la enseñanza secundaria obligatoria (según la OCDE), la sociedad española y los agentes implicados en la formación tienen que hacer un enorme esfuerzo para capacitar profesionalmente a una generación en cuyas manos está nuestro progreso futuro.

     

     

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    Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    infoLibre • Plaza Pública
    Publicada 07/04/2018

    Conscientes de las oportunidades que la revolución digital ofrece a la Formación para el Empleo, en los dos últimos años se han invertido millones de euros para adecuarse a las nuevas necesidades de la formación online o e-Learning.

    Con ese esfuerzo por la innovación, que nos exige la sociedad de la comunicación, evolucionamos hacia un modelo de formación que da respuesta a los retos del presente y del futuro para mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente, los que engrosan las listas del paro que, con un porcentaje casi del 17%, sitúa a España en el segundo lugar de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia. Un triste récord.

    La tecnología digital brinda herramientas que facilitan el estudio, la comunicación y la interacción fluida entre alumnos y formadores, y la conexión entre los participantes de un mismo grupo, sin necesidad de que todos tengan que estar simultáneamente en el aula o en un lugar concreto. Es una forma de gestionar el conocimiento que, además de favorecer el estudio de unas determinadas especialidades formativas, mejora las competencias digitales de los alumnos, imprescindibles ya en el mundo laboral presente y que aún lo serán más en el futuro inmediato.

    Los jóvenes —incluso los que no han acabado la enseñanza secundaria obligatoria y cuya formación profesional es vital para su futuro personal y para el de la economía española— dominan las nuevas tecnologías a través de sus smartphones o de sus tabletas. Para ellos, incorporar nuevos conocimientos digitales no es un problema y, seguramente, ven en el e-Learning un instrumento que les hace más cercana la recepción del resto de los conocimientos de la Formación para el Empleo que tienen que asimilar.  Las competencias digitales son también importantes para los adultos que crecieron offline. La formación online es una vía excelente para aprender los rudimentos imprescindibles de las tecnologías de la información y la comunicación.

    La apuesta de las Administraciones Públicas por la formación online es inequívoca y es un reto para todos establecer los mecanismos para que estas estrategias de formación puedan implementarse con garantías, pero también a unos ritmos y plazos razonables.

    Sin embargo, las nuevas tecnologías y los contenidos formativos que se incorporan a ellas avanzan con mucha más celeridad que las normas legales. De ahí que a veces las grandes oportunidades que ofrecen para la formación se vean frenadas por una normativa que, lejos de adaptarse a esa rapidez y flexibilidad intrínsecas a la era digital, se encuentra poco desarrollada y es excesivamente rígida en aspectos elementales y fáciles de modificar, como el tiempo de conexión de los alumnos, las horas de tutorías, los controles de aprendizaje o el propio Catálogo de Especialidades Formativas.

    La teleformación camina en paralelo y de manera complementaria a la formación presencial, pero, como hemos visto, con características y entidad propias. Ofrece a los alumnos una gran flexibilidad de tiempo y espacio que les permite conciliar la formación con su jornada de trabajo y con las obligaciones personales y familiares. Cada alumno puede conectarse online en el momento en que se lo permiten sus ocupaciones, porque el alumno pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, marcando, bajo la tutela de los formadores, su propio ritmo de estudio y alcanzando su capacitación académica y laboral donde y cuando la necesita.

    No es comprensible, por tanto, que las normas exijan, por poner un ejemplo, un tiempo elevado de conexión a los alumnos, porque ese requisito choca frontalmente con la flexibilidad de este método, a la par que genera una discriminación negativa entre aquellos participantes que, por sus conocimientos previos de la materia, competencia tecnológica, capacidad de aprendizaje o incluso inteligencia, requieran de un menor tiempo para completar su formación. No parece razonable ni práctico, con las posibilidades que ofrece la tecnología digital, obligar a todos los participantes a seguir el mismo ritmo de aprendizaje simplemente para cumplir un requisito, que no es pedagógico, para ser considerado apto. Debemos exigir a la administración una mayor flexibilidad en esta modalidad formativa que sirva de trampolín para su implementación y no sea un obstáculo en su desarrollo, y que a su vez no disminuya la capacidad de control y seguimiento, imprescindible para toda actividad formativa financiada con fondos públicos.

    Sin lugar a dudas el e-Learning está consolidado como la metodología hacia la que tienden todas las instituciones implicadas en el proceso de aprendizaje, ya sea de forma exclusiva o en combinación con la enseñanza presencial. Más ahora que la propia Administración se está digitalizando en su organización interna y en su relación con el ciudadano. Pero requiere de una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y de la colaboración entre las administraciones, los agentes sociales y las empresas de formación para el empleo para eliminar trabas burocráticas. La capacitación para la inserción en el mercado laboral de nuestro capital humano no puede esperar.

    No debemos dejar de lado la formación privada no presencial dirigida al alumno particular, empresas, entidades públicas, etc. impartida por centros formativos de gran prestigio y con titulaciones propias de un valor muy reconocido en las empresas que aplican programas de calidad y mejora permanente a sus programas de formación, como alternativa a la formación oficial o subvencionada, que consideramos es otra vía para la mejora de conocimientos que puede facilitar la inserción laboral, desarrollo en el puesto de trabajo y el incremento de la empleabilidad.

    Sabemos además que la formación online, como el propio avance de la sociedad digital, es una tendencia irrefrenable en todo el mundo que aporta grandes oportunidades para el desarrollo laboral y empresarial, y nuestro país tiene que saber aprovecharlas. Con una tasa del 38% de paro juvenil, el doble de la media europea, un índice de abandono escolar temprano del 20% y un 35% de jóvenes de entre 24 y 35 años que no ha acabado la enseñanza secundaria obligatoria (según la OCDE), la sociedad española y los agentes implicados en la formación tienen que hacer un enorme esfuerzo para capacitar profesionalmente a una generación en cuyas manos está nuestro progreso futuro.

     

     

  • Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    Con un 39,4% de paro juvenil, una tasa de abandono escolar del 20% y un 35% de los jóvenes entre 25 y 34 años que no han acabado la educación secundaria obligatoria (este último dato aportado por la OCDE el pasado mes de septiembre), el contrato para la formación y el aprendizaje debería ser el instrumento esencial para la capacitación y el acceso al trabajo de los jóvenes que carecen ahora de titulación y de empleo. Lo es, de hecho, en países de nuestro entorno, especialmente en Alemania, que tiene un índice de desempleo juvenil del 7,9%, un porcentaje bajo si se compara con nuestro país y que se atribuye precisamente al buen funcionamiento de esta modalidad de enseñanza.

    En España, sin embargo, la ambigüedad de la nueva normativa y la diversidad de interpretaciones que hace cada administración de los preceptos legales ha generado una gran inseguridad jurídica a empresas, alumnos/trabajadores y a las entidades formadoras y ha provocado que este tipo de contratos cayera en un 73% en un solo año. En 2016 se formalizaron únicamente 46.384 contratos de aprendizaje frente a los 174.923 de 2015, según datos del Servicio Público de Empleo (SEPE).

    Sin embargo, el espíritu del Real Decreto 1529/2012 que desarrolla esa modalidad de formación dual, en la que se combina la instrucción práctica en el puesto de trabajo con la teórica impartida por las empresas de formación para el empleo, no era otro que combatir la alta tasa de paro juvenil, que dobla la media de la Unión Europea, y ofrecer una salida laboral a los jóvenes menores de 30 años sin titulación ni trabajo, a través de una herramienta formativa que les permite obtener un título académico oficial equiparable a la Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad, además de adquirir un conocimiento preciso de la función laboral que van a desempeñar.

    Hablamos de un modelo de éxito en otros países europeos que no debería fracasar en España. Porque en la práctica el contrato de aprendizaje va más allá de la simple capacitación laboral y de la obtención de un título para unos jóvenes cuya escasa empleabilidad es una de las secuelas más dolorosas que han dejado la crisis económica y las burbujas financiera e inmobiliaria que la causaron. La formación dual, al tiempo que forma a los jóvenes para desarrollar un trabajo, facilita que se reenganchen a la educación y accedan a un empleo, lo que refuerza su socialización y les permite empaparse de valores positivos hacia el trabajo. En la línea de lo que dijo Benjamín Franklin ya en el siglo XVIII, “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

    A ese objetivo respondía el Real Decreto 1529/2012 que, de hecho, facilitó que durante los años siguientes miles de jóvenes trabajadores accedieran a un empleo, debido a que tanto las empresas como los alumnos y las entidades de formación apreciaron las bondades de la normativa para hacer frente a la magnitud del problema. Sin embargo, su posterior modificación de enero de 2016 con la entrada en vigor de la impartición presencial y la teleformación como únicas opciones para la formación y el aumento de las trabas burocráticas generó una enorme inseguridad jurídica a los participantes, que lejos de incrementar el número de contratos de esta modalidad se retrajeron y se retiraron de un programa de formación dual tan necesario para la formación de nuestro jóvenes.

    Un ejemplo claro del antagonismo entre lo inflexible y estática que es la normativa frente al dinamismo del mercado laboral son los plazos que se atribuyen a las administraciones públicas para autorizar el inicio de la actividad y que hacen que muchos empresarios desistan de contratar, porque no pueden planificar a tanto tiempo. Un rediseño general de la formación vinculada a estos contratos y la flexibilización de las normas, por ejemplo, sobre la manera en que se distribuyen las horas de formación práctica y teórica o se realizan las tutorías, estimularían a las empresas a su utilización y permitirían que la oferta formativa se adaptara a las posibilidades reales de empresas y alumnos.

    Pero el cambio más importante que se necesita para impulsar este tipo de formación y aproximarse así a los resultados de inserción laboral de los jóvenes que produce el modelo alemán, en el que se inspiró el real decreto de 2012, descansaría en la incorporación de procedimientos que faciliten casi de forma automática la autorización de este tipo de contratos, la vuelta de la formación a distancia para aquellas especialidades sin certificados de profesionalidad acreditados en teleformación y la libre elección de los alumnos/trabajadores de los módulos que les interesan.

    Esa modificación normativa debería ser el producto del trabajo conjunto y coordinado de expertos, agentes sociales y entidades prestadoras de los servicios de formación, que tienen una amplia experiencia sobre el terreno y conocen la complejidad del contrato para la formación y el aprendizaje en el que el alumno tiene que desempeñar su trabajo remunerado en una empresa y dedicar una parte de su jornada laboral a la formación lectiva.

    Ganar el desafío de incorporar al mercado laboral a cientos de miles de jóvenes españoles que ahora se encuentran sin titulación y sin trabajo es esencial no solo para su futuro como personas integradas socialmente, sino también para incrementar la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país en un mundo globalizado. Conseguirlo requiere de las administraciones públicas más agilidad y flexibilidad en la normativa sobre formación para el empleo, y en particular sobre el contrato para la formación y el aprendizaje. Lo que unido a una interpretación más homogénea de las normas y a la potenciación del conocimiento público de esta modalidad contractual alentaría a impulsar esa actividad formativa a empresas, alumnos y entidades formadoras que, pese a las dificultades, mantienen su vocación por la formación en las empresas y la cualificación de los desempleados así como la apuesta por la calidad, la innovación y la mejora metodológica en los modelos pedagógicos de formación presencial y no presencial.

     

     

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    Jorge Azcárate Morera. Presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (Anced)

    Con un 39,4% de paro juvenil, una tasa de abandono escolar del 20% y un 35% de los jóvenes entre 25 y 34 años que no han acabado la educación secundaria obligatoria (este último dato aportado por la OCDE el pasado mes de septiembre), el contrato para la formación y el aprendizaje debería ser el instrumento esencial para la capacitación y el acceso al trabajo de los jóvenes que carecen ahora de titulación y de empleo. Lo es, de hecho, en países de nuestro entorno, especialmente en Alemania, que tiene un índice de desempleo juvenil del 7,9%, un porcentaje bajo si se compara con nuestro país y que se atribuye precisamente al buen funcionamiento de esta modalidad de enseñanza.

    En España, sin embargo, la ambigüedad de la nueva normativa y la diversidad de interpretaciones que hace cada administración de los preceptos legales ha generado una gran inseguridad jurídica a empresas, alumnos/trabajadores y a las entidades formadoras y ha provocado que este tipo de contratos cayera en un 73% en un solo año. En 2016 se formalizaron únicamente 46.384 contratos de aprendizaje frente a los 174.923 de 2015, según datos del Servicio Público de Empleo (SEPE).

    Sin embargo, el espíritu del Real Decreto 1529/2012 que desarrolla esa modalidad de formación dual, en la que se combina la instrucción práctica en el puesto de trabajo con la teórica impartida por las empresas de formación para el empleo, no era otro que combatir la alta tasa de paro juvenil, que dobla la media de la Unión Europea, y ofrecer una salida laboral a los jóvenes menores de 30 años sin titulación ni trabajo, a través de una herramienta formativa que les permite obtener un título académico oficial equiparable a la Formación Profesional o un Certificado de Profesionalidad, además de adquirir un conocimiento preciso de la función laboral que van a desempeñar.

    Hablamos de un modelo de éxito en otros países europeos que no debería fracasar en España. Porque en la práctica el contrato de aprendizaje va más allá de la simple capacitación laboral y de la obtención de un título para unos jóvenes cuya escasa empleabilidad es una de las secuelas más dolorosas que han dejado la crisis económica y las burbujas financiera e inmobiliaria que la causaron. La formación dual, al tiempo que forma a los jóvenes para desarrollar un trabajo, facilita que se reenganchen a la educación y accedan a un empleo, lo que refuerza su socialización y les permite empaparse de valores positivos hacia el trabajo. En la línea de lo que dijo Benjamín Franklin ya en el siglo XVIII, “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.

    A ese objetivo respondía el Real Decreto 1529/2012 que, de hecho, facilitó que durante los años siguientes miles de jóvenes trabajadores accedieran a un empleo, debido a que tanto las empresas como los alumnos y las entidades de formación apreciaron las bondades de la normativa para hacer frente a la magnitud del problema. Sin embargo, su posterior modificación de enero de 2016 con la entrada en vigor de la impartición presencial y la teleformación como únicas opciones para la formación y el aumento de las trabas burocráticas generó una enorme inseguridad jurídica a los participantes, que lejos de incrementar el número de contratos de esta modalidad se retrajeron y se retiraron de un programa de formación dual tan necesario para la formación de nuestro jóvenes.

    Un ejemplo claro del antagonismo entre lo inflexible y estática que es la normativa frente al dinamismo del mercado laboral son los plazos que se atribuyen a las administraciones públicas para autorizar el inicio de la actividad y que hacen que muchos empresarios desistan de contratar, porque no pueden planificar a tanto tiempo. Un rediseño general de la formación vinculada a estos contratos y la flexibilización de las normas, por ejemplo, sobre la manera en que se distribuyen las horas de formación práctica y teórica o se realizan las tutorías, estimularían a las empresas a su utilización y permitirían que la oferta formativa se adaptara a las posibilidades reales de empresas y alumnos.

    Pero el cambio más importante que se necesita para impulsar este tipo de formación y aproximarse así a los resultados de inserción laboral de los jóvenes que produce el modelo alemán, en el que se inspiró el real decreto de 2012, descansaría en la incorporación de procedimientos que faciliten casi de forma automática la autorización de este tipo de contratos, la vuelta de la formación a distancia para aquellas especialidades sin certificados de profesionalidad acreditados en teleformación y la libre elección de los alumnos/trabajadores de los módulos que les interesan.

    Esa modificación normativa debería ser el producto del trabajo conjunto y coordinado de expertos, agentes sociales y entidades prestadoras de los servicios de formación, que tienen una amplia experiencia sobre el terreno y conocen la complejidad del contrato para la formación y el aprendizaje en el que el alumno tiene que desempeñar su trabajo remunerado en una empresa y dedicar una parte de su jornada laboral a la formación lectiva.

    Ganar el desafío de incorporar al mercado laboral a cientos de miles de jóvenes españoles que ahora se encuentran sin titulación y sin trabajo es esencial no solo para su futuro como personas integradas socialmente, sino también para incrementar la competitividad de nuestras empresas y de nuestro país en un mundo globalizado. Conseguirlo requiere de las administraciones públicas más agilidad y flexibilidad en la normativa sobre formación para el empleo, y en particular sobre el contrato para la formación y el aprendizaje. Lo que unido a una interpretación más homogénea de las normas y a la potenciación del conocimiento público de esta modalidad contractual alentaría a impulsar esa actividad formativa a empresas, alumnos y entidades formadoras que, pese a las dificultades, mantienen su vocación por la formación en las empresas y la cualificación de los desempleados así como la apuesta por la calidad, la innovación y la mejora metodológica en los modelos pedagógicos de formación presencial y no presencial.

     

     

  • La financiación de programas de formación estatales dirigidos a ocupados satisface una de las principales demandas del sector

    Madrid, 7 de marzo de 2019

    • Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) se felicitan ante los recientes avances producidos con la publicación de la convocatoria de subvenciones para programas de formación correspondiente a 2018.
    • El presupuesto plurianual de 350 millones permitirá capacitar en competencias específicas y transversales a personas ocupadas y desempleadas, aliviando la comprometida situación financiera del sector.
    • El sector de la Formación para el Empleo, formado por 15.000 empresas, es crítico para garantizar la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza en un contexto de cambio tecnológico acelerado.
    • Transformar el actual modelo subvencional en otro que sea capaz de identificar las necesidades formativas, evaluar su impacto y que compatibilice la concurrencia privada y la gratuidad de la oferta, principal demanda a futuro del sector.

     

    aegef anced cecap

    Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) muestran su satisfacción ante los avances registrados gracias a la reciente convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de programas de formación estatales dirigidos a personas ocupadas. La convocatoria, publicada en enero y correspondiente a 2018, ha cerrado el 7 de marzo el plazo para la presentación de solicitudes. Se cumple así una de las principales demandas formuladas en los últimos años por el sector, que permitirá capacitar en nuevas competencias profesionales a la población ocupada, contribuyendo así al necesario ajuste entre las necesidades de un mercado laboral en profunda mutación y las habilidades de la población activa.

    La convocatoria, que fue aprobada en una resolución del SEPE el pasado 17 de enero, contempla un presupuesto de 350 millones de euros para la financiación de programas estatales de formación dirigidos de forma prioritaria a personas ocupadas. Esta partida presupuestaria, que se distribuirá durante los tres próximos años, estará destinada a aquellas entidades de formación públicas y privadas, o agrupaciones de las mismas, que se dediquen a la formación presencial o a distancia en al menos dos comunidades autónomas.

    La aprobación de esta convocatoria era una de las principales demandas que el sector había planteado al Gobierno. Durante los años más duros de la crisis, casi 5 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, no pudieron actualizar sus competencias ante la ausencia de inversión pública, un derecho individual reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y ante el cual la Constitución confiere responsabilidad a los poderes públicos.

    En opinión de las principales organizaciones representativas, la recuperación de los niveles de empleo previos a la crisis y, especialmente, la adecuación de la formación de los trabajadores a las nuevas demandas que el rápido cambio tecnológico exige al mercado laboral pasan por asegurar la sostenibilidad financiera de un sector formado por 15.000 empresas, pymes en su gran mayoría, y que da trabajo a 150.000 personas.

    Frente al carácter anual y recurrente que las convocatorias tenían hasta 2014, la última databa de septiembre de 2016, siendo además objeto de importantes retrasos tanto en la fase de instrucción como en la de ejecución. Además de la incapacidad para planificar inversiones en el medio plazo dada la inseguridad jurídica y la falta de periodicidad, el consiguiente retraso en los pagos (de hasta 550 días de media), sumado a la necesidad de mantener los costes de personal y estructura mínimos, había sumido al sector en una situación financiera crítica, como las principales organizaciones representativas venían denunciando reiteradamente.

    La convocatoria de 2018 proporciona confianza a las organizaciones en que sus demandas adicionales de un cambio de modelo encuentren un eco adecuado en el Gobierno. Estas se muestran especialmente interesadas en que el correspondiente periodo de instrucción de esta convocatoria no supere los seis meses marcados por ley y que, a pesar del contexto de incertidumbre política en nuestro país, el Gobierno resuelva con diligencia y eficacia un compromiso del que depende el reciclaje profesional de muchos trabajadores.

    Más allá de paliar la crítica situación financiera a la que la inseguridad jurídica, la excesiva carga burocrática y falta de ejecución de la financiación pública les aboca, las organizaciones abogan también por un cambio sustancial que transforme el actual modelo subvencional, en el que las entidades de formación concurren competitivamente a las convocatorias de financiación estatales en un modelo más estable y más adaptado tanto a los centros como a los destinatarios de la formación. En opinión de las principales organizaciones representativas, ello situaría al sector en una posición ideal para garantizar la empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la creación de riqueza para la sociedad durante las próximas décadas.

     

    Acerca de AEGEF, ANCED y CECAP

    AEGEF es una asociación de grandes empresas de formación de ámbito estatal, con una larga experiencia ofreciendo todo tipo de servicios relacionados con la formación, tanto a organizaciones como a particulares. ANCED es la principal organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia. CECAP es la organización empresarial más representativa del sector de la formación en España, con centros asociados en todas las Comunidades Autónomas dedicados a impartir enseñanza y formación no reglada.

  • La financiación de programas de formación estatales dirigidos a ocupados satisface una de las principales demandas del sector

    Madrid, 7 de marzo de 2019

    • Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de Formación para el Empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) se felicitan ante los recientes avances producidos con la publicación de la convocatoria de subvenciones para programas de formación correspondiente a 2018.
    • El presupuesto plurianual de 350 millones permitirá capacitar en competencias específicas y transversales a personas ocupadas y desempleadas, aliviando la comprometida situación financiera del sector.
    • El sector de la Formación para el Empleo, formado por 15.000 empresas, es crítico para garantizar la empleabilidad, la competitividad y la creación de riqueza en un contexto de cambio tecnológico acelerado.
    • Transformar el actual modelo subvencional en otro que sea capaz de identificar las necesidades formativas, evaluar su impacto y que compatibilice la concurrencia privada y la gratuidad de la oferta, principal demanda a futuro del sector.

     

    aegef anced cecap

    Las organizaciones de las empresas prestadoras de servicios de formación para el empleo (AEGEF, ANCED y CECAP) muestran su satisfacción ante los avances registrados gracias a la reciente convocatoria para la concesión de subvenciones para la ejecución de programas de formación estatales dirigidos a personas ocupadas. La convocatoria, publicada en enero y correspondiente a 2018, ha cerrado el 7 de marzo el plazo para la presentación de solicitudes. Se cumple así una de las principales demandas formuladas en los últimos años por el sector, que permitirá capacitar en nuevas competencias profesionales a la población ocupada, contribuyendo así al necesario ajuste entre las necesidades de un mercado laboral en profunda mutación y las habilidades de la población activa.

    La convocatoria, que fue aprobada en una resolución del SEPE el pasado 17 de enero, contempla un presupuesto de 350 millones de euros para la financiación de programas estatales de formación dirigidos de forma prioritaria a personas ocupadas. Esta partida presupuestaria, que se distribuirá durante los tres próximos años, estará destinada a aquellas entidades de formación públicas y privadas, o agrupaciones de las mismas, que se dediquen a la formación presencial o a distancia en al menos dos comunidades autónomas.

    La aprobación de esta convocatoria era una de las principales demandas que el sector había planteado al Gobierno. Durante los años más duros de la crisis, casi 5 millones de trabajadores, ocupados o desempleados, no pudieron actualizar sus competencias ante la ausencia de inversión pública, un derecho individual reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y ante el cual la Constitución confiere responsabilidad a los poderes públicos.

    En opinión de las principales organizaciones representativas, la recuperación de los niveles de empleo previos a la crisis y, especialmente, la adecuación de la formación de los trabajadores a las nuevas demandas que el rápido cambio tecnológico exige al mercado laboral pasan por asegurar la sostenibilidad financiera de un sector formado por 15.000 empresas, pymes en su gran mayoría, y que da trabajo a 150.000 personas.

    Frente al carácter anual y recurrente que las convocatorias tenían hasta 2014, la última databa de septiembre de 2016, siendo además objeto de importantes retrasos tanto en la fase de instrucción como en la de ejecución. Además de la incapacidad para planificar inversiones en el medio plazo dada la inseguridad jurídica y la falta de periodicidad, el consiguiente retraso en los pagos (de hasta 550 días de media), sumado a la necesidad de mantener los costes de personal y estructura mínimos, había sumido al sector en una situación financiera crítica, como las principales organizaciones representativas venían denunciando reiteradamente.

    La convocatoria de 2018 proporciona confianza a las organizaciones en que sus demandas adicionales de un cambio de modelo encuentren un eco adecuado en el Gobierno. Estas se muestran especialmente interesadas en que el correspondiente periodo de instrucción de esta convocatoria no supere los seis meses marcados por ley y que, a pesar del contexto de incertidumbre política en nuestro país, el Gobierno resuelva con diligencia y eficacia un compromiso del que depende el reciclaje profesional de muchos trabajadores.

    Más allá de paliar la crítica situación financiera a la que la inseguridad jurídica, la excesiva carga burocrática y falta de ejecución de la financiación pública les aboca, las organizaciones abogan también por un cambio sustancial que transforme el actual modelo subvencional, en el que las entidades de formación concurren competitivamente a las convocatorias de financiación estatales en un modelo más estable y más adaptado tanto a los centros como a los destinatarios de la formación. En opinión de las principales organizaciones representativas, ello situaría al sector en una posición ideal para garantizar la empleabilidad de los trabajadores, la competitividad de las empresas y la creación de riqueza para la sociedad durante las próximas décadas.

     

    Acerca de AEGEF, ANCED y CECAP

    AEGEF es una asociación de grandes empresas de formación de ámbito estatal, con una larga experiencia ofreciendo todo tipo de servicios relacionados con la formación, tanto a organizaciones como a particulares. ANCED es la principal organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros privados más importantes de enseñanza e-learning y distancia. CECAP es la organización empresarial más representativa del sector de la formación en España, con centros asociados en todas las Comunidades Autónomas dedicados a impartir enseñanza y formación no reglada.

  • Aula de formación de trabajadores

    Se ha publicado la convocatoria estatal para la concesión de subvenciones públicas para planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados, a ejecutar en 2016 y 2017. Esta convocatoria estatal es la primera que se realiza desde la aprobación de la Ley 30/2015, de 9 septiembre de 2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral.

    Para su financiación se destinan 250 millones de euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2016 y 2017. De estos, se destinan 216 millones de euros a planes de formación sectoriales, 22 millones a planes de formación intersectoriales, 6 millones a planes de formación específicos de la economía social y 6 millones para planes de formación dirigidos a trabajadores autónomos.

    Esta es la primera convocatoria estatal de subvenciones para la formación de trabajadores ocupados abierta totalmente a la concurrencia competitiva entre entidades de formación. Podrán solicitar subvención todas las entidades de formación, públicas o privadas, que cumplan los requisitos de constitución y medios establecidos en la convocatoria, así como los requisitos de acreditación o inscripción en el Registro correspondiente de entidades de formación.

    Esta convocatoria tiene un carácter transitorio, a la espera del desarrollo reglamentario del nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo que instaura la la Ley 30/2015.

    En un reciente post del blog de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo se explican las principales novedades de esta convocatoria de formación.

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    faqs fundaeEl SEPE está notificando a las empresas de forma electrónica el resultado de la comprobación de las bonificaciones aplicadas relativas a los ejercicios 2016 y 2017 y a las resoluciones de las Convocatorias de los ejercicios 2018 y 2019.

    A fecha de hoy se están enviando las notificaciones electrónicas relativas a la comprobación de diferencias detectadas en las bonificaciones por cuotas de formación profesional para el empleo de la iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores y de los permisos individuales de formación, efectuadas en los boletines de cotización a la Seguridad Social, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.

    Más información en FUNDAE

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    faqs fundaeDe acuerdo con lo indicado en el artículo 41 de la Ley 39/2015, las notificaciones se realizaran preferentemente por medios electrónicos cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Obligatorias para todas las personas jurídicas.

    Se van a emitir para la iniciativa de formación programada por las empresas para sus trabajadores, de los ejercicios 2016 y 2017.

    El acceso a las notificaciones electrónicas del SEPE Estatal, se realizará mediante comparecencia en su sede electrónica. El acceso deberá realizarse por el representante legal o la persona debidamente acreditada mediante certificado digital a través del enlace: https://sede.sepe.gob.es/portalSede/flows/inicio.

    El aviso a la empresa de la notificación electrónica se hará a través de un correo electrónico a la dirección comunicada en el apartado de “domicilio a efectos de notificaciones” dentro del aplicativo de FUNDAE para la comunicación de las acciones formativas. La falta de este aviso no impedirá que la notificación sea plenamente válida.

    El plazo para acceder al contenido será de 10 días naturales, contados a partir de la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica. (Artículo 43 de la Ley 39/2018). Transcurridos los 10 días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada.

    En los casos que hayan transcurridos los 10 días naturales de plazo para su descarga y caducado la notificación, el SEPE lo comunicará a la ITSS para la apertura de las actas de liquidación.

    faqs notificaciones

  • seguimientoEl SEPE ha publicado el documento Instrucciones sobre seguimiento y control de acciones de formación programada por las empresas y permisos individuales de formación.

    Estas instrucciones tienen por objeto establecer el procedimiento y los criterios a seguir en la realización de las actividades de comprobación, seguimiento y control de las acciones formativas en la iniciativa de formación programada por las empresas y de los permisos individuales de Formación (PIF), en el ámbito de gestión del SEPE para el ejercicio 2019 y siguientes, de acuerdo a la legislación vigente. 

    Según el artículo 24 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre y el artículo 10 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, se entiende por Administración Pública competente, a efectos del seguimiento, control y evaluación de la formación programada por las empresas, cada comunidad autónoma respecto de las empresas que tengan todos sus centros de trabajo en el ámbito territorial de aquella, y el Servicio Público de Empleo Estatal respecto de las empresas con centros de trabajo en más de una comunidad autónoma.

    No obstante lo anterior, según señala la disposición transitoria cuarta de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, hasta que no se suscriba entre el SEPE y las comunidades autónomas el correspondiente convenio sobre el intercambio de la información necesaria para el seguimiento y control de la iniciativa de formación programada por las empresas y de los permisos individuales de formación, el SEPE también realizará el seguimiento y control de las acciones formativas programadas por las empresas con centros de trabajo radicados en el ámbito de una misma comunidad autónoma.

    En la actualidad solamente se ha suscrito el Convenio de Colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal con la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre intercambio de información, en fecha 11 de octubre de 2017, publicado en el BOE el 22 de noviembre de 2017, mediante Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio.

    En consecuencia, salvo en la Comunidad Autónoma del País Vasco, es competencia del SEPE realizar el seguimiento y control de las iniciativas de formación señaladas, respecto de todas las empresas con independencia de donde radiquen sus centros de trabajo. En relación con el País Vasco, la competencia sería del SEPE únicamente cuando las empresas tengan centros de trabajo radicados en su ámbito territorial y fuera del mismo.

    Las actuaciones de seguimiento y control de la iniciativa de formación programada por las empresas y permisos individuales de formación, se llevaran a cabo por el SEPE con el apoyo técnico de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), en el marco del plan de seguimiento y control elaborado por este Organismo para cada ejercicio, dentro de su ámbito competencial, como elemento esencial para garantizar un seguimiento y control integral y la coordinación entre todas las unidades que participan en el proceso.

    Instrucciones sobre seguimiento y control de acciones de formación programada por las empresas y permisos individuales de formación Instrucciones sobre seguimiento y control de acciones de formación programada por las empresas y permisos individuales de formación.
  • bono formacionLa Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el Bono Formación, un novedoso modelo que permitirá a las personas en situación de desempleo de la región elegir el centro de formación que deseen para obtener certificados de profesionalidad y formarse para lograr un empleo, así como el momento de recibir la formación. De esta manera, la Comunidad de Madrid se convierte en la primera región de España en desarrollar esta iniciativa.

    “Se trata de un nuevo modelo para impartir formación orientada al empleo que apuesta por la calidad, la eficacia y el control”, ha resaltado el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, durante la visita que ha realizado a la Oficina Pública de Empleo del distrito de Usera (Madrid), donde ya se está desarrollando el sistema del Bono Formación.

    Rollán ha subrayado que, con la puesta en marcha de esta iniciativa, “tenemos el firme compromiso de mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de las personas en situación de desempleo”. El Bono Formación es una de las 70 medidas incluidas en la Estrategia Madrid por el Empleo, fruto del diálogo entre el Gobierno regional y los agentes sociales. Los beneficiarios de este Bono Formación son los trabajadores desempleados residentes en la Comunidad de Madrid e inscritos en la red de oficinas de empleo. Las acciones formativas a través de este Bono serán totalmente gratuitas para los alumnos.

    72 centros formativos adheridos

    “Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros para los dos próximos años, que permitirá formar a casi 2.000 personas, las cuales podrán acceder a 19 certificados de profesionalidad cursando la formación en los 72 centros formativos adheridos a través de un Acuerdo Marco que garantiza los requisitos técnicos y de calidad establecidos por la Administración”, ha detallado el presidente regional en funciones.

    Aunque su implantación se hará de forma progresiva, las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid podrán, a partir de hoy, suministrar este Bono a los desempleados a través de un proyecto piloto centrado en una familia profesional de tanta proyección como ‘Comercio y Marketing’, incluyendo desde la compraventa hasta la logística comercial o gestión del transporte. Con posterioridad se introducirán otras familias y certificados hasta completar la oferta formativa.

    Más información en la Comunidad de Madrid

  • Valeriano Gómez, exministro de Trabajo: “El sector de la formación para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías”

    • El informe analiza la situación del sistema y aporta un cuadro de propuestas de desarrollo normativo para avanzar hacia un modelo de formación para el empleo de calidad y que mejore la empleabilidad en España.
    • Las organizaciones más representativas (AEGEF, ANCED, CECAP) reivindican una mayor seguridad jurídica en el desarrollo normativo de la legislación vigente para garantizar y promover una oferta formativa de calidad.
    • Al acto de presentación han acudido un centenar de personas del entorno político, institucional, sindical y empresarial.

    Madrid, 17 de enero de 2018.  El exministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha manifestado hoy que el sector de la formación precisa de una estrecha y fuerte colaboración de los poderes públicos para el empleo requiere de estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    La formación para el empleo en España

    El extitular de la cartera de Trabajo durante los años 2010 y 2011 ha realizado estas declaraciones en la presentación del informe que ha elaborado, bajo el título de “La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado”, en colaboración con las organizaciones más representativas del sector (AEGEF, ANCED, CECAP).

    El informe recoge un análisis detallado sobre la situación del actual sistema de formación para el empleo en España desde la perspectiva del conjunto de empresas que conforma el sector prestador de este tipo de servicios para trabajadores en España. Tras la reforma legislativa que ha supuesto la Ley 30/2015 y el Real Decreto posterior, estas organizaciones, que representan a más de 15.000 empresas y 150.000 puestos de trabajo directos, reivindican al Gobierno un desarrollo normativo que garantice la seguridad jurídica y mejore la planificación con el fin de promover una oferta formativa de calidad que mejore la empleabilidad en España.

    En este sentido, el informe, que ha sido remitido a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por parte de su autor, incluye un cuadro de propuestas para acometer el desarrollo de las órdenes ministeriales que permita avanzar hacia un modelo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado.

    Para Valeriano Gómez esta ley es “buena y despierta buenas expectativas en todos los actores”, pero requiere de una “estrecha y fuerte colaboración” entre el sector de la formación y los poderes públicos para afrontar juntos los retos actuales. El exministro ha demandado también a estos poderes públicos que ofrezcan a las empresas de formación estabilidad política, financiera y jurídica para desarrollar su actividad con plenas garantías.

    Gómez ha asegurado que en numerosas ocasiones “hemos sido tan exigentes desde el ámbito de los poderes públicos que en la práctica dificultamos la propia acción de estos servicios de formación profesional”. Y ha aseverado que “esto es algo que debemos solventar porque no hay un sistema alternativo o, por lo menos, los poderes públicos no tienen un sistema alternativo”. La solución para Gómez pasa por una formación para el empleo consolidada que avance hacia un sistema de gestión de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado, sometido a todos los controles que sean necesarios, siempre y cuando ese control no se realice acosta de dificultar su propia actividad.

    El exministro asegura que las consecuencias de estos controles han dejado unos resultados, recogidos en este informe, de “caída espectacular” en el ámbito de la formación de oferta y en el segmento de las medianas y pequeñas empresas.

    Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación (AEGEF), Juan Antonio Sánchez, ha destacado en su intervención que “mejorar el empleo, su calidad y la empleabilidad, sigue siendo uno de los principales retos que tenemos que abordar entre todos, tanto la Administración Pública como las empresas y los trabajadores”. Por ello, ha reivindicado que el sector al que representa “debe ejercer un papel clave como fiel aliado de la Administración y de los agentes sociales” al ser “eslabón que conecta a empresas y trabajadores, lo que da lugar a un mejor conocimiento de sus necesidades formativas”.

    En este sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia (ANCED), Jorge Azcárate, ha destacado la creación de la Plataforma de Asociaciones de Formación con el fin de convertirse en “interlocutores válidos” ante los legisladores, agentes sociales y Administración para poder así colaborar con ellos en aquellos cambios normativos encaminados a mejorar la formación para el empleo. Y  les ha emplazado a “trabajar unidos para alcanzar el objetivo más importante que tiene nuestro sector, que es la formación de personas, pilar básico en cualquier economía desarrollada, y que sirva de ayuda para la incorporación al mercado laboral”.

    Para el presidente de la Confederación Española de Empresas de Formación (CECAP), Pedro Rey, la apuesta por la Administración por la Ley 30/2015 supuso un hito importante ya que posibilitaba la entrada de los centros y entidades de formación en régimen de concurrencia competitiva en el sistema. Para Rey, es imprescindible el desarrollo de los distintos instrumentos que recoge esta ley (escenario plurianual, planificación estratégica, fórmulas alternativas a la subvención, nuevas Estructuras Paritarias, financiación, creación de un sistema integrado de información, Catálogo de Especialidades Formativas coordinado y único, etc.). Todas estas propuestas aportarán según Pedro Rey, calidad y eficiencia al sistema y medir el impacto y alcance de la formación en términos de competitividad y profesionalización.

    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP
    Presentación del informe "La Formación para el Empleo en España: propuestas para consolidar un sistema de formación para el empleo de calidad, eficiente, competitivo y profesionalizado" por Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración en colaboración con ANCED, AEGEF y CECAP